Creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos y aprobación de los precios agrarios para 1981-1982
La creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos -que englobará todas las empresas energéticas del sector público-, la aprobación de los precios agrarios para la campaña 1981-1982 y de un proyecto de ley para cubrir los déficit de las empresas de transportes públicos colectivos urbanos de superficie, fueron los acuerdos destacados del Consejo de Ministros de ayer. También se aprobó un nuevo reglamento del seguro de desempleo para aquellos que, habiendo agotado el derecho a las mismas, tengan cargas familiares.
La creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos, según la referencia del Consejo de Ministros, desarrolla una de las directrices fundamentales del Plan Energético Nacional. En su aspecto formal, el Instituto se configura como una entidad de derecho público, que se rige conforme a las normas de derecho privado, adscrito al Ministerio de Industria y Energía en todas sus competencias, salvo las fiscales.La nueva entidad integra las concesiones mineras del monopolio y las acciones de Campsa, Petrolíber e Hispanoil de la Dirección General del Patrimonio del Estado, las acciones de Campsa propiedad del Banco de España y las concesiones de hidrocarburos del INI, así como las acciones de Enpetrol y filiales, Hispanoil, Eniepsa, Butano y Enagás, proce dentes del Instituto Nacional de Industria.
No hay ninguna modificación en cuanto a la participación pública en el sector, ya que lo que se pre tende -según la referencia oficial- es conseguir una mayor eficacia y racionalización en la utilización de los recursos humanos, técnicos y financieros de que se dispone. Con esta organización, el Estado velará por un tratamiento equitativo del sector público y privado en materias tan importantes como las adquisiciones de crudo, transporte y distribución, manteniéndose las cuotas y el tratamiento económico en las compras a las refinerías. El Estado conserva la propiedad de los activos al servicio del sistema de distribución de productos.
La misión específica del Instituto Nacional de Hidrocarburos será conseguir una mayor coordinación de las compras de crudo de libre disposición, la complementariedad de las instalaciones de refino, la optimización de la utilización de la flota propia, la planificación de las inversiones públicas y la adecuación del sector de cara a la integración en la CEE.
Coordinar las compras de crudo
Por otra parte, según la referencia oficial, se autoriza al Gobierno a liberalizar los productos derivados del petróleo no energéticos, dentro de un proceso gradual de liberalización controlada de todo el sector.
El Consejo de Ministros aprobó también, a propuesta del titular de Agricultura, los precios de los productos agrarios regulados que mejora la tabla propuesta por el FORPPA, experimentando un aumento global ponderado de un 11,61 % para la campaña 198 1 -1982, lo que, unido a una serie de medidas complementarias de carácter general, cuyo impacto se valora en un 2,78%, supone que el nivel de defensa de sus rentas se elevará en torno al 14,5% en la actual campaña.
La referencia destaca entre las medidas complementarias adoptadas: un control de precios de los factores de producción referidos al gasóleo, electricidad, fertilizantes y piensos, que incluye una cláusula de salvaguardia del 10%; mayor dotación al FORPPA para la regulación de las producciones agrarias, especialinente para la absorción inmediata de los excedentes de vinos; y elevar las dotaciones para inversión y reestructuración de sectores en 12.000 millones de pesetas (la mitad de esta cantidad se hace con cargo a los Presupuestos de 1981, y el resto, con cargo a los de 1982).
El Consejo de Ministros aprobó, con sólo cinco variaciones la lista de precios rrgulados propuesta por el FORPPA (véase EL PAÍS del jueves). Las modificaciones se refieren al maíz, que se fija en 18,50 pesetas (18,30 en la propuesta); al sorgo, que queda en 16,75 (antes 16,45); al vino, 130 pesetas (125 en la propuesta); a los pollos, 106 pesetas (108); y a los huevos, 63 pesetas (62 en la propuesta del FORPPA).
A propuesta de Hacienda, el Consejo de Ministros aprobó también un proyecto de ley de ordenación y fomento del seguro privado. El proyecto actualiza y sistematiza una legislación obsoleta, según la referencia, y liberaliza el sector de buena parte del intervencionismo de la Administración actual. También se acordó tramitar con urgencia un proyecto de ley sobre régimen fiscal de asociaciones, agrupaciones y uniones temporales de empresas y sociedades de desarrollo industrial regional.
Déficit del transporte
El Consejo aprobó también la rernisión a las Cortes de un proyecto de ley encaminado a establecer medidas que cubran los déficit de las empresas de transportes públicos colectivos urbanos de superficie. El proyecto, según la referencia, pretende habilitar medios de financiación que atiendan los costes del modo más justo posible, sobre la base de seguridad y calidad. Asimismo, evitará que los posibles déficit repercutan en los Presupuestos Generales del Estado.
El proyecto respetará las competencias de los ayuntamientos, a los que corresponde igualmente velar por una gestión eficiente y rigurosa en la prestación de estos servicios, as! como decidir si los costes deben pagarse sólo con tarifas o atribuirlos a los usuarios y beneficiarios. En todo caso, añade la referencia, se pretende evitar que los déficit, que corresponden mayoritariamente a las grandes ciudades, como Madrid y Barcelona, graven a pueblos que ya pagan sus transportes o que ni siquiera los tienen.
