El Pleno del Congreso aprueba la ley orgánica de Estados de Alarma, Excepción y Sitio

El Pleno del Congreso aprobó ayer la ley orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio por 266 votos favorables, siete en contra del Partido Nacionalista Vasco y veintiuna abstenciones del Grupo Parlamentario Comunista. La aprobación es definitiva, tras la revisión del texto por el Senado. El Pleno del Congreso aceptó todas las enmiendas del Senado excepto una. Contra la opinión de la oposición se mantuvo la elevación de cinco a diez días del plazo máximo de detención. El Congreso aprobó por unanimidad el nuevo párrafo añadido por el Senado al articulo primero, según el cual la declaración de cualquiera de los tres estados no interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado.

También casi por unanimidad se aprobó eliminar la enmienda del Senado al artículo 3, según la cual la impugnación de actos de la Administración durante la vigencia de cualquiera de los estados no podría conllevar la suspensión de la ejecución de esos actos.Según explicó el socialista Félix Pons, de persistir esa frase, se desvirtuaría la posibilidad que da este artículo de recurrir contra tales actos, ya que, de acuerdo con lo que disponen las leyes, es el Juez quien decide si suspende o no el acto impugnado, y con la redacción del Senado no podría hacerlo. UCD votó con los socialistas, y sólo hubo once votos contrarios a la supresión.

Con sólo dos abstenciones, se aprobó la enmienda al artículo II de carácter técnico, sobre limitación del uso o consumo de servicios o artículos de primera necesidad, y con el voto negativo de vascos y comunistas, y la abstención de los socialistas, se aprobó la enmienda del senador Bosque Hita, según la cual sólo podrán tener derecho a indemnización quienes hayan sufrido perjuicios directos por actos de la Administración.

El nacionalista vasco Marcos Vizcaya se opuso a la elevación del plazo máximo de detención de cinco a diez días, lamentando que el Senado haya recortado lo que, a juicio del diputado, era una de las conquistas más progresistas del Congreso. Marcos Vizcaya dijo no sorprenderse del cambio, porque conocía su origen, y argumentó contra los diez días que es malo equiparar a los detenidos durante el estado de excepción con los que lo sean en virtud de la ley Antiterrorista, y que no se consigue con esos diez días para la investigación nada que no pueda lograrse con cinco.

Por UCD, Lorenzo Olarte se mostró de acuerdo con la enmienda, indicando que el plazo de diez días coincide con el planteamiento sostenido siempre por su grupo Añadió que el plazo no tiene que ver con el progresismo, sino con la eficacia del estado de excepción, «que ojalá nunca llegue a producirse». La enmienda fue aprobada por 156 votos a favor, 134 en contra y una abstención.

El articulo 17

Con la abstención socialista y el voto en contra comunista y del PNV se aprobó la enmienda al artículo 17, por la que si la policía no encuentra vecinos en un lugar cuando vaya a proceder a un registro sin estar el propietario podrá hacerlo usando como testigos a vecinos de pueblos limítrofes.

Tras la votación de conjunto, el comunista Jordi Solé Tura explicó que su grupo se había abstenido, como ya hiciera en la primera votación en el Congreso, porque el Senado no sólo no había resuelto los problemas que le llevaron a la abstención, sino que había incluso empeorado algunos puntos, como el plazo de detención. Por ello, añadió Solé Tura, la posición comunista retrocedió incluso «hasta lo que muy bien podría haber sido un voto negativo», aunque prefirieron mantener la coherencia con la anterior votación.

El Pleno del Congreso rechazó una proposición no de ley socialista para cambiar el sistema de cobertura del desempleo a los trabaja dores agrícolas eventuales. La proposición, defendida por Alfonso Guerra, pedía que el Gobierno, e el plazo de un mes, establezca un sistema de prestaciones incluido en el régimen general de la Seguridad Social, y un nuevo método de empleo comunitario que incluya un programa de formación profesional, complementario de la primer medida.

También pedía que, como sistema transitorio, se estableciesen comisiones provinciales y locales mixtas de la Administración con los sindicatos y organizaciones agrarias para controlar la distribución de los fondos del empleo comunitario y fijar nuevos criterios según las cargas familiares y el nivel de renta. Asimismo se proponía subir urgentemente los fondos de los actuales 12.000 millones a 27.000.

El diputado de UCD por Córdoba, Antonio José Delgado, dijo que su grupo coincidía en la filosofía de la proposición y compartía la preocupación socialista, admitiendo que el sistema actual ha demostrado tener imperfecciones y ser falto de rentabilidad. También se mostró convencido de la necesidad de un nuevo sistema de prestaciones, pero indicó que su grupo sólo votaría a favor de aceptarse varias modificaciones en la proposición.

La más importante de ellas era cambiar los 27.000 millones por 17.000, aunque anunciando que si resultaba insuficiente su grupo estaba dispuesto a subir la cifra. Asimismo propuso que el plazo de un mes para el nuevo sistema se cambiase por tres meses y empezase a contar desde la terminación del censo de trabajadores agrícolas.

Mientras el comunista Fernando Pérez Royo expresaba el apoyo de su partido a la propuesta socialista, se produjo un intento de negociación, en el que participaron Guerra, Delgado, el secretario de Estado para el Empleo, Manuel Núñez, y el secretario general del PSOE andaluz, José Rodríguez de la Borbolla. La negociación resultó infructuosa, y de nuevo Guerra tomó la palabra para acusar a UCD de mostrar muy poco acuerdo en la práctica. El líder socialista subrayó que los 17.000 millones propuestos por UCD no son más que la dotación original más los otros 5.000 que se dispusieron por acuerdo del Gobierno con la Junta de Andalucía. De todas formas, aceptó que el plazo para el nuevo sistema fuera tres meses, aunque sin esperar al censo agrícola, y que se añadiese una coletilla a la cantidad para indicar que si sobraba se devolverla el dinero al sector público. La proposición fue derrotada por 144 votos a favor, 151 en contra y dos abstenciones, resultado que fue recibido con pateos en los bancos de la izquierda.