La confederación empresarial exigirá responsabilidades a los ministros de Economía y Trabajo

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) exigirá responsabilidades a los miembros del Gobierno que han asumido el compromiso sobre financiación vía Presupuestos Generales a los sindicatos y tratará de anular «ese acuerdo secreto», según manifestó ayer José María Cuevas, secretario general de la cúpula patronal en el transcurso de una conferencia de Prensa, añadiendo que -aunque el tema habrá de ser tratado el próximo martes por los órganos ejecutivos de la CEOE-, no se descartan acciones de derecho y presión pública para lograrlo.

Cuevas, que calificó de «triste y lamentable» el acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos -«entre algunos miembros del Gobierno», matizó, «porque otros me han asegurado que esto no se ha tratado en Consejo de Ministros»-, dijo que la CEOE nunca se ha negado a discutir el tema del patrimonio, como lo demostraba el hecho de que en el documento aportado por la patronal a las negociaciones sobre empleo se recogían estos aspectos.Con una prodigalidad respecto al contenido de las negociaciones que contrastaba notablemente con el sigilo con que se han llevado las mismas, el secretario general de la CEOE leyó una selección de párrafos de los primeros documentos aportados por Unión General de Trabajadores (UGT) que conducían a la demostración de que el tema había sido sacado de la mesa de negociaciones en contra de la opinión de la CEOE.

En opinión de Cuevas, el compromiso adquirido por el Gobierno respecto a las subvenciones sindicales supone «una grave responsabilidad por parte de los miembros del Gobierno que los han asumido» y «es de hecho un compromiso irregular sobre bienes del Estado. Ni las patronales ni los sindicatos», dijo en otro momento, «pueden ser financiados con caudales públicos». Agregando que los sindicatos que buscan esta vía «son verticalistas».

Negó que la CEOE tuviera conocimiento previo del pacto entre Gobierno y sindicatos, y se lamentó de que «ningún ministro haya llamado para confirmarnos los términos del acuerdo».

En todo momento rechazó la posibilidad de que la CEOE tuviera conocimiento del posible compromiso bilateral Gobierno-sindicatos y afirmó rotundamente que la «CEOE nunca hubiera drmado un acuerdo como el firmado por las otras partes».

Las declaraciones de José María Cuevas chocan frontalmente con las recogidas por EL PAIS en medios sindicales, que aseguran que las negociaciones sobre el patrimonio se habían venido realizando con anterioridad a la firma del acuerdo sobre empleo, aunque su firma se realizara con posterioridad al mismo. Las citadas fuentes aseguraron que «antes de la reunión en la Moncloa ya se había tratado el tema del patrimonio con Jesús Sancho Rof. ministro de Trabajo, y se creó una subcomisión para estudiarlo, planteándose que «el tema del patrimonio no era permutable por empleo».

Por otra parte, y mientras José María Cuevas mantenía la conferencia de Prensa citada, los miembros de la ejecutiva de UGT José María Zufiaur y José Luis Corcuera aseguraban también en conferencia de Prensa, que los acuerdos sobre el patrimonio nada tenían que ver con lo pactado sobre empleo y que «no había sido una contrapartida al mismo. De ser así, se hubiera hecho de otra forma», agregaron, «y no consignándolo en los Presupuestos Generales,En este mismo sentido se pronuncia una nota hecha pública ayer por la Comisión Ejecutiva de UGT, en la que se indica que precisamente el acuerdo fue suscrito con posterioridad a la firma del pacto sobre empleo «para evitar cualquier posible malinterpretación sobre el condicionamiento de ambos temas».

Tras señalar que «siempre ha sido cuestión de principio para los sindicalistas el no negociar conjuntamente con los empresarios la devolución del patrimonio sindical», señala que «la UGT considera que el Acuerdo Nacional sobre Empleo ha despertado expectativas y esperanzas positivas para nuestro país, que sería muy negativo malograr por posiciones estrechas o cerradas de miras».

Contenido del acuerdo

Según el texto al que ha tenido acceso Efe, la Administración facilitará a la firma del acuerdo un inventario de los inmuebles vacantes del patrimonio sindical. Y en el plazo de un mes, la AISS negociará con las organizaciones firmantes del acuerdo nacional sobre empleo.Al mismo tiempo se indica que en los proyectos de Presupuestos Generales del Estado para cada uno de los años de 1982. 1983 y 1984 se consignará una partida de ochocientos millones de pesetas en concepto de subvención a la consolidación sindical, en pesetas de 1982.

El Patrimonio Sindical cuenta con 710 inmuebles

Existen 710 inmuebles conocidos pertenecientes al patrimonio sindical acumulado, según un inventario elaborado, al parecer, en la extinguida organización sindical AISS, al que ha podido tener acceso Efe.De estos 710 inmuebles, 359 son casas sindicales construidas y quince en construcción (con fecha 1974); 125, centros de formación profesional; 147, de la Obra Sindical de Educación y Descanso, con siete en construcción (con fecha 1969), y 57, de la Obra Sindical del 18 de Julio.

Según el informe, los inmuebles están repartidos como indica el cuadro.

De la Villa: "Las cuotas sindicales son salario diferido"

«Si se aceptan las tesis de la CEOE sobre el patrimonio sindical, habrá que darles luego los hospitales», hamanifestado a la agencia Ani el catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense Luis Enrique de la Villa.«El argumento de que tienen derecho al patrimonio sindical porque han contribuido a su formación con una parte sustancial de las cuotas sindicales es inentendible y falto de rigor y seriedad», señaló Luis Enrique de la Villa, quien añadió: «Las cuotas sindicales forman parte de lo que podríamos llamar el salarlo diferido, al igual que las cuotas con las que se financia la Seguridad Social.

Igualmente, el profesor de Derecho Tributario de la Universidad Autónoma de Madrid, Bereijo, indicó a Ani que las tesis de la CEOE sobre patrimonio sindical «son muy discutibles», ya que, en su opinión, las cuotas que financiaron el patrimonio sindical constituían en realidad un impuesto sobre la nómina, por lo que era para los empresario una parte más del precio del trabajo.