La defensa de los consumidores, un problema puramente teórico para los partidos políticos

En el movimiento de defensa del consumidor, además del Gobierno y de las organizaciones de los propios consumidores los partidos políticos deberían jugar un papel básico, ya que ellos son los representantes de la mayoría de los ciudadanos en el Parlamento y los únicos con capacidad de legislar. Sin embargo, hasta ahora la preocupación de los partidos políticos por la defensa del consumidor ha sido mínima y se ha quedado en un plano puramente teórico, sin tener la menor eficacia en la práctica.

De todas formas, en este último año el tema del consumo ha cobrado un fuerte impulso, provocado en gran parte por la próxima entrada de España en el Mercado Común y la necesidad de adecuar nuestras reglamentaciones a las de la Comunidad, y en la Comunidad el capítulo de defensa de los consumidores es de los más importantes, como se vio reciéntemente en el caso de las hormonas en la carne, donde las asociaciones de consumidores de la CEE consiguieron prohibir la venta y la importación de ternera con estrógenos dentro de los límites del Mercado Común.Por otro lado, algunos partidos se han dado cuenta de la importancia que a la hora de los votos pueden tener los grupos que hasta ahora se habían considerado como marginales, por ejemplo, los que defienden la lucha feminista o el ecologismo, algunos de los cuales han llegado incluso a crear partidos propios con bastante incidencia en el voto popular.

Esto podría ser lo mismo en el caso de los consumidores. Sin embargo, nuestros partidos hasta ahora no han visto ningún interés en defender a los consumidores. Sólo el PSOE acaba de crear una sección de defensa del consumidor, mientras que el PCE se ha limitado a alguna pregunta parlamentaria, y UCD simplemente a poner a sus hombres en los cargos relacionados con el consumo. El último caso ha sido Alianza Popular, que, en la persona de Manuel Fraga, ha defendido calurosamente la aprobación en la ley de los Consumidores.

Blas Camacho, portavoz centrista en esta ocasión, piensa que UCD es consciente y muy sensible al movimiento consumidor. «Por ello contribuyó a que en la Constitución española se garantizara la defensa de los consumidores en el artículo 51, y se señalaran las directrices de una política de protección al consumidor sobre la base de dos grupos fundamentales de ideas: la garantía de la seguridad, salud e intereses económicos de los mismos, y en este último aspecto cabe destacar la necesidad de alcanzar niveles satisfactorios de libertad, transparencia y competitividad del mercado. Y la promoción de la infomación y educación de los consumidores y usuarios, así como el fomento de las organizaciones y la audiencia de las mismas en las cuestiones que les afecten. El asociacionismo consumidor aparece -y se está convirtiendo en muchos países en pieza clave de la defensa del consumidor, cada vez más lejos de una situación vinculada a una Administración paternalista, que debe limitarse, en una primera fase, apoyar su desarrollo y a regular los cauces adecuados para facilitar el cumplimiento de sus fines.

Hasta ahora, según UCD, los partidos políticos, los movimientos ciudadanos, las organizaciones de todo tipo, no han prestado quizá la totalidad de su apoyo al movimiento consumidor y, cuando tras él se adivina alguna renta política, surgen los defensores acérrimos del consumismo, sin más objeto que la oportunidad o la demagogia. El asociacionismo consumidor no ha calado debidamente en la conciencia social, quizá por el tópico deformado de que consumidores somos todos.

El movimiento consumidor, para Blas Camacho, es la tercera fuerza del proceso económico; producción-distribución-consumo. Sin la presencia activa de los consumidores no está equilibra do el ciclo económico. El desarrollo económico, que en buena parte es función de la in versión, es, en otra parte, función del ahorro. Ahorro y consumo son dos caras de la misma moneda.

PSOE: potenciar las asociaciones

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no ha hecho un análisis político sistemático sobre la política del consumo hasta finales del pasado año. Es en los días 6 y 7 de diciembre de 1980 cuando se celebran las Primeras Jornadas Socialistas de Defensa de los Consumidores, que son, por un lado, la primera ocasión de reflexionar y debatir el tema del consumo, y por otro, el primer paso para iniciar la labor del PSOE en la defensa de los consumidores.Las ponencias y conclusiones de estas Primeras Jornadas se recogieron en un Cuaderno de política sectorial para contribuir a la formación de los militantes del PSOE en los temas del consumo, y, a raíz de ellas, se crea también el Grupo Federal de Defensa de los Consumidores, que se encarará específicamente de afrontar el problema.

