El Grupo Parlamentario Comunista presenta una proposición de ley de aborto

El secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Santiago Carrillo, presentó ayer, en nombre del Grupo Parlamentario Comunista, una proposición de ley de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo. Carrillo, consciente de que las matemáticas parlamentarias no ofrecen, hoy por hoy, ninguna garantía de que dicha proposición llegue a tramitarse, manifestó en una conferencia de Prensa que «al menos servirá para concienciar al pueblo español de que la regulación del aborto es necesaria en un país como España, que pretende ser moderno e integrarse en Europa».

La proposición de ley comunista presenta las siguientes características: se ha elegido el sistema de los plazos (es decir, la posibilidad de abortar durante los tres primeros meses de embarazo), frente al de las indicaciones, tal y como propone el PSOE, por entender que en este último sistema la decisión última del aborto corresponde siempre a un tercero, y no a la libre voluntad de la mujer. El aborto por indicaciones significa que su realización depende de causas médicas (cuando peligra la vida de la madre), eugenésicas (malformaciones genéticas del feto), éticas (cuando el embarazo se produce a consecuencia de violación, incesto o estupro), y, finalmente, causas sociales, mucho más amplias de contenido, ya que en ellas se alega la situación concreta, social y económica, que induce a la mujer a recurrir al aborto.Asimismo, el proyecto comunista fija en dieciséis años la edad de la mujer para solicitar el aborto, y respeta la objeción de conciencia de los médicos, aunque garantiza que ninguna mujer dejará de abortar en la Seguridad Social mediante la obligación de mantener en las plantillas de los hospitales a personal sanitario suficiente que no alegue problemas de conciencia a la hora de practicar un aborto.

Santiago Carrillo, en la citada conferencia de Prensa, celebrada ayer en el Congreso de los Diputados, manifestó que la regulación del aborto evitaría el riesgo físico que corren las mujeres que abortan clandestinamente, terminaría con la farsa social que implica que sólo puedan abortar sin ser delito, en el extranjero, las mujeres de una clase social acomodada y se pondría fin además a «ese negocio tan rentable, vergonzante y mafioso, que muchos tienen montado para explotar la dramática situación de las mujeres obligadas a recurrir al aborto».

«Parece como si la sociedad española se avergonzara de tener que celebrar juicios como el de Bilbao y el de Sevilla en los tiempos actuales», manifestó el secretario general del PCE. Para Carrillo, esta proposición de ley «no regula algo que pueda pasar, sino algo que existe ya en la sociedad española», y citó el informe elaborado en 1974 por el fiscal del Tribunal Supremo, en el que se daba la cifra de 300.000 mujeres españolas que abortaban cada año. «Si en 1974 eran 300.000», dijo, «es muy probable que en la actualidad este número sobrepase el medio millón».

"Fariseos antiabortistas"

Y añadió Carrillo: «Si investigáramos un poco en las vidas y en las historias personales de todos esos fariseos que se oponen al aborto, es muy probable que encontráramos alguna relación directa o indirecta con el problema del aborto». El dirigente comunista, que se mostró convencido de que si en España se realizara una buena campaña de información en la televisión y los restantes medios informativos sobre el aborto, y a continuación se sometiera el tema al referéndum, éste «se ganaría, como ha ocurrido en Italia», manifestó que la necesidad de la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo está justificada «porque la maternidad debe ser un acto libre.

Sólo así se puede lograr una cierta normalidad y armonía en las familias, con hijos todos ellos deseados, y sólo así se diferencia el hombre de los animales, ya que éstos se reproducen por instinto. sin planificación».

Finalmente, Carrillo reconoció que este tema le podía costar al PCE la pérdida de votos, «pero no es una cuestión electoral, sino de principios», afirmó.