La Comisión de Defensa dictamina un proyecto para rejuvenecer los cuadros de mando de las Fuerzas Armadas

La Comisión de Defensa del Congreso terminó ayer el dictamen del proyecto de ley de creación de la reserva activa y fijación de las edades de retiro para el personal militar profesional. Con esta ley se trata de conseguir que las edades de plena actividad militar resulten lo más acordes posible con las que precisan los ejércitos modernos y de buscar una solución que, sin detrimento de dicho imperativo, evite en lo posible los perjuicios derivados de los retiros prematuros.

Los trabajos de la comisión terminaron ayer con el dictamen del artículo 9 y de las disposiciones transitorias y finales. El citado artículo señala que los generales, al cumplir la edad señalada para el retiro forzoso de los jefes y oficiales, pasarán a una situación de segunda reserva, en la que permanecerán de por vida formando parte integrante del Ejército, con fuero militar, honores y prerrogativas que a su empleo corresponda en situación de actividad. Las retribuciones estarán a cargo del Ministerio de Defensa.La disposición transitoria primera faculta al Gobierno para establecer el calendario de esta ley, con el fin de que ésta se encuentre en plena aplicación en un período máximo de seis años a partir de su entrada en vigor. La comisión, que preside el diputado centrista Guillermo Medina, no aceptó a trámite una enmienda socialista relativa a la transitoria segunda, enmienda que pedía que la posibilidad de ascenso en la reserva activa que se aplica a los actuales jefes y oficiales de todos los cuerpos y escalas de las Fuerzas Armadas pudiese ser también aplicada a los suboficiales. Los representantes de Unión de Centro Democrático (UCD) en la comisión se opusieron a la votación amparándose en el artículo 134 de la Constitución según el cual ninguna ley puede ser aprobada si ella supone un aumento en el presupuesto del Estado. Este aumento fue fijado por el enmendante socialista en 49 millones de pesetas.

En opinión del portavoz de UCD en la comisión, el diputado Blas Camacho, la ley supone un primer paso para el rejuvenecimiento de los mandos de las Fuerzas Armadas, citando como ejemplo el hecho de que en los países de la Alianza Atlántica los mandos son mucho más jóvenes que en España. Camacho agregó que será necesaria una nueva homologación.

Sobre el plazo de la puesta en marcha de la ley, fijado en seis años, y refiriéndose a que los socialistas habían querido rebajarlo a dos, el portavoz centrista dijo que ello hubiese creado una situación de vacío, con el caos subsiguiente. En este sentido subrayó que el texto del proyecto de ley es de diciembre, meses antes de los sucesos del 23 de febrero.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el diputado Julio Busquets, manifestó que la ley tiene aspectos positivos y negativos. Entre los primeros señaló que se trata de un pequeño rejuvenecimiento de los mandos y también que se han limitado los años de permanencia en los grados de general, lo que impedirá que existan atascos o tapones en las escalas.

Como aspectos negativos, Julio Busquets indicó el envejecimiento en las situaciones de destinos burocráticos, ya que, a su juicio, la edad de retiro se eleva a setenta años. «Ello supone», dijo, «un aumento del gasto en unos 6.000 millones de pesetas anuales».

El representante socialista puso de manifiesto por último que no se ha querido contemplar la limitación de la situación de reserva para los generales, ya que, siempre según sus palabras, se les mantiene con carácter vitalicio, lo que supone «una mala imagen para el Ejército». Dio por terminada su intervención recordando que en la actualidad existen en España 1.436 generales, que devengan más de 2.200 millones de pesetas al año.