La labor del Grupo Federal está en sus comienzos y se ha estructurado en forma de comisiones de trabajo. En principio hay dos comisiones encargadas de estudiar y preparar la ley del Consumidor, tantas veces prometida por los Gobiernos de UCD, sin que hasta la fecha se hayan cumplido tales promesas y sin que tampoco se haya explicado el porqué de su incumplimiento. Se está, por supuesto, realizando un estudio de legislaciones, tanto españolas corno -extranjeras, para ver las lagunas en la defensa de los consumidores y como se han resuelto en otros países.

La defensa de los consumidores se abordará también a través del Grupo Parlamentario Socialista, por medio de preguntas e interpelaciones al Gobierno, como las que ya se han realizado sobre la subida de las tarifas eléctricas, el canon de farmacias, el problema del ácido bórico, la prohibición de los freones en aerosoles, la ausencia de director del Instituto Nacional del Consumo, etcétera.

El proyecto de importancia más inmediato se refiere a la defensa del consumidor dentro de la política territorial. El PSOE piensa que se debe potenciar el papel de los entes locales en la defensa de los consumidores y se propone crear oficinas municipales de información a los consumidores como un medio de acercamiento de los municipios socialistas a los ciudadanos. Se trataría de un servicio directo que permitiría tener un conocimiento real de la problemática de los consumidores y una mayor eficacia en su respuesta.

PCE: desarrollar la Constitución

El Grupo Parlamentario Comunista, a través de José Luis Calvo, coordinador del área económica, considera necesario el desarrollo de los artículos 51 y 52 de la Constitución, en cuanto hacen referencia a la defensa de los derechos de los consumidores, a través de una normativa que establezca cuáles son éstos, y la forma en que aquéllos podrán exigirlos. Los derechos que deberían ser recogidos por el Estatuto de los Consumidores, y que han sido la base de actuación parlamentaria comunista en este campo, son los siguientes:- Derecho a la protección de la. salud y la seguridad de los consumidores, advirtiéndoles de los posibles riesgos del uso de un producto, y los pertinentes controles de calidad. Cabe citar una pregunta presentada por este grupo sobre adulteración de la carne.

- Derecho a la protección de los intereses económicos de los consumidores, con especial atención a los bienes y servicios de primera necesidad y frente a los monopolios.

«En esta materia, nuestra actuación ha sido prolífica, con preguntas sobre aumento de tarifas de la CTNE y la liberalización del sistema financiero en referencia al pago de las domiciliaciones bancarias, que no deben recaer sobre el consumidor, y una proposición no de ley sobre congelación de tarifas eléctricas».

- Derecho a la información y educación de los consumidores, evitando una publicidad engañosa y un consumismo artificialmente creado.

- Derecho a ser oídos y organizarse, que permita a los consumidores ejercer por ellos mismos sus facultades de defensa y control en cuanto al resto de los derechos reconocidos.

AP: urge un "ombudsman" del consumo

Para Alianza Popular, el artículo 51 de la Constitución es claro, al enunciar que «el Gobierno promoverá y tutelará las asociaciones de consumidores». Esto, según Jorge Verstrynge, es muy importante en todos los aspectos de la economía. Primero, porque si nos vamos a integrar en la CEE vamos a hacerlo en un conjunto de países que tienen estas asociaciones suficientemente desarrolladas.Hay que considerar, asimismo, que el de los consumidores es el grupo más importante y el más desprotegido. Los otros eslabones de la cadena del consumo están organizados en asociaciones empresariales, bien comerciales o industriales.

Por eso es preocupante que el Gobierno -como en otros muchos casos- no aborde con decisión la solución de este problema, y que , por ello, estemos inmersos en un panorama de demoras y pausas que ofrece la impresión de que este tema clave no va a ser abordado de una forma decisiva.

No son suficientes, ni mucho menos, las actuales asociaciones de consumidores, pequeñas y no cohesionadas. Se ha intentado, en distintas ocasiones, ofrecer soluciones que no han tenido, desgraciadamente, éxito, y algunas de estas organizaciones han sido decididamente inoperantes.