Análisis de las estadísticas de paro

Recientemente, el Ministerio de Economía y Comercio ha publicado un volumen en el que se recogen los resultados de una investigación, realizada por un grupo de trabajo formado al efecto, para analizar las estadísticas de paro. De su lectura se pueden extraer diversas reflexiones sobre algunas características importantes del desempleo.Las diversas interpretaciones que se han realizado de este problema fijan su atención en las diferencias existentes en cuanto sexo, edad, sector productivo...

Pero es evidente que se están provocando más segmentaciones del mercado de trabajo que las antes citadas. Podrían destacarse tres más: a) en razón del nivel de estudios, b) en razón del lugar de residencia y c) en razón de los ingresos familiares.

El libro antes citado viene a demostrar que, en contra de lo que se piensa, el nivel de estudios no afecta positivamente en la obtención de un empleo. Así, la tasa de paro es mayor en aquellos que poseen estudios medios (bachillerato, carreras intermedias). Estos poseen una tasa doble de los que carecen de estudios o los que tienen estudios primarios. Los que poseen estudios superiores tienen tasas similares a éstos.

Esto demuestra que existen muchas titulaciones intermedias que el sistema productivo no asimila, mientras que otros estudios más postergados, como la formación profesional, son más demandados. De ahí que es necesario reorientar la oferta educativa hacia lo que demanda el sistema productivo, lo cual pasa por un cambio radical de la filosofía del sistema educativo.

Como podemos ver, todavía seguimos anclados en un modelo educativo desarrollista, que se instrumentó en una ley general de Educación aprobada justamente en el comienzo de la década de los setenta. Entonces, las altas tasas de crecimiento del PIB auguraban un futuro esplendoroso a todas las titulaciones, cualquiera que fuera su nivel.

Este modelo, esquemáticamente, como es conocido, cambiaba el sistema de enseñanza primaria prolongándolo hasta los catorce años, en que se encontraría el bachillerato unificado y el curso de orientación universitaria, relegando la formación profesional para aquellos que no alcanzaran el título de graduado escolar.

Se desechaba, tras algunos intentos, la selectividad y se establecía un corte en los estudios superiores a los tres años, en los que se podía poseer el titulado de diplomado.

Desde el punto de vista económico es necesario el cambio, pues junto a la falta de adecuación de la demanda del sistema productivo a la oferta educativa la productividad de los estudios impartidos es decreciente o, en otras palabras, la calidad de la enseñanza ha descendido notablemente.

Universidad: fábrica de parados

Por ello parece claro que se debe establecer la selectividad en las titulaciones universitarias, tanto medias como superiores. La Universidad es una fábrica de parados en grado creciente, con los costes económicos que ello supone, tanto en el despilfarro que representa para la nación un titulado en paro, independientemente de los costes sociales y personales, como porque parcialmente el coste de su formación es sufragado por todos los contribuyentes.

Esta selectividad podía establecerse con carácter prioritario en todas las facultades, escuelas técnicas y escuelas universitarias. El criterio no debería ser tanto el volumen físico de alumnos que puede acoger la institución como lo que demanda el país. Es decir, sería pasar del nivel micro a macro, basando la demanda educativa de los próximos años en proyecciones que recogieran la experiencia pasada como las expectativas futuras.

Esta selectividad podría establecerse al final de un curso que verdaderamente orientara hacia los estudios universitarios. Marcando el volumen nacional de ingresos en cada una de las titulaciones, a su vez distribuidos por distritos universitarios. La distribución por distritos sería en función de los recursos materiales. En todo caso, a aquellas personas con bajo nivel de renta les deberían ser subvencionados los estudios en su totalidad.

En definitiva, urge sustituir la «selectividad natural» en función del nivel de ingresos por una selectividad en función del nivel de conocimientos y de las necesidades del país.

Igualmente hay que reformular todos los estudios primarios y medios, tanto de EGB como de formación profesional. La calidad en la segunda etapa de EGB es muy deficiente, y el salto al BUP, demasiado elevado. La formación profesional habría que reformularla y, sobre todo, dignificarla y potenciarla.

La calidad de la enseñanza habría que aumentarla en todos los niveles, dado que sus efectos sobre la productividad ya se están haciendo notar. En el futuro cercano este es uno de los capítulos más importantes en que hay que insistir cara a nuestra necesaria competitividad exterior.

El importante papel que debe desarrollar la política ocupacional en el empleo pasa necesariamente por la reformulación y potenciación del INEM. Así, se debe abandonar el protagonismo en la enseñanza de formación profesional que no sea la ocupacional. Debe ponerse los medios para conseguir un mercado de trabajo más transparente, a través de una potenciación de las oficinas de empleo.

Bolsas geográficas de desempleo

Todavía, tal como demuestra el citado estudio, dichas oficinas no se consideran por los parados como el medio más idóneo para la búsqueda de empleo, siendo sustituido por las relaciones personales (amigos, familiares ... )

La segunda diferenciación se produce por el hecho espacial. Así, junto a las tradicionales Andalucía y Extremadura, aparecen con fuerza el País Vasco y Asturias. Cada vez habrá que prestar una mayor atención a esta distribución espacial del paro tanto a nivel regional, provincial como comarcal Las bolsas de paro pueden provocar diferencialmente situaciones de tensión social elevadas. Existen comarcas o provincias, predominantemente en sectores en crisis, que pueden verse afectadas seriamente. Por ejemplo, el caso de Asturias puede provocar una situación verdaderamente difícil en los próximos años. La actuación estatal debe centrarse en realizar inversiones alternativas en bienes públicos o actividades productivas.

En tercer lugar, la discriminación se produce por el nivel de ingresos de las familias. Aquellos desempleados con menor resistencia económica son los que pasan por mayores problemas. Por ello, debe pensarse en solucionar aquellos casos más angustiosas. Estos son, sin duda, en primer lugar, los cabezas de familia en grupos de edades altas que han perdido su empleo y que no encuentran trabajo habiendo acabado la percepción del subsidio de desempleo.

En el estudio citado se establece que sólo la cuarta parte de los parados son personas principales y que la mitad de éstos superan los 45 años. Así, sólo 70.000 parados a finales de 1979 eran cabezas de familia y tenían más de 55 años. Si excluimos a aquellas personas principales con otros ingresos familiares o que no hayan agotado la percepción del subsidio de desempleo, la cifra se reduciría ligeramente y, por tanto, el coste anual de cualquier medida no sería comparativamente muy elevado.