Los socialistas proponen la creación de más de un millón de puestos escolares

La creación de 1.195.000 puestos escolares, con un coste total de 177.250 millones de pesetas, es el programa de actuación económica del Estado en el campo educativo para los dos próximos años, propuesto por el PSOE, entre las conclusiones de un seminario sobre financiación de la enseñanza, que las secretarías federales de política sectorial y estudios y programas del PSOE celebraron en Madrid durante el pasado fin de semana.

Javier Solana, autor de una ponencia sobre Financiación de la enseñanza en el marco de la estrategia económica del PSOE, expuso las líneas detalladas de este programa, cuya financiación correría a cargo del sector público, «mediante un esfuerzo soportable si se profundiza en la reforma fiscal».La filosofía socialista sobre el tema de la financiación de la enseñanza se fundamenta en la convicción de que en los momentos de crisis actuales el sacrificio de los trabajadores de limitar sus reivindicaciones salariales sólo tiene sentido si como contrapartida se produce un incremento y racionalización del gasto público tendente a ampliar el grado de cobertura de bienes y servicios prioritarios, cual es el caso de la educación.

En este contexto se sitúa la exigencia de un incremento del gasto público en educación y la elaboración de un Plan General de Educación, en el que se tengan en cuenta los desequilibrios sociales y regionales y se articulen programas de educación compensadora para los sectores sociales de más bajo nivel de renta.

Siete son los objetivos prioritarios del programa que el PSOE propone para el período que va hasta el final de 1983: «Extensión de la cobertura de la demanda de educación preescolar; erradicación de los déficit en EGB y extensión de la gratuidad a las enseñanzas y servicios complementarios en este nivel; escolarización total hasta los dieciséis años; duplicación de la actual oferta de los puestos del sector público en la educación especial; incremento de la oferta en educación permanente, en colaboración con diputaciones y ayuntamientos; medidas de mejora de la calidad y democratización y descentralización de la gestión, ampliando la autonomía y capacidad de decisión de los centros de gestión económica».

Por lo que respecta al estudio de la estructura de los costes de la enseñanza, tanto en el sector público como en el privado, el seminario llegó a la conclusión de que, «teniendo en cuenta los métodos imperfectos que se utilizan para su cálculo, en realidad nadie sabe con exactitud los costes».

La enseñanza privada, más cara

El documento de conclusiones constata la existencia de zonas donde la enseñanza privada es más cara que la pública, y a la inversa, «aunque existen indicios de que en general la privada pudiera ser más cara». En todo caso, el PSOE rechaza «las manipulaciones de datos que frecuentemente publica cierta Prensa, ya que pretenden colocar el debate sobre la enseñanza en un plano irreal y tendencioso». El estudio de costes, en opinión de los expertos socialistas, tiene valor básicamente a efectos de programar la enseñanza; pero, desde la perspectiva de fondo, «lo que interesa saber es si el centro reúne los requisitos que avalen la concesión de subvenciones: cobertura de necesidades sociales objetivas, participación de la comunidad escolar, idoneidad de medios e instalaciones, etcétera».En otro orden de cosas, el PSOE reitera sus conocidas tesis sobre el actual sistema de subvenciones «Incontroladas e indiscriminadas», que el principal partido de la oposición considera «Inaceptable, no sólo por lo negativo de su experimentación en los últimos nueve años, sino, sobre todo, porque mantiene los rasgos discriminatorios del sistema actual e impide una mejora sustancial de las condiciones laborales del profesorado, sometido a decisiones discrecionales, como consecuencia de la inexistencia del pago directo de sus retribuciones de origen presupuestario».

Con independencia de la conocida posición socialista en torno al proyecto de ley de financiación de la enseñanza obligatoria, el seminario ha recordado el sistema de convenios o conciertos entre el Estado y los centros privados, que ya se contemplaba en la ley General de Educación, y que el PSOE considera «más adecuado para el desarrollo progresivo del artículo 27 de la Constitución».

Se pone de relieve, por otra parte, que la transición democrática ha contemplado el mavor crecimiento de las subvenciones, hasta tal punto que en 1977 se observa un crecimiento del 14,53 %sobre el presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia, y ello sin tener en cuenta la existencia de otras fuentes de apoyo al sector privado, como préstamos a la construcción.

El proyecto de ley de financiación de la enseñanza obligatoria, a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los aspectos contemplados en el Estatuto de Centros Docentes respecto del control ele los centros subvencionados con. fondos públicos, sólo sería asumible por el PSOE en el caso de que se acepten determinados requisitos.

Tales requisitos comportan el que los centros que hayan de recibir ayudas públicas cubran necesidades objetivas de escolarización y se atengan a una planificación y programacíón de la enseñanza, de acuerdo con un orden de prioridades. Finalmente, la futura ley debería regular «la participación efectiva de la comunidad escolar en el control y la gestión».