Esto no es una explicación

LA EXPLICACIÓN, por llamarla de alguna manera (solicitada en un editorial de EL PAIS del pasado sábado), que el ministro del Interior intentó hacer ayer en las Cortes de los abracadabrantes sucesos de Almería, al margen las insuficiencias concretas que atañen al esclarecimiento del caso, pone de relieve algo infinitamente más grave: la escasa capacidad del Gobierno, en los momentos actuales, para la dirección de los asuntos del orden público y la debilidad congénita que le aqueja en el buen control de las cuestiones policiales. A decir verdad, no es una cuestión específica del ministro Rosón ni de ningún otro ministro. Sus problemas son los mismos que los de sus antecesores, y serán los de su sucesor si no se emprende de manera urgente una acción del poder destinada a evitar y sancionar los abusos de autoridad en este país.Numerosos miembros de la Guardia Civil, policías nacionales y funcionarios del orden se han dirigido días atrás a este periódico recabando el apoyo de la opinión a la hora de esclarecer debidamente lo sucedido en Almería, a fin de que el error o la infamia de una minoría no arroje injustamente un descrédito más generalizado sobre los cuerpos de seguridad. No se trata aquí de abrir un proceso contra las fuerzas del orden público, sino de esclarecer un hecho concreto y juzgar a los concretos responsables. Si el Gobierno, como en el caso Arregui, como en tantos otros casos, es tan torpe que se empeña en mantener su actitud impúdica de negar la evidencia y lavarse las manos, no conseguirá otra cosa que agitar la justa indignación, popular e impedir un debate sereno y necesario sobre algo que si fue un trágico error, como ya reconoció en su día el propio ministro Rosón, no debe acumularse a errores más trágicos aún: el de suponer que la sociedad está dispuesta a comulgar con ruedas de molino y el de aparentar una firmeza que no existe. Pues no ha de existir firmeza allí donde el poder no es capaz de ejercer la autoridad entre sus propios servidores.