La policía que detuvo a los dirigentes de HB les comunicó la declaración del estado de excepción

La detención del vicepresidente primero del Parlamento Foral de Navarra, José Antonio Urbiola, y de otras veintitrés personas -en su mayoría dirigentes de HB-, se debió a la posibilidad de que el pasado fin de semana fuera decretado el estado de excepción. Estas detenciones tratarían de evitar que personas ligadas a partidos abertzales pudieran huir de sus domicilios, según se afirma en un comunicado de Prensa difundido por Herri Batasuna.La coalición abertzale señala en su nota que el gobernador civil de Navarra, Javier Ansuátegui, mentía cuando afirmó que las detenciones se habían efectuado al amparo de la legislación vigente y con el objeto de esclarecer posibles vinculaciones de unas personas concretas con organizaciones terroristas, ya que, según Herri Batasuna, «los primeros detenidos fueron recibidos en el interrogatorio con la frase: "Se ha declarado el estado de excepción y Egin está secuestrado. Ahora vamos a hablar". Este tema es ya de dominio público». Esta versión fue corroborada a EL PAIS por una de las personas detenidas, quien señaló que el argumento dado por la policía era que se había decretado el estado de excepción.

El Ministerio del Interior, por su parte, niega que desde el departamento en Madrid se impartieran instrucciones a los gobiernos civiles, advirtiéndoles de la inminente aplicación del estado de excepción. Esta posibilidad, no obstante, es barajada en medios abertzales y justificaría la decisión policial de proceder a la detención de los dirigentes y simpatizantes de Herri Batasuna.

Asimismo, en Presidencia del Gobierno, se afirma que en ningún momento se cursaron instrucciones a los gobiernos civiles a propósito de la supuesta declaración del estado de excepción, medida esta que «nunca fue considerada por el Gobierno».

Herri Batasuna sostiene que la detención de José Antonio Urbiola ha sido arbitraria y pone de manifiesto que la reciente nota del Consejo General del Poder Judicial «ha puesto las cosas en su sitio definitivamente», ya que la policía, según HB, está enviando a los detenidos ante los jueces, con acusaciones de terrorismo, sin ninguna prueba razonable.

José Antonio Urbiola, que en la mañana de ayer fue trasludado desde la Jefatura Superior de Policía de Pamplona hasta Madrid, quedó en libertad incondicional después de pasar a disposición de la Audiencia Nacional.

De otro lado, Carmelo Jayo, concejal del Ayuntamiento de Marquina (Vizcaya) y militante de LKI, fue detenido la pasada madrugada en su domicilio, acusado de presuntas relaciones con ETA Militar.