Los bancos afectados por la crisis financiera de Promocisa podrían constituir una sociedad para teminar los pisos

Una última posibilidad de solución se ha barajado en vísperas de la celebración de la asamblea general de afectados por la crisis de Promocisa, que ha dejado sin hogar a unas 3.000 familias y que tiene lugar, hoy, en un cine de Madrid. Tras el abandono, por parte del Gobierno, de sus compromisos anteriores con el consejo de afectados -anteayer el ministro de Obras Públicas les comunicó que se desentendía del tema-, los bancos implicados -Banesto, Central y dos de Rumasa- parecen acariciar la idea de una drástica solución del conflicto, recuperando la iniciativa en este caso, dada la trascendencia social y política del escándalo inmobiliario, y para evitar daños mayores en un proceso judicial que salpicaría a todos los afectados y acabaría dejando sin hogar a los que ya lo pagaron hace cinco años.

Según esta posibilidad, aún remota, ya que convertiría a los bancos en hermanitas de la caridad por un día, se constituiría una nueva sociedad, controlada por el Español de Crédito, Central, Industrial del Sur y del Norte, encargada de sanear el grupo Promocisa -que saltó a la fama con la construcción y el éxito del Parque de Lisboa- y de terminar la construcción de las viviendas pendientes. Una vez entregados los pisos a los afectados, la citada sociedad se autoliquidaría, repartiendo las pérdidas o los beneficios, si los hubiere.Una suave presión gubernamental, que rompería la desidia demostrada hasta ahora por el Gabinete de Calvo Sotelo en esta presunta estafa inmobiliaria en la que parece tener parte de responsabilidad, es considerada por los afectados como esencial para la culminación de este benéfico proyecto, contribuyendo además a mejorar la precaria imagen de responsabilidad social de la banca española.

De esta forma, el caso Promocisa se ha constituido ya en una prueba muy significativa de las relaciones entre Gobierno y banca. Las características del problema -el activo del grupo supera al pasivo y la solución no exigiría un riesgo superior a cien millones de pérdidas o cincuenta de beneficios- facilitan su solución final -según los expertos consultados-, siempre que no se inicien las querellas criminales que los más desesperados sin vivienda están exigiendo.

Debido a que el tema central es el origen fundamentalmente financiero de la crisis por falta de liquidez, y la enorme dimensión incontrolada que adquirió el grupo Promocisa en plena crisis de la construcción, no parece haber un riesgo excesivo para la terminación de las obras y la liquidación de la sociedad, a ser posible con beneficios. Sin embargo, algunos afectados que han seguido el conflicto de cerca acusan también a la banca de cierto abandono, e incluso de favorecer durante algún tiempo el deterioro del tema, dejándolo pudrir intencionadamente, ya que en caso de quiebra sus garantías hipotecarias contra los créditos les cubren de todo riesgo.

Romper la desidia del Gobierno

Este cambio de actitud actual podría estar basado en la ruptura del convenio firmado en las dependencias del palacio de la Moncloa, el día en que dimitió Adolfo Suárez, entre promotores, compradores, compañías aseguradoras, proveedores y trabajadores, y en la actitud del nuevo Gobierno de lavarse las manos tras el pasado Consejo de Ministros. También han debido pensar en las consecuencias que podría tener para la banca las ruidosas reivindicaciones de las 3.000 familias sin hogar, con amenazas de ocupación de patios de operaciones, manifestaciones, anuncios en Prensa, etcétera, así como las salpicaduras de un proceso de quiebra en el que podría haber cierta responsabilidad compartida entre los bancos, en cuyas cuentas especiales los compradores depositaron el dinero para el uso exclusivo de la construcción de sus pisos, y las compañías aseguradoras, que se niegan a hacer frente a sus pólizas aduciendo que el dinero no estaba depositado en tales cuentas especiales -obligadas por ley-, sino en cuentas corrientes normales. Resulta extraño, no obstante, que bancos de gran prestigio concedan créditos por encima de mil millones de pesetas a empresas que, como Promocisa, no cumplen con la ley abriendo las cuentas especiales para protección del comprador. Esta ley 57/68 aun no ha sido desarrollada en sus aspectos reglamentarios.

En todo caso, tras el Consejo de Ministros del pasado 30 de junio, en el que se declaró el caso Promocisa como de «interés público y trascendencia social», el entonces secretario de Estado para la Información, José Meliá, informó a los periodistas que no había en Promocisa irregularidades jurídicas ni administrativas, sino solamente problemas financieros», y que las cantidades pagadas estaban convenientemente aseguradas.

«En estos momentos, la tercera asamblea general de afectados se enfrenta a una nueva desesperación, sin dinero, sin vivienda y sin perspectivas claras de solución de futuro», según el abogado del consejo, Manuel Matamoros. En esta situación, los miembros del consejo elevarán a la asamblea esta mañana una serie de propuestas, para su aprobación o denegación. Entre ellas destacan: liquidar el convenio suscrito el pasado 29 de enero por el incumplimiento del Gobierno de sus compromisos; pedir audiencia al Rey; iniciar campañas de Prensa, manifestaciones y concentraciones; campaña de publicidad pagada para advertir a los nuevos compradores de viviendas; ocupación de patios de operaciones mediante el ingreso de cien pesetas por miles de afectados a la vez; exigir en masa el reintegro de las cantidades ya pagadas por los pisos a las compañías aseguradoras que se niegan a devolverlas; promover una investigación parlamentaria con el enjuiciamiento de la acción gubernamental; interposición de querellas criminales por los supuestos delitos de estafa y/o apropiación indebida contra los promotores, representantes legales de las compañías de seguros y de las entidades bancarias, y, por último, encargo de dictámenes jurídicos sobre la implicación de los organismos oficiales en el asunto, por supuesta complicidad y obstrucción de la acción de la justicia. «Los afectados saben muy bien», ha declarado el abogado Manuel Matamoros, «que iniciar el proceso de quiebra puede suponer la pérdida definitiva del piso y varios años de quebraderos de cabeza, pero, al cabo de cinco años de engaños, tienen perfecto derecho a ejercer su desesperación».