El Pleno del Congreso aprueba diversas ayudas para paliar los efectos de la sequía

El Pleno del Congreso convalidó ayer un decreto-ley por el que se concede una moratoria en el pago de la contribución territorial y las cuotas de la Seguridad Social a los agricultores cuyas explotaciones hayan sido afectadas por la sequía al menos en un 50% de la producción normal y a los ganaderos que hayan perdido al menos el 50% de los pastos.

También se inició un debate sobre actuaciones urgentes contra la sequía, a propuesta de los grupos Coalición Democrática, socialista, comunista y andalucista, a quienes contestó el ministro de Agricultura, Jaime Lamo de Espinosa. Esta tarde se someterán a votación las propuestas definitivas que presenten los grupos.El decreto-ley citado, que será tramitado como proyecto de ley, por lo que podrá ser modificado, fue convalidado con la abstención de socialistas y andalucistas, cuyos portavoces, junto con el comunista, consideraron, en general, que la medida es insuficiente y que el límite del 50% de pérdidas es excesivo.

El ministro de Agricultura replicó que las organizaciones agrarias consideraban adecuadas las medidas proyectadas, de las cuales el decreto-ley es una de las más importantes, ya que significa una suma de 11.500 millones de pesetas, que los agricultores y ganaderos dejarán de pagar por el momento.

Por CD, Manuel Fraga pidió al Gobierno información precisa sobre la sequía para tener una valoración exacta de los daños producidos y de las medidas que piensa adoptar. El socialista Juan Colino solicitó actuaciones urgentes en favor del sector agrario y preguntó sobre el estado en que se encuentra el abastecimiento nacional. El comunista Tomás García dijo, entre otras cosas, que los agricultores no podían pedir más créditos por las dificultades para pagarlos después y solicitó medidas de solidaridad con los campesinos.

El andalucista Miguel Angel Arredonda manifestó su propósito de soslayar los problemas concretos producidos en Andalucía en los últimos días y preguntó sobre la cuantía de los fondos de empleo comunitario.

A todos ellos contestó Jaime Lamo de Espinosa, ministro de Agricultura, quien aseguró que la fuerte sequía producida de enero a marzo había decrecido durante los últimos veinticinco días, por lo que las medidas adoptadas en febrero y marzo había que situarlas en su entorno temporal y teniendo en cuenta la situación de déficit de lluvia que se arrastraba desde septiembre.

Recordó que el 5 de febrero se concedieron 6.000 millones de pesetas en créditos, de los que 4.000 millones se destinaban a paliar los efectos de la sequía. A mediados de marzo, tras una reunión con las organizaciones profesionales agrarias, se acordó otro paquete de medidas, entre ellas la concesión de hasta 30.000 millones de pesetas en créditos (es decir, 24.000 nuevos millones de pesetas).

El ministro de Agricultura aseguró que los daños son mayores en el Sur y van disminuyendo hacia el Norte, por lo que afecta a las zonas de agricultura más amplias. Afirmó la voluntad política gubernamental de llevar hasta el final las medidas de ayuda al sector agrario y se ofreció para informar con detalle ante la Comisión de Agricultura sobre las medidas concretas y sus resultados.

En la sesión plenaria de esta tarde, los grupos proponentes presentarán nuevas mociones.

Pensiones a mutilados

El Pleno aprobó también, entre otras cosas, la toma en consideración de una proposición de ley de CD por la que las pensiones de los civiles mutilados durante la guerra civil serán igualadas a las que establece la ley sobre pensiones a mutilados del Ejército de la República. Manuel Fraga explicó que es un tema de justicia, ya que los mutilados civiles cobran menos que los demás, al ser regulada su situación por otra norma. En nombre del Gobierno, el portavoz de UCD, Miguel Herrero, aceptó la propuesta, aunque advirtió que posiblemente su grupo tratará de modificarla.