Luchar contra el paro construyendo viviendas de alquiler

La sociedad capitalista, basada en la ley de mayor rentabilidad de la riqueza, lleva implícita la degradación paulatina del nivel de la calidad de la vida, degradación que se caracteriza por el abandono en la miseria de los pueblos rurales y la deshumanización de las grandes urbes industriales.Miles de pueblos y aldeas españoles carecen aún de agua corriente, de electricidad, de medios de acceso y comunicación y, por supuesto, de equipamientos escolares y culturales, sanitarios, sociales, etcétera. Esto provoca la deserción masiva de las nuevas generaciones y su emigración hacia las urbes, en donde no encuentran trabajo ni vivienda.

Paralelamente, estas grandes urbes son cada vez más enemigas del hombre por el deterioro de las condiciones de vida que suponen. La especulación del suelo y, aún más, del uso y contenido que se da a éste, ha conducido a especializar los centros de ciudades en reservas, para el mundo de los negocios, mientras que los trabajadores se ven «expulsados» hacia la periferia, donde se apiñan en ciudades-dormitorios cada vez más alejados de los lugares de trabajo.

La vida familiar, asociativa y cultural se degrada al ritmo del aumento de los tiempos de desplazamiento entre vivienda y lugar de trabajo.

El infraequipamiento existente agudiza aún más esta grave degradación del nivel de calidad de la vida.

Esta descripción pone de manifiesto que si bien en el desarrollo industrial España se sitúa en el pelotón de las diez primeras potencias, en lo que respecta a la «calidad de la vida» seguimos anclados entre los países subdesarrollados.

Aunque con enormes contradicciones, como ocurre en el régimen de tenencia de la vivienda en España.

Durante los años de dictadura, y aún actualmente, la derecha española ha puesto en práctica, al máximo nivel, el refrán «liberal» que dice: «Un país de propietarios es un país de patriotas y conservadores».

De ahí que en ningún otro país de Europa occidental, a pesar de tener mayores rentas per cápita, esté tan extendido el régimen de propiedad de la vivienda.

El refrán se explica en el sentido de que en España, de cien familias medianamente alojadas, 69 tienen un patrimonio propio que defender (de ahí «el patriotismo ») y unas obligaciones financieras adquiridas de tal magnitud que difícilmente se pueden permitir reivindicar sus derechos, con el riesgo de perder el puesto de trabajo. La participación en una, huelga puede su poner el impago de la deuda contraída y el correspondiente embargo de bienes (de ahí lo de «conservadores»). Máxime cuando nuestro país también se encuentra en cabeza de Europa en lo que se refiere al porcentaje de la renta familiar que se destina a la vivienda.

Ya que junto a un proceso de crecimiento de los precios de venta de las viviendas a un ritmo superior al ritmo general de inflación de la economía, el sistema crediticio ha «endurecido» sus condiciones generales de financiación en 1978-1979. Por una parte, la práctica de políticas monetarias restrictivas ha provocado ritmos menos intensos de aumento en los créditos al sector. Por otro lado, el proceso de liberalización de los coeficientes de préstamos de regulación especial de las cajas han dado origen a que éstas se desplacen, en general, hacia la financiación a otros sectores. También se ha originado una reestructuración en los préstamos proporcionados por dichas entidades crediticias en favor de los préstamos generales concedidos en condiciones de mayor tipo de interés y menor plazo que los de regulación especial. En este momento puede decirse que la financiación favorece, sobre todo, al promotor, con lo que recae un peso excesivo para el comprador, que debe autofinanciarse en un porcentaje muy elevado, por lo general, del precio de venta final de la vivienda. El grado de sacrificio impuesto al trabajador español para la compra de su vivienda es excesivo.

Este enorme sacrificio (cada vez menos asequible) que supone la adquisición de una vivienda y la ausencia de promoción de programas de viviendas en alquiler, ambos derivados de una política crediticia impuesta por la gran banca, conllevan a un paro cada vez mayor en los sectores de la madera y construcción, alcanzando actualmente una tasa del 26,5%

En noviembre pasado el Gobierno Suárez, a través de su -entonces- vicepresidente económico señor Calvo Sotelo y de sus ministros de Economía y de Obras Públicas y Urbanismo .-señores García Díez y Sancho Rof-, anunció un «ambicioso»(?) programa trienal de 571.000 viviendas de protección of'lcial con una inversión global del orden de 1,2 billones de pesetas y una creación de 250.000 puestos de trabajo.

Pocos días después, también con bombo y platillo, se anunciaba al país la firma de un convenio con las entidades crediticias mediante el cual se aseguraba la financiación de dicho «ambicioso» (?) programa.

Cinco meses han transcurrido en palabrerías, declaraciones de intenciones y confirmación del programa por el nuevo Gobierno, spots radiofónicos del Banco de Crédito á la Construcción y, a la vez, manifestaciones de reticencia de diecinueve cajas de ahorro a quien les correspondería aportar una financiación de 32.200 millones de pesetas en 1981. Es decir: el programa trienal nace muerto.

Y es lógico que nazca muerto porque, como lo demuestra el periódico especializado Correo de la Construcción, en un documentadísimo trabajo publicado en su número 269, un gran sector de población no podrá comprar vivienda.

¿Cómo puede un trabajador aún no propietario hoy -cuando su futuro más seguro es acabar en el paro- lanzarse a la compra de una vivienda, máxime si con unos ingresos de 800.000 pesetas (53.000 por quince o 57.000 por catorce), tendrá que pagar unas 500.000 pesetas anualmente durante los primeros años? Lo que supone invertir el 62,5% de su renta familiar sólo en ponerse bajo techo.

El país necesita construir viviendas porque actualmente existe un déficit de 600.000. Porque cada año se crean -legal o ilegalmente- 175.000 nuevas familias. Porque cada año habría que sustituir 128.000 viviendas de¡ parque existente en condiciones de ruinas.

El país necesita construir para crear puestos de trabajo. Porque la construcción es la mejor «locomotora» de reactivación de los sectores productivos. Porque la inversión por puesto de trabajo es mínima. Porque por cada puesto de trabajo se inducen otros cerca de dos puestos más.

Pero el país necesita «viviendas dignas y adecuadas». Particularmente a las posibilidades económicas de los españoles.

Hoy, España necesita viviendas en régimen de alquiler de promoción municipal