El ministro de Justicia garantiza que no se producirán "atascos" en las demandas de divorcio

El ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, anunció ayer, durante su intervención en el primer día del Pleno del Senado, sobre el proyecto de ley de Divorcio, que durante el mes de agosto van a ser creados treinta nuevos juzgados en toda España, y especializados en demandas de separación un buen número de jueces, a criterio del Consejo General del Poder Judicial, para acoger las numerosas peticiones de divorcio que se presume serán presentadas en las grandes ciudades.

Según declaró a EL PAIS el ministro de Justicia, se trata de una primera medida provisional para poder atender la avalancha de peticiones de divorcio, estimadas en 500.000, aunque a partir del mes de octubre, y una vez aprobado el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial, comenzarán a funcionar ya los tribunales de familia. Este ha sido el resultado de las numerosas conversaciones mantenidas en los últimos días entre representantes del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial, con el fin de que las demandas de separación que los españoles comenzarán a tramitar a primeros de septiembre (ya que durante el mes de agosto hay vacaciones judiciales) no se atasquen en los juzgados por falta de personal cualificado para atenderlas.«Que nadie se preocupe por si su causa se pierde en uno de los cajones de los juzgados», manifestó Fernández Ordóñez: «Esto no va a suceder, porque ya se ha adecuado la estructura judicial a los efectos que va a tener la ley de Divorcio entre la población. No va a haber reparto de causas, sino que estas serán asignadas a jueces cualificados. Y, aunque se acumulara el trabajo», añadió, «nadie tiene por qué estar intranquilo, ya que la ley establece que transcurrido un año desde la petición de separación, pasa a tramitarse automáticamente el divorcio, independientemente de que haya habido o no sentencia judicial».

Se resuelve así, al menos parcialmente, el problema más importante que se planteaba inmediatamente después de la aprobación de la ley, prevista para la primera quincena de julio.

El Pleno del Senado aprobó ayer, sin modificaciones sustanciales, los primeros sesenta artículos del proyecto de ley.

Antes de someterse a votación cada uno de los artículos, los representantes de los distintos grupos parlamentarios hicieron una explicación de la misma, y todos a excepción del senador Carlos. Pinilla, de Alianza Popular-, se mostraron favorables a la ley, en términos generales.

Entre ellas, cabe destacar la del senador del grupo de Cataluña Democracia y Socialismo Andreu i Abelló, ya que, entre otras cosas, dijo: «Espero que los diputados no hagan caso de las enmiendas introducidas aquí en el Senado, por lo restrictivas que son», y añadió: «Hago votos desde aquí para que salga adelante una ley más justa que esta que nos obligan a aprobar».

También aludió al. tema de las anulaciones matrimoniales eclesiásticas: «Todos los casos que conozco de parejas anuladas por la Iglesia y vueltas a casar son gente de mucho dinero. Los pobres se aguantan». Especial hilaridad provocó una alusión suya a determinada familia, «muy conocida en este país y con mucho poder durante cuarenta años, que impusieron por obligación el matrimonio indisoluble, y que ahora dos de las nietas viven separadas y tan campantes, y eso que la tal familia era tan católica que hasta se decía que hablaban con Dios». «Y no hablemos ya», concluyó, «de los muchos sacerdotes que hay que han jurado indisolubilidad eterna con Dios y luego se han casado y han tenido hijos». Hace pocos días leí en el periódico que el párroco de un pueblo finalizó la misa diciendo: "Me despido de los feligreses, ya que mañana dejo de ser cura porque voy a ser padre". Estas cosas sólo pueden pasar en España».

El ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, quien dijo estar muy cansado y con algunas heridas de todo el proceso político derivado de la ley de Divorcio, dijo que ésta era necesaria por la propia libertad individual: «En nombre de la libertad que, en primer lugar, permite sencillamente no utilizarla; en nombre de la libertad que impide discriminar por creencias religiosas; en nombre de la libertad que no justifica la convivencia forzosa de dos personas y la condena a una amargura sin esperanza, y, porúltimo, en nombre de la propia libertad de la mujer, para quien esta ley es el anuncio de una idea de dignidad y de emancipación».

«El texto que discute esta Cámara», finalizó, «no hace sino reconocer modestamente un mínimo social, un mínimo de modernización legal en un país donde la familia de hecho, la libertad sexual y la generalización de la convivencia libre han desbordado como un torrente los cauces de las viejas leyes. Hoy no anticipamos nada, sino que reconocemos lealmente que no es la vida la que está al servicio de las normas, sino las normas las que deben estar al servicio de la vida. Esta ley es tan sólo una victoria de la realidad, porque la realidad al final acaba teniendo razón».