Las asociaciones pro subnormales quieren soluciones más humanas que técnicas

El problema de la subnormalidad requiere más soluciones humanas que técnicas. Para la Federación Española de Asociaciones Pro Subnormales, ésta podría ser la síntesis de los objetivos que se persiguen con la Semana de Información sobre el Subnormal, que se está celebrando en estos precisos momentos, en el contexto del actual Año Internacional de las Personas Disminuidas, proclamado por la ONU.Representantes de la citada Federación, organización que agrupa a casi todas las asociaciones prodeficientes de España, insistieron ayer, en una conferencia de Prensa, en la reivindicación de medidas efectivas que sirvan para potenciar el desarrollo personal y la integración social de los deficientes mentales y de todas las personas disminuidas en general.

Por lo que concierne al ámbito concreto de los deficientes mentales, las asociaciones españolas no se cansan de repetir que el internamiento en instituciones psiquiátricas es la peor de las soluciones. En opinión de los dirigentes de la Federación, incluso los casos de deficiencias profundas requieren soluciones más humanas que técnicas. En este sentido, piensan que no se está haciendo lo suficiente para facilitar la convivencia normal de los deficientes en un régimen familiar que cubra plenamente sus necesidades de afectividad, puesto que, con un poco de imaginación, se pueden encontrar fórmulas que permitan alcanzar este objetivo, incluso para aquellos casos en que el deficiente carece de familia. Hay algunas experiencias positivas que confirman esta posibilidad, pero sin una legislación adecuada es prácticamente imposible que se generalicen tales experiencias.

«Se insiste en el internamiento en instituciones psiquiátricas», añaden los dirigentes de la Federación, «lo que nos coloca en un nivel de subdesarrollo de connotaciones, más que decimonónicas, medievales». Sólo en Andalucía, se calcula que un 44% de las plazas de las instituciones psiquiátricas están ocupadas por oligofrénicos. Las asociaciones andaluzas han convertido en eslogan la frase de un deficiente mental internado en un sanatorio psiquiátrico: «Como subnormal, cumplo mi condena encerrado. ¿Cuál es mi culpa?».

Integración social

La integración social del subnormal requiere, por otra parte, avanzar en el terreno de la educación y del empleo. La Federación considera un paso importante la reciente disposición del Ministerio de Trabajo, que exige el pago del salario mínimo interprofesional para los escasos deficientes mentales que han obtenido un empleo. Se trata de un paso importante, en efecto; pero insuficiente, porque lo que las asociaciones pro subnormales vienen reivindicando desde hace tiempo es la elaboración de un verdadero plan de empleo para subnormales, y que dicho plan, si llega a producirse, se cumpla. Porque una de las principales quejas se refiere, precisamente, a la escasa coherencia entre la planificiación, «ejemplar y técnicamente perfecta, en muchos casos» y la ejecución. Tal es el caso del Plan de Prevención de la Subnormalidad, aprobado hace ya tres años y prácticamente inédito, salvo en aspectos muy parciales.El gran problema, no obstante, sigue estando en el ámbito educativo. La falta de equipos multidisciplinares en las escuelas de EGB, un componente fundamental de la verdadera calidad de la enseñanza, está determinando la generación de un elevado número de subnormalidades, que tienen su raíz en deficiencias leves de adaptación escolar o de aprendizaje que no han sido detectadas ni corregidas en su momento.

Pese a que no existe un censo formal de deficientes, que es otra de las carencias que se lamentan, se calcula que más de un 60% de deficientes mentales está sin escolarizar. Según se indica en el último número de Voces, boletín de la Federación Española de Asociaciones Pro Subnormales, estudios de 1977 apuntan que, sobre una población total en España de 36.765.138 habitantes, había 261.302 subnormales, que en estos momentos rondarán ya la cifra de 300.000. Si el número de plazas era entonces de 53.041, puede concluirse que sólo el 20% de la población deficiente está atendida; es decir, sólo uno de cada cinco deficientes mentales españoles tiene puesto de educación, rehabilitación o atención de algún tipo.