El Gobierno se puede sumar en breve a la firma de un segundo acuerdo-marco entre sindicatos y patronal

En un plazo muy breve, dos o tres semanas, podría firmarse algún tipo de documento sobre paro y empleo entre Administración, patronal y sindicatos. A los tres meses de la investidura de Calvo Sotelo como presidente del Gobierno, en la que éste ofreció negociar este tema con las fuerzas sociales, las grandes expectativas de los primeros momentos (Jesús Sancho Rof, titular de Trabajo, llegó a afirmar que las conversaciones debían diseñar los presupuestos para 1982 y 1983) se han esfumado. Las conversaciones entre Gobierno, CEOE y sindicatos languidecen, y tan sólo la coincidencia de todos en evitar transmitir una nueva sensación de impotencia y frustración a los españoles y a la necesidad de ultimar el borrador del presupuesto para 1982 pueden facilitar el que a última hora se firme algún tipo de acuerdo, mucho menos ambicioso que el inicial y que tal vez se circunscriba a un remedo de acuerdo-marco interconfederal suscrito en ejercicios pasados por CEOE y UGT.

José María Cuevas secretario general de la CEOE, constataba ayer esta realidad: «Tal como van las discusiones con el Gobierno y UGT, las materias sobre las que puede haber acuerdo son muy pocas y tengo mis dudas de si se justífica la denominación de «acuerdo nacional de empleo». Estas dudas, que no son nuevas en CEOE (ya en los primeros momentos hablaron del peligro de crear expectativas que no se ajustaran a la realidad), comienzan a generalizarse. Fuentes del Gobierno y del Partido Socialista, principales artífices del optimismo inicial de esta concertación, comienzan a reconocer extraorficial mente el estancamiento y escasas posibilidades de estas conversaciones.Las negociaciones tripartitas sobre el desempleo, como muchos observadores apuntaron desde el primer momento, están a punto de convertirse en una segunda edición de las famosas «jornadas de reflexión», propiciadas por Abril Martorell cuando era vicepresidente "todopocleroso", del Gobierno. En aquellos meses de octubre, noviembre y diciembre de 1978, el Gobierno -en frase gráfica de un ex miembro del mismo- «estuvo mareando la perdiz». para preparar las elecciones generales.

La diferencia entre aquellas jornadas y éstas, áunque para algunos tambien pesa en estos momentos la posibilidad de unas elecciones generales adelantadas, estriba en la existencia de un 23 de febrero (golpe de Estado de Tejero) y en el profundo deterioro de nuestra economía.

Ya nadie habla de aquellas primeras cifras de 200.000 millones de pesetas que iba a destinar el Gobierno en los presupuestos de 1982 para crear empleo, ni de propuestas concretas en la mesa de negociación sobre incrementos salariales o proyectos de desarrollo legislativo. Tal vez el pecado fue original. El ministro Sancho Rof, en declaraciones a Cinco Días (19 de marzo pasado), definía cuáles eran para el Gobierno las líneas maestras del plan sobre el empleo: «La creación de puestos de trabajo estables como única forma de combatir el paro. Esto pasa por la inversión, y esa inversión pasa por el ahorro de todos, y cuando hablo de todos me estoy refiriendo al de empresarios, trabajadores y sector público en gastos corrientes. El programa tiene que comenzar a caminar este año, y yo diría que de forma rápida aunque, por supuesto el programa tiene que diseñar lo que serán los años 1982 1983. De estas conversaciones, lo que tiene que salir, pues. es el diseño de los Presupuestos del Estado para 1982 y 1983».

Dos meses después de las declaraciones del ministro se ha hecho evidente lo que ya para muchos lo era entonces: la imposibilidad de concertar los presupuestos, pretensión que era tanto como concertar la política económica entre Gobierno, oposición, patronos y sindicatos, como si estuviéramos en la época preconstitucional de los pactos de la Moncloa, y aun entonces no se llegó a tanto.

Firmar a toda costa

La elaboración de los Presupuestos de 1982 no puede retrasarse más y para ello es esencial contar con un criterio fiable sobre incrementos salariales en el sector privado y, público. De ahí que en torno a este punto, al que podrían añadirse algunos otros relativos al desarrollo legislativo del Estatuto de los Trabajadores, podría girar la firma de un documento que pusiera fin a estas conversaciones tripartitas.De hecho, las conversaciones entre UGT y CEOE se están circunscribiendo ya, en las últimas reuniones, sobre estos temas. Y una fuente de la Administración, siempre de forma extraoficial y confidencial, aseguró a este diario que corría prisa el «hacerse la foto». «Es necesario que firmemos cuanto antes un documento, no importa su contenido. Ya lo llenaremos después».

Sobre esta realidad, el posible acuerdo sobre incrementos salariales para 1982, por el momento hay ya algunos criterios que han trascendido a la opinión pública. El Ministerio de Hacienda, por ejemplo, tiene planteada la hipótesis -de cara a la elaboración del presupuesto del año próximo- de que la subida de sueldos para los funcionarios oscilará entre el 5% y el 8% (véase EL PAIS del 6 de mayo). CEOE, en su último documento, Nuera política de empleo, fija un incremento salarial máximo del 9% para 1982, excluyendo del mismo a las empresas con pérdidas. UGT, en declaraciones de Nicolás Redondo a este diario (2 de mayo último), admitía la posibilidad de aceptar incrementos salariales por debajo en uno dos puntos al coste de la vida a finnal de año. Las diferencias entre las partes en este terreno, a la vista e e las posiciones expuestas, no imposibilitan el acuerdo.

El pretencioso «acuerdo nacional sobre el empleo» puede convertirse así, en los próximos días, en un nuevo acuerdo-marco interconfederal (AMI), distinguido con la firma del Gobierno, y adelantado en varios meses sobre el calendario del que hace dos años suscribieron unilateralmente CEOE y UGT.

¿Qué gana el Gobierno sumándose a este pacto de empresarios y sindicatos?. A primera vista, el Gobierno, además de salvar medianamente la cara ante la opinión pública tras las expectativas creadas por estas conversaciones, puede lograr una cienrta pacificación en los debates presupuestarios en el Parlamento y una mayor facilidad para imponer topes salariales a sus funcionarios y empleados. La gloria e e estos acuerdos no parece que pueda ir mucho más allá, a juzgar por el escepticismo y prudencia de los responsables de sindicatos y organizaciones empresariales en sus declaraciones de los últimos días. Tan sólo algún miembro de la Administración, tras dos meses de unas negociaciones sin un interlocutor ministerial definido, sigue hablando del acuerdo triunfalista mente y justifica el retraso de las conversaciones en que se ha dejado a los sindicatos que preparaban con tranquilidad la celebración del Primero de Mayo.

La central socialista y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales han sido las dos entidades que han mantenido más habitualmente contactos, en el marco de estas conversaciones tripartitas, para intentar llegar a un acuerdo sobre el desempleo. Los contactos con la Administración en este terreno se han prodigado menos, aunque han sido frecuentes, y los de CEOE con CC OO prácticamente no han existido. El sindicato socialista se ha reunido por separado con CC OO para tratar sobre este tema, ya que entiende -en palabras de Nicolás Redondo- «que no es bueno marginar a CC OO de este acuerdo».

La falta de reuniones entre CC OO y CEOE, sin embargo, relega de alguna forma a aquel sindicato a una representación a través de UGT en las negociaciones. De ahí que CC OO, que pasó en las últimas elecciones sindicales su ausencia del AMI y que hoy sufre la proyección de las tensiones y luchas por el poder en el PCE, haya decidido retomar la iniciativa y exponer, al estilo de CEOE en su último documento sobre la «Nueva política de empleo», una plataforma en la que se pormenorizan algunos puntos de su estrategia económica.

Esta plataforma, que se denomina «de negociación concreta contra el paro», fue aprobada por la última ejecutiva de CC OO y va a ser discutida con UGT para -según afirman- «contrastar los respectivos puntos de vista sobre los contenidos del documento, ya que CC OO considera importante alcanzar una posición compartida por ambos sindicatos ».

En cuanto al contenido de la plataforma, que en síntesis se reproduce junto a estas líneas, hay que destacar la aceptación -como va habían hecho los socialistas- de un incremento salarial para 1982 dos puntos por debajo del coste de la vida y la exigencia de inversiones públicas por un billón de pesetas, que, a juicio de CC OO, puede financiarse por aumento de la presión fiscal y por endeudamiento.