La LAU: frenazo y marcha atrás

LA DEVOLUCIÓN DEL proyecto de la ley de Autonomía Universitaria, pendiente de debate en el Pleno de la Cámara baja, a la comisión del Congreso, que lo había ya dictaminado tras prolongadas sesiones, no sólo ha merecido las bendiciones de la Junta de Portavoces, sino que ha sido realizada a petición del PSOE.Ignoramos qué virtuosismos interpretativos del reglamento y qué retorcidas argumentaciones han sido esgrimidas jurídicamente, para dar ese frenazo en la secuencia normal del proceso legislativo. No parece, sin embargo, que los avezados expertos que recogieron el Estatuto de

Santiago en un punto indeterminado de su trayecto desde' la Comisión Constitucional hasta las urnas gallegas, para hacerlo regresar a las Cortes, puedan haber tenido mayores escrúpulos o dificultades para meter la marcha atrás, dentro del palacio de la carrera de San Jerónimo, a la discutida LAU. En cualquier caso, la excusa de que había demasiadas enmiendas al texto pendientes de debate es tan escasamente consistente como profundamente irritante. Si tales enmiendas quedaron en pie en la Comisión, no se adivina otra razón para que no sean discutidas en el Pleno que el vergonzante argumento de impedir que sus señorías se aburran en las votaciones y huyan de sus escaños. Pero sí la paciencia y la constancia deben adornar a los diputados en las comisiones, no se ve el motivo de que prescindan de tales virtudes en los Plenos.

No parece, sin embargo, un exceso de malicia sospechar que tras esta chapuza jurídica se esconde una nueva manifestación de ese clima de pactos secretos, chalaneos y opacidades que caracterizó la etapa del consenso y que amenaza con reproducirse, en versión ampliada y corregida, en el tramo de la concertación. Sólo así resultaría explicable que los socialistas, paladines de la LAU durante los debates en la comisión, se presten ahora, con Juan Antonio Ortega y Gregorio Peces-Barba agarrados de la mano, a la retirada del Pleno del proyecto ya dictaminado con el fin de lavarle la cara, recortarle las puntas y estrecharle el traje antes de presentarlo en el hemiciclo.

La reincidencia en la práctica de las ciencias ocultas del consenso, en alguna medida responsables de que nuestro régimen constitucional esté actualmente sobrevolando un peligroso triángulo de las Bermudas, constituye seguramente una consecuencia más del 23 de febrero. Ahora bien, las direcciones de los partidos y el Gobierno se equivocan si piensan que la mejor manera de conservar las instituciones democráticas es suspender su funcionamiento, a fin de evitar su desgaste. Los ciudadanos tienen pleno derecho a conocer las razones reales de la devolución de la LAU a la Comisión del Congreso, las modificaciones de su contenido pactadas por centristas y socialistas y las eventuales contraprestaciones que, en otros terrenos, esté dispuesto a pagar el Gobierno al PSOE por su inapreciable colaboración en este vidrioso tema. Y, por supuesto, también deben ser informados de hasta qué punto las presiones extraparlamentarias que están asfixiando al poder legislativo y al poder ejecutivo desde hace varios meses han jugado un papel en esta interrupción del proceso normal de elaboración de la ley de Autonomía Universitaria.