La reconversión sectorial acentúa las diferencias de Industria con Economía y Hacienda

La penúltima versión del decreto-ley de reconversión industrial -antes mal llamado de reindustrialización-, aprobado anteayer por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y el decreto de reconversión de la siderurgia integral, aprobado antes que el anterior por el Consejo de Ministros del pasado viernes, han acentuado las diferencias del Ministerio de Industria con los de Economía y Hacienda a nivel de criterios básicos de una política industrial en línea con la política económica global. La incoherencia introducida por el cambio de política industrial y las formas que han rodeado su implantación han causado también cierta perplejidad e incluso rechazo en algunos medios empresariales y de la Administración.

En primer lugar, ha sorprendido en medios oficiales solventes que el propio Gobierno aprobara el decreto de reconversión de la siderurgia integral de menor rango y que es desarrollo natural del decreto-ley de reconversión sectorial, antes de que este último hubiera sido discutido y publicado. Fuentes bien informadas señalan que ni siquiera están ambos, decreto y decreto-ley, redactados en su forma definitiva, sino que están recibiendo los últimos retoques y que lo realmente aprobado por el Gobierno han sido los títulos y las líneas generales.La controvertida reconversión sectorial -muy parecida a las acciones concertadas de López Rodó- ha contado tradicionalmente con el plácet de todos aquellos empresarios que desean apuntalarse financieramente y sanear su tesorería a costa de los Presupuestos Generales del Estado, mediante subvenciones, exenciones fiscales, créditos extraordinarios y otras prebendas oficiales.

Los sindicatos, por su parte, han participado también en el festín siderúrgico, con cierta complacencia, asegurando con éxito estabilidad en el empleo y subida salarial del 10,5% a los trabajadores de un sector en pérdidas que posee, sin embargo, una fuerte capacidad de presión social.

La negociación siderúrgica entre el Ministerio de Industria -del Gobierno de UCD y UGT y CC OO de los Partidos Socialista y Comunista- ha precedido al decreto y al decreto-ley, y la reciente firma del documento entre Ignacio Bayón, Nicolás Redondo y Marcelino Camacho, en olor de multitud, garantiza de antemano los aplausos de una amplia mayoría parlamentaria a diestra y siniestra cuando las Cortes tengan que convalidar esta norma.

«Las centrales sindicales han negociado prácticamente el convenlo del sector siderúrgico integral, por tres años, con el Gobierno, lo que supone un peligroso precedente que puede hacerse extensivo a los demás sectores, según algunos empresarios consultados. La negociación salarial debe hacerla, según estos medios, cada empresa con sus trabajadores, para luego acudir al Gobierno y pedir ayuda a cambio de un previo y sacrificado ajuste real de todas las partes».

Las subidas salariales y la se,,uridad en el empleo son proporcionales directamente, tal como ha mostrado la experiencia, a la capacidad de presión social y sindical de cada sector, al margen de las necesidades de ajuste real que precise cada empresa pai a sobrevivir con alguna posibilidad de futuro.

Según impresiones muy generalizadas, recogidas por EL PAIS, el espectáculo montado en torno a la siderurgia integral -de cuyas características hemos informado en los últimos días- recuerda bastante al que tuvo lugar en diciembre de 1978 y que culminó con la aprobación por las Cortes de la ley 60/78, según la cual se concedían créditos extraordinarios por valor de 23.500 millones de pesetas, para que la siderurgia integral se reconvirtiera en un sector competitivo y sano. El preámbulo de aquella ley extraordinaria harían sonrojar a sus señorías si lo leyeran ahora, ya que aquella inyección de dinero público fresco no ha servide como se dijo, y como se vuelve a decir ahora, para sanear y salvar a estas empresas tan afectadas poi la crisis económica, sino para pagar sus crecientes salarios, refinancíar sus enormes deudas y respirar con cierto alivio malviviendo otros tres años, a la espera de la próxima reconversión.

Ajuste financiero antes que el real

El precedente de 1978 tiene en el nuevo decreto de Industria una clara continuidad, ya que, al parecer, según los más críticos, supone básicamente una concesión de créditos extraordinarios para subir los sueldos y asegurar el empleo -excepto en lo que atañe a las 5.800 jubilaciones anticipadas- y aplazar las deudas.El ajuste pactado ha sido, por tanto, fundamentalmente financiero y no industrial, y supone, según expertos solventes, un generoso programa de salvamento de urgencia -con una aportación del Estado próxima a los 190.000 millones de pesetas- para reforzar la, tesorería y la capacidad de aguante de la siderurgia integral, con su sobredimensión actual y en medio de una fuerte caída de la demanda mundial.

«Al atacar los efectos de la crisis, en lugar de sus causas, están haciendo cada vez más irresoluble el problema», nos ha comen tado un especialista siderúrgico. «La crisis siderúrgica se ha producido por una caída de la de manda y un fuerte aumento de los costes energéticos, salariales, de materias primas, etcétera, con unas plantas obsoletas. El mayor crecimiento de los gastos, por en cima de los ingresos, ha produci do mayores pérdidas».

Ayudar a quien se ayude

«En estas condiciones», insisten los medios consultados, «la empresas no generan cash-flow para retribuir al capital con beneficios ni para cubrir las amorti zaciones precisas, y ello contri buye a acentuar la necesidad de créditos para aliviar momentáneamente los problema financieros que, en un círculo vicioso, ahogan ahora a las tres siderúrgicas integrales. Necesitan dinero para tapar agujeros que son efecto de la crisis y no causa El problema no es de créditos sino de capital, pues se lo han ido comiendo a fuerza de pérdidas Pero nadie quiere meter capital en las integrales, lo que puede considerarse como una sana reacción del mercado», dicen los más liberales, «que tiene intui ción para huir de donde no hay futuro».Una vez hecho el ajuste real por las empresas y los trabajado res mediante la reducción drástica de costes, el estudio de pro ductos a sustituir y el recambio de instalaciones y replanteamiento de dimensiones y capacidades, el Gobierno puede ayudar con anestésicos financieros y la socie dad puede ser solidaria con un sector que atraviesa malos momentos, pero que promete para el futuro. Aquí, sin embargo, la doctrina Bayón ha impuesto el enchufe benéfico al Presupuesto del Estado antes de que las empresas hicieran sacrificio alguno a cambio. Siguiendo esta doctrina, los más avispados han solicitado ya, al parecer, la reconversión también financiera de multitud de sectores, incluido el de las autoescuelas.

«Este peligroso precedente de dar diñero y generosos avales públicos antes de que las empresas realicen por su cuenta la cirugía precisa puede suponer una invitación a la buena vida», nos ha declarado un empresario que gana dinero en un sector que públicamente llora sus pérdidas.

La reacción en medios de la Administración ha sido de perplejidad ante el supuesto abandono de responsabilidad en manos de Industria por parte del Ministerio de Economía, encargado de velar por la política financiera y, como ministerio horizontal, por que prevalezcan los intereses generales de la economia española por encima de los intereses sectoriales de la industria.

La batalla siderúrgica está perdida para Economía, según medios oficiales, sólo parcialmente, ya que se ha retocado bastante el contenido del decreto y del decreto-ley. En todo caso, la reconversión de un sector como el siderúrgico integral o el naval, en el que prácticamente la totalidad del capital es público y suman entre ambos media docen a de empresas grandes, tiene un tratamiento distinto que el de los sectores venideros, que son privados y con numerosas empresas.

La impresión recogida en dichos medios oficiales es que tratarán ahora de reconducir el tema enfriando las expectativas de los que pretendían un tratamiento semejante al de la siderurgia integral y del sector naval. Parece ser que, acabada la reconversión financiera de estos dos macrosectores casi públicos -190.000 y 60.000 millones, respectivamente, de ayuda-, el Gobierno estaría dispuesto a cerrar el grifo.