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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El reglamento del Congreso y el PSA

EL DICTAMEN de la comisión del Congreso para establecer el Reglamento de la Cámara baja que sustituya al provisional, hasta ahora vigente, deberá ser aprobado en su día en el Pleno por mayoría absoluta, tal y como establece el artículo 72 de la Constitución. Será preciso, así, pues, el acuerdo de UCD con otros grupos parlamentarios para conseguir los 176 votos que, al igual que en el caso de las leyes orgánicas, son exigidos para la promulgación de esta norma.Las lagunas, rigideces y defectos del Reglamento provisional hacen necesario un nuevo mecanismo que permita un funcionamiento más ágil, eficaz y democrático del Congreso. Las experiencias de casi cuatro años de trabajos legislativos suministran materia prima suficiente para unas rectificaciones e innovaciones que se deberían haber producido, en realidad, en fecha más temprana.

Hasta el momento, el único dato que ha trascendido a la opinión pública es el proyecto de fijar condiciones rígidas e inflexibles para la formación de grupos parlamentarios, pieza básica en el funcionamiento de las Cámaras, condición para la pertenencia a la todopoderosa Junta de Portavoces y pasaporte para la intervención en los plenos de manera individualizada, y con generosos plazos para. ocupar la tribuna. La práctica, iniciada con la moción de censura de mayo de 1980, de transmitir por televisión los principales debates, costumbre que debería ser mantenida e incluso ampliada en el futuro, confiere, de añadidura, una importante dimensión electoralista y propagandista al grupo parlamentario, que puede hacer oír,su voz ante millones de ciudadanos.

Los acuerdos de la comisión establecen unos mínimos de diputados -elegidos y de proporción de los sufragios obtenidos respecto al censo nacional o de las circunscripciones provinciales que despojarían a la minoría andaluza de su derecho a mantener el grupo parlamentario que les fue concedido por UCD, en abril de 1979, como recompensa por su apoyo a Adolfo Suáriez en la votación de investidura. Aunque también desaparecerían como grupos parlamentarios independientes los socialistas vascos y los socialistas catalanes, es evidente que sólo el caso del PSA ofrece perfiles auténticamente polémicos.

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Si Alejandro Rojas Marcos eligiera el camino de la resignación, podría consolarse con la oración de que lo que UCD le dio, UCD se lo quitó. La colaboración y los entendimientos entre el PSA y el Gobierno antes de las elecciones de marzo de 1979, en la investidura de Adolfo Suárez y durante la votación de confianza de septiembre de 1980, son datos tan públicos y conocidos como los acuerdos y negociaciones actuales entre el Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo y el PSOE para reconducir el proceso autonómico y concertar otras áreas de gobierno. De otra parte, podas dudas cabe albergar acerca de que una de las prendas exigidas por los socialistas al palacio de la Moncloa para su colaboración sea el cese de los favores gubernamentales al PSA, práctica iniciada por Fernando Abril Martorell, y su desaparición como grupo parlamentario.

Sin embargo, quizá los deseos de venganza hayan cegado al PSOE en sus mandobles, y la persecución al PSA sea, paradójicamente, la única forma de que este partido, desgarrado por una feroz lucha interna, desprestigiado por la comedia del Pleno de confianza, amenazado desde la derecha por la Unidad Andaluza dé Manuel Clavero, y por la izquierda, por los disidentes radicales, recupere fuerzas y vigorice su imagen. En este país, el papel de víctima suele ser políticamente rentable. De otro lado, resulta inaceptable, aunque formalmente sea correcto, que las reglas del juego parlamentario actuales sean modificadas antes de que concluya la legislatura, sin acuerdo unánime de los congresistas, y para hacer la pascua a un solo grupo político. En este sentido,- parecería una exigencia de sentido común -y de limpieza democrática que la normativa sobre grupos parlamentarios y demás aspectos conflictivos y polémicos del nuevo Reglamento sólo entrara en vigor después de las próximas elecciones generales y con la apertura de la tercera legislatura. Lo demás, pensamos, es jugar sucio.

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