Negociaciones para acabar con la "economía golfa"

Al mismo ritmo que se alejan las posibilidades de llegar a un pacto global inmediato sobre el empleo, por las distintas concepciones políticas que de él tienen las partes interesadas -Gobierno, patronal y sindicatos-se abre, todavía muy tímidamente, la idea de afrontar de una vez por todas un acuerdo superior cuya filosofía sería la de iniciar un proceso de moralización de la vida económica española. Se trata de acabar con la economía golfa que aporta al PIB un 20% de su valor total.

Así se terminaría con el pasotismo de tolerar los fraudes que a nivel empresarial y de los trabajadores se cometen en la Seguridad Social o en el seguro de desempleo, por poner dos ejemplos representativos.Las reuniones que se van a celebrar la próxima semana bilateralmente para afrontar el pacto global sobre el empleo son decisivas para reorientar -en un giro de 180 grados- las negociaciones o para olvidar de una vez por todas las expectativas abiertas el pasado 20 de marzo, cuando Calvo Sotelo citó en el palacio de la Moncloa a sindicatos y patronal para buscar una concertación contra el paro.

Las posiciones de los interlocutores no han variado mucho de las que se han ido exponiendo los últimos días, pero sí se han precisado algunas, las más nebulosas por su silencio, como, por ejemplo, la de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que en los últimos siete días celebró dos reuniones de su comité ejecutivo, sin que se filtrase con detalle lo acordado en ellas. Ayer mismo, tras una reunión con UGT, José María Cuevas, secretario general de la patronal, explicó en conferencia de Prensa el escepticismo de los empresarios ante el actual proceso de discusiones: «Desde el 20 de marzo», dijo Cuevas, «lo que se ha abierto ha sido más un proceso de discusión de intenciones y de posiciones ideológicas sobre la economía y el empleo, que otra cosa».

Estas palabras coinciden, con pocos matices, con las de las centrales sindicales expuestas en días pasados, en el sentido de que o se cambia el sentido general de las negociaciones o se reproducirán las escenas de las célebres jornadas de reflexión convocadas por Abril Martorell a finales de 1978, que fracasaron y tuvieron como único resultado un decreto sobre limitación salarial.

Incluso dentro de la misma Administración hay personajes que no entienden cómo se abrió esta negociación con tales grados de abstracción, y, por tanto, con tantas posibilidades de fracaso, aumentando el grado de desencanto del más de millón y medio de desempleados. Estas personas opinan que la iniciativa de Calvo Sotelo fue precipitada en la forma, y se debió a su interés de plasmar cuanto antes algunas de las promesas que hizo en el debate de investidura. «En la investidura», ha dicho un empresario de gran influencia en la CEOE, «se produjo un contraste entre Calvo Sotelo y Felipe González alrededor de los conceptos de diálogo y de negociación, que no quedó claro. La intervención de Tejero rubricó ese contraste, y el resultado ha sido esta negociación etérea, más de principios que de resultados tangibles».

La Administración pretendió paliar algo de esta abstracción aportando un pequeño documento con algunas cifras, más voluntaristas que rigurosas, y que fueron interpretadas como una agresión a la autonomía de las partes por los interlocutores. La filosofía del documento era el intercambio de más inversión pública a cuenta de una moderación salarial, lo que fue considerado como absolutamente insuficiente por todos.

Un elemento más que apoya la idea de que hasta ahora no ha habido más que confrontación ideológica sobre la política económica que cada uno (CEOE, UGT y CC OO) entiende que habría que aplicar para arreglar el paro, es la negativa a plasmar los pocos o los muchos acuerdos a que se llegue, en un documento formal, según informaba ayer Efe. Así pues, todo sigue en un proceso de intenciones.

Moralizar la economía

Sin embargo, y al margen de la negociación sobre el paro, EL PAIS ha podido detectar un inicio de negociaciones -por ahora todavía subterráneo- para abordar una reforma estructural de la economía española que supera la coyuntura de un pacto salarial para uno o dos años. Esta vía abierta entre patronal y sindicatos parte de la necesidad urgente de romper con la economía golfa y con todas sus consecuencias. Esta economía golfa, que no se plasma en papeles, que se basa en fraudes más o menos importantes a la Seguridad Social o al seguro de desempleo, puede llegar, según apreciaciones solventes, a «aportar un 20% al producto interior bruto (PIB) de España»; es decir, un 20% de la economía española estaría basada en la «tolerancia dentro de la ilegalidad» y sería una de las causas que frenan cualquier posibilidad de despegue, al margen de los picos de la coyuntura. Patronal y sindicatos estarían, en principio, de acuerdo en lanzar una campaña efectiva para combatir el fraude empresarial y de los trabajadores en este campo, apoyando a la Administración para que ésta crease nuevas figuras delictivas que penalizasen a los golfos, y además actualizase las que ya existen en la legislación y son papel mojado. La entrada en vigor de una normativa efectiva habría, eso sí, de ser precedida de las amnistías correspondientes hasta ese momento, del mismo modo que ocurrió en el terreno fiscal cuando Fernández Ordóñez planteó la reforma.A cambio de ese apoyo a la Administración se exigiría de ésta que bajase los puntos de las cotizaciones a la Seguridad Social. Concretamente, en los primeros estudios que se están haciendo sobre el tema se habla de cuatro puntos, de 40 a 36. Esta disminución de los puntos se vería compensada en los ingresos con las aportaciones de todos los que hasta ahora pertenecían al sector golfo de la economía y que regularizarían su situación.

De plasmarse en algo concreto esta lucha contra el fraude económico general y a favor de la moralización, se verían efectos inmediatos y directos sobre el empleo. Así, un acuerdo político de esta importancia complementaría un pacto global sobre el empleo más riguroso que el que hasta ahora se ha llevado a trancas y barrancas. Por supuesto que la moralización de la economía privada debería ser paralela a la del sector público, e incluso podría ser el gran precedente para acometer la reforma de la Administración, que tanto temen todos los partidos políticos.