Los profesionales y la situación política

El golpe de Estado del 23 de febrero y los acontecimientos políticos que se han venido sucediendo desde entonces: ralentización, cuando no decidido estancamiento de la investigación e imputación de responsabilidades civiles y militares en el golpe; olvido del caso Arregui y envío del Ejército al País Vasco; aprobación de la llamada ley de Defensa de la Constitución; inicio de un proceso de general restricción de las libertades públicas y preocupantes proyectos limitativos de las autonomías, entre otros, significan un nuevo punto de partida de la situación política española.Este punto de partida, que tiene su origen más remoto en las condiciones en que tuvo lugar la transición política en nuestro país, suele definirse genericamente como «democracia vigilada» o «tolerada» y se caracteriza por la imposición en aspectos muy sustanciales del proyecto político de los llamados «poderes fácticos» -en especial de sectores determinantes de las Fuerzas Armadas- a las instituciones democráticas emanadas de la soberanía popular.

En las condiciones actuales de España -burocracia militar, policial, judicial y civil, en general, heredada del régimen anterior crisis económica y de identidad nacional y acción, del terrorismo en el País Vasco-, el proyecto político de los «poderes fácticos» tiene un contenido abiertamente autoritario, y de consumarse en toda su pureza supondría el final del actual régimen de libertades que nuestra Constitución configura y la retrocesión a los negros años de la dictadura.

Ante esta situación, el silencio, la pasividad, los eufemismos temerosos y hasta el pasotismo, o la política del avestruz en su más amplio sentido, adoptados en cualquier nivel institucional o personal, que se niegue a reconocer y a reaccionar contra la evidente amenaza que pesa sobre la democracia española, pueden resultar suicidas a muy corto plazo.

Es preciso asumir en toda su crudeza la gravedad del, momento actual, como paso imprescindible para lograr el rearme moral y la conjunción de voluntades precisos para instrumentar las acciones necesarias -desde el Gobierno, el Parlamento, los ayuntamientos, la calle y las distintas instituciones y centros de poder e incidencia social- que permitan su reconversión.

En este contexto, entendemos que la acción de los profesionales para defender y asegurar la democracia en España debe desarrollarse en dos niveles: uno, genérico, en el que participen colectivamente con el resto de los ciudadanos, y otro, específico, desde su condición de estrato laboral y sociológico diferenciado.

En el primer ámbito, las tareas de los profesionales en defensa de la democracia no pueden ser diferentes de las del resto de los ciudadanos y consisten en participar e impulsar decididamente cuantas iniciativas sean adoptadas por partidos políticos, sindicatos, asociaciones y entidades conducentes al objetivo unitario de defender las libertades y los valores democráticos en España.

Ello pasa a nuestro juicio, sin embargo, por mantener con tenacidad las viejas reivindicaciones que fueron sostenidas con éxito frente a la dictadura por la inmensa mayoría de los españoles y que constituyen realmente señas de identidad mínima para terminar de configurar, aún con amenaza de golpe, la convivencia democrática en nuestro país. Los profesionales y los ciudadanos demócratas en general, seguimos pensando que no es el recorte, sino la profundización en las autonomías en los pueblos de España, lo que va a coadyuvar a aquel fin; que la legítima defensa institucional y social contra el terrorismo, cuya acción condenamos energicamente, no puede constituirse en patente de corso para hacer tabla rasa de valores democráticos conquistados; que la defensa más absoluta de la libertad de expresión es, hoy también, irrenunciable; que es prioritario erradicar la tortura y los malos tratos en donde se produzcan; que derechos elementales como el del puesto de trabajo y divorcio, entre otros, son insacrificables; que es imprescindible mantener una política de independencia y plena soberanía nacional, neutralidad y no alineamiento en relación con los bloques militares, lo que sigue exigiendo oponerse a la entrada de España en la OTAN; que, en fin, frente al callarse y estar quietos que propugnan los golpistas, hay que moverse y hablar.

En relación con su nivel específico de actuación, el papel de los profesionales debe consistir en la adopción de iniciativas concretas, expresadas en objetivos y formal de organización dirigidas.a reformar en profundidad sus respectivas instituciones y ámbitos de trabajo social.

Este enfoque de las tareasdel profesional supone atacar de raíz una de las causas profundas de la inestabilidad político-social en España, en cuanto que el gran pacto nacional en que se asentó la transición política presupuso el mantenimiento en su contenido, funcionamiento e incluso personas, de las distintas instituciones y aparatos,de poder -no sólo políticos, también sociales e institucionales- del antiguo régimen. Lejos de un juego gratuito de palabras, se trata de propugnar un cambio en profundidad de las instituciones y ámbitos del trabajo social que elimine una de las bases objetivas de la involución y la dictadura.

No es posible realizar una enumeración exhaustiva de las tareas a realizar a este respecto.

Pensamos, sin embargo, que propugnar una democratización y reforma en toda profundidad de la Administración pública, en la que participen de forma protagonista y organizada los propios funcionarios; iniciar la lucha sistemática y colectiva contra la corrupción que encenaga muchos de los ámbitos en que se desarrolla nuestro trabajo profesional; propiciar la participación más activa de los profesionales sanitarios en el proceso hacia unasanidad pública y, eficiente, en la que noexistan privilegios ni corrupción; avanzar sustantivamente de una vez en el camino hacia la escuela pública y gratuita; renovar desde sus cimientos la estructura y medios del poder encargado de la Administración de la Justicia; acabar con la irracionalidad, apatía y falta de vida que caracteriza a nuestra Universidad; exigir hasta conseguir una progresiva y racional utilización de los medios de comunicación social, especialmente la radio, y la television, sufragados por los españoles y, por tanto, necesariamente a su servicio; luchar por remover cuantas trabas sociales y económicas impiden a los profesionales del arte y la cultura ejercer su auténtica libertad de expresión en aspecto tan fundamental para el presente y futuro del nuestra sociedad; promover que, los valores democráticos sean empezados a introducir en el seno del Ejército e instituciones armadas, son algunos de los objetivos que bien merecen, a nuestro juicio, que los distintos sectores profesionales aportemos también nuestro grano de arena a la lucha contra la barbarie.

(*) Este artículo lo firman también Eduardo Bueno, C.S. Reyes, José L. Malo de Molina, Fernando Salas, Eduardo Carvajal, Horacio Oliva, Ricardo Aroca, José A. Gimbernat, Miguel Mora Hidalgo, Enrique Gómez Reino, Luis Eduardo Aute, Luis Pastor, Juan F. Margallo, Antonio Gallifa, Miguel Muñiz, Carlos Giner, Enrique Gimbernat, Pablo Castellano, Luis Otero Fernández, Antonio de Senillosa, José Sanroma Aldea y 155 firmas más.