Políticos, militares y banqueros masones, implicados en un gigantesco escándalo en Italia

Ha estallado en Italia el mayor escándalo de la historia de la República desde la segunda guerra mundial, con la publicación, en la madrugada de ayer, de la lista de los integrantes de la logia masónica Propaganda 2, acusada de haber funcionado como una organización delictiva. Están implicadas 953 personalidades políticas, incluidos tres ministros, decenas de militares, diputados, banqueros, altos funcionarios y periodistas. Intensos rumores sobre una posible crisis gubernamental circulaban ayer en Roma.

Estos últimos días la Prensa italiana aseguró, citando a algunas fuentes judiciales, que la logia preparaba un golpe de Estado para reformar la Constitución y restringir las libertades.En la lista, que fue dada a conocer por el presidente del Consejo, el democristiano Arnaldo Forlani, figuran tres ministros (dos democristianos, Adolfo Sarti y Franco Foschi, y un socialista, Enrico Manca), veintitrés parlamentarios (incluidos el portavoz del grupo parlamentario socialista, Lelio Lagorio, y el secretario general del Partido Socialdemócrata, Pietro Longo), dos prefectos (uno de ellos, Mario Semperini, jefe de gabinete del primer ministro), ocho jefes superiores de policía, seis almirantes (incluido el actual jefe del Estado Mayor, Torrisi), seis generales de carabinieri (entre los que destaca el jefe de los servicios secretos, general Grassini, el máximo responsable de la lucha antiterrorista, general Dalla Chiesa, y siete generales de la Policía Fiscal (cuerpo militar dirigido por el general Gianinni, también implicado).

La lista menciona también a veintidós hombres de negocios, veintidós banqueros, unos veinte periodistas y dieciséis magistrados. En este último lote destaca muy especialmente Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, primer banco industrial privado italiano que acaba de adquirir parte del capital del grupo de la editorial Rizzoli, que edita el Corriere della Sera, principal diario del país. Angelo Rizzoli, propietario del grupo editorial, está también involucrado.

Cabe resaltar que sólo tres grupos políticos -radicales, comunistas y nueva izquierda- no tienen a ninguno de sus militantes en la famosa lista que el Consejo Supremo del Poder Judicial decidió entregar al presidente de la República, Sandro Pertini, y al jefe del Gobierno, Arnaldo Forlani. Este último optó por publicarla, aunque se ignora si en su totalidad, al tiempo que el jefe del Estado llamaba urgentemente a París el secretario general del Partido Socialista, Bettino Craxi, para pedirle que regresase a Italia.

Un poder oculto ligado a las altas finanzas

La logia masónica, cuyas actividades se comprometió el martes ante el Parlamento a investigar a fondo Forlani, ha sido acusada por la Magistratura de haber actuado como un poder oculto implicado en numerosos escándalos financieros y políticos. Su máximo responsable, Licio Gelli, sospechoso de vinculaciones con sectores golpistas, ha huido al extranjero.Mientras la izquierda limpia ha empezado a pedir la dimisión de todos los personajes que figuran en la lista, los observadores romanos señalan con cierta sorpresa que ninguno de los implicados ha sido procesado hasta el momento, sin duda porque la investigación sobre esta «presunta asociación de delincuentes», como la llama la Magistratura, no ha concluido.

Qué duda cabe que la publicación de la lista y de sus actividades va a traer importantes consecuencias para toda la clase política italiana. La difusión de los diarios aumentó ayer espectacularmente en toda Italia, mientras los corresponsales extranjeros comentaban que este es un país lo suficientemente paradójico como para generar un alto número de escándalos y al mismo tiempo desvelarlos. Esto pone de manifiesto el grado de democracia existente en la península.

A última hora de la tarde de ayer la dirección del Partido Comunista italiano (PCI) solicitó ya la dimisión del Gobierno Forlani, como consecuencia del escándalo masón.

El partido de Berlinguer exige un "asentamiento del Estado» y considera incapaz «al Gobierno democristiano presidido por Arnaldo Forlani de llevar a cabo tal operación», ante lo cual exigen la dimisión del Gabinete, con las consecuencias políticas propias de plantear una nueva crisis en el país.