Temor de sectores empresariales a un incremento del intervencionismo del Estado en la economía española

Diversos sectores del empresariado español han manifestado a este periódico su temor a que se confirmen los rumores que circulan insistentemente estos días sobre un notable incremento del intervencionismo del Estado en la vida económica, con la consiguiente pérdida del protagonismo que corresponde a empresarios privados y trabajadores en una economía de libre mercado. El acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos obtenido anteayer en torno al polémico decreto-ley sobre reindustrialización, por