La agresión contra el Papa enfría los referendos del domingo sobre el polémico tema del aborto

A medianoche de ayer quedó cerrada la campaña para los cinco referendos que serán votados el próximo domingo en Italia. De ellos saltan al primer plano los dos relativos a la actual ley del aborto, una propuesta por el grupo católico Movimiento por la Vida, que pretende limitar la interrupción voluntaria del embarazo exclusivamente a los casos en que está en peligro la vida de la madre, y el radical, que preconiza una máxima liberación en el tema.

La lucha propagandística, que adquirió carácter de gran virulencia en las dos últimas semanas, a raíz de las intervenciones del Papa y la jerarquía eclesiástica contra el aborto, ha adquirido tonos de mayor prudencia y mesura, a raíz del atentado contra Juan Pablo II el pasado miércoles.Los partidos del frente laico (comunistas, socialistas, socialdemócratas, republicanos, liberales y partido de Unidad Proletaria), que preconiza un «doble no» a los dos referendos, han reducido en agresividad su campaña contra las intervenciones de la Iglesia, contrarias a una ley del Estado, si bien mantienen su postura, aunque con una prudencia mayor, dictada por los acontecimientos del miércoles en la plaza de San Pedro.

Esto no quita que se haya abierto una polémica bastante dura con algunos líderes de segunda fila de la Democracia Cristiana, dirigentes del Movimiento por la Vida y el Movimiento Social Italiano, neofascista. (MSI), que han acusado a este frente laico de haber creado un clima de enfrentamiento religioso, de odio e intolerancia que, según ellos, habría actuado como caldo de cultivo para la acción de un terrorista de extrema derecha turco, que apenas entiende el italiano y que la mayoría de los medios de comunicación del país presentan como algo extraño a la vida política italiana.

Las votaciones se iniciarán el domingo y concluirán a primeras horas de la tarde del lunes. Precisamente este día, el 18 de mayo, Juan Pablo II cumple 61 años de edad y el Movimiento por la Vida tiene intención de presentar un resultado favorable para su tesis derogatoria, como un regalo de onomástica al Santo Padre.

Posible cambio de votos

El atentado contra el Pontífice puede cambiar el signo de las votaciones, aunque lo más probable es que se traduzca en un índice de mayor abstencionismo. En realidad, tanto las fuerzas políticas laicas como los democristianos parecen esperar que los resultados no supongan una humillación para el contrario.

El domingo será la cuarta vez que los italianos son llamados a las urnas, desde 1946, para defender sus opiniones sobre una ley. Algo más de 42 millones de personas tendrán derecho al voto, y en esta ocasión el peso del sufragio femenino, va a ser de gran importancia decisoria, ya que, en el censo, están inscritos cerca de dos millones más de mujeres que de hombres.

Esta diferencia numérica tiene un mayor relieve en el sur de Italia, de un carácter más tercermundista frente al industrializado Norte. En las regiones meridionales, la incidencia de la Iglesia es superior sobre la conciencia de las mujeres, y es ahí donde parece tener una fuerza suplementaria, tras una campaña que ha tenido caracteres de cruzada.

A pesar de la toma de postura de la Iglesia a favor del voto derogacionista, no han faltado excepciones que se han saltado la disciplina eclesial, incluso en el sur de Italia.

El politólogo y teólogo Gianni Baget-Bozzo se negó a leer la carta del cardenal Siri contra la interrupción del aborto, que envió a todas las parroquias de su diócesis de Genova el ' pasado domingo.

Quienes apoyan la actual ley del aborto han insistido machaconamente que esta norma jurídica es la forma de lucha más adecuada contra las interrupciones clandestinas del embarazo, que en cuarenta años han costado la vida a más mujeres que los caídos en la última guerra.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Italia se practican unos 800.000 abortos al año. De éstos, sólo una tercera parte se efectúan de acuerdo con la ley.

La ley del aborto contiene un curioso fenómeno jurídico: se trata de una norma que teóricamente obliga a todos los ciudadanos, pero que en sí misma contiene una excepción: admite la «objeción de conciencia» de médicos, enfermeras y anestesistas.

Esto les permite negarse a practicar abortos, y aquí reside el principal obstáculo para la ley: el 72 % del personal médico se ha acogido a esta cláusula, con lo que los abortos (unos 200.000 el pasado año) son realizados por una minoría del elenco sanitario del país.