El dictamen de los expertos

AL FIN se ha hecho público el informe sobre las autonomías encargado por el Gobierno y por el PSOE a una comisión de expertos presidida por el catedrático de Derecho Administrativo Eduardo García de Enterría e integrada en buena parte por discípulos del prestigiado profesor. Cuando fue solicitado ese dictamen no faltaron quienes expusieron su extrañeza ante el hecho de que se recurriera a profesionales privados, con la consecuente y previsible erogación del gasto público, para una tarea que, caso de considerarse imprescindible, bien hubiera podido ser cumplida por órganos o cuerpos de la Administración pública, entre cuyos funcionarios pueden encontrarse, sin duda, constitucionalistas y administrativistas también eminentes e igualmente capacitados para realizar análisis, apuntar diagnósticos y formular recomendaciones alternativas. Incluso dejando a un lado al cuerpo de letrados de las Cortes, el Centro de Estudios Constitucionales hubiera podido, tal vez, llevar a cabo ese trabajo, cuya necesidad, sin embargo, ha sido cuestionada desde diferentes perspectivas.No se trata, por supuesto, de minusvalorar las opiniones del grupo de profesores de Derecho Administrativo distinguidos por el encargo, sino de discutir la forma elegida para poner en escena sus ideas. Eduardo García de Enterría ha tenido sobradas ocasiones para exponer sus criterios en torno al Estado de las autonomías, que tanto influyeron en el pasado en el diseño elegido y potenciado por los sucesivos Gobiernos de Adolfo Suárez. Por esa razón, parece más bien una ingenua treta que los políticos simularan desconcierto y perplejidad ante los insondables problemas suscitados por el Título VIII, de cuyo nacimiento tanto ellos como sus asesores son responsables, y finjiera entregarse al veredicto de un oráculo científico, encargado de encontrar solución indiscutible a las charadas autonómicas. Probablemente se trató, en realidad, de disfrazar e invertir, ante la opinión pública, la secuencia de los acontecimientos, mucho más relacionados con la ausencia de voluntad que con la falta de sabiduría. Con el encargo del dictamen a un grupo de administrativistas elegidos a dedo, en función de su coincidencia general con centristas y socialistas en la visión de los problemas, el Gobierno y el PSOE ganaron tiempo para avanzar en su negociación bilateral y se aseguraron por anticipado la airosa salida de imputar a los expertos, arropados con el manto de una supuesta objetividad científica, la adopción de soluciones que les permitieran escapar del laberinto en el que ellos mismos se habían encerrado por su empeño en utilizar para propósitos electorales y competitivos las cuestiones autonómicas.

En este sentido, la declaración del Gobierno de que el informe de los expertos no es vinculante resulta casi cómica. Sólo faltaría que las Cortes Generales renunciaran a su potestad legislativa en favor del dictamen de unos profesores de Derecho Administrativo contratados por el Poder Ejecutivo. De otro lado, es evidente que el acuerdo previo de los dos clientes para elegir a unos expertos presumiblerriente complacientes con su! deseos no implica ni la aceptación al pie de la letra de todas y cada una de sus recomendaciones ni la renuncia a modificar las conclusiones del dictamen, en función de las presiones de las bases regionales de ambos partidos o de la negociación con las demás formaciones políticas.

La pretensión de que ese dictamen es un protocolo científico carece, por lo demás, de fundamento. Un informe de ese género no descubre relaciones o pautas de comportamiento objetivas hasta ahora ignoradas, que se traducirían en juicios de hecho, sino que sugiere la adopción de programas de actuación que descansan sobre juicios de valor y que contraponen lo que debería ser a lo que actualmente es. Ni el Estado de las autonomías es la

pulmonía atípica ni las opiniones de unos profesores de Derecho Administrativo equivalen a los descubrimientos de un biólogo.

Como propuesta política que inicia un debate también político, el dictamen de los expertos merece toda conside-, ración y respeto, máxime cuando presumiblemente sus grandes líneas coinciden con la voluntad de los dos partidos más importantes del arco parlamentario. Dado, además, que algunos de sus redactores son parcialmente responsables, como asesores de anteriores Gobiernos, del embrollo autonómico, cabe también suponer que habrán prodigado ahora la modestia, el sentido común y la prudencia de la que carecieron en ocasiones anteriores. La atenta lectura del largo dictamen y las tomas de posición adoptadas por las diferentes fuerzas políticas en el debate permitirán examinar a fondo la propuesta, que no es lanzada al sosegado ambiente de un cenáculo académico, sino arrojada al crispado y enrarecido clima de los intereses,y las pasiones políticas, donde lo único que importa es negociar acuerdos en el marco del pluralismo democrático.

No obstante, si de esta negociación de los partidos más representativos se inicia el definitivo camino político para solucionar el complejo estado autonómico diseñado en la Constitución, sea bienvenido hasta el dictamen de los expertos. Porque la salida de la estructura del Estado, consagrada en la norma fundamental de 1978, no es un problema de catedráticos de Derecho Administrativo, sino la tarea de los líderes políticos que la sociedad española votó en 1979 para que se ocuparan de estos problemas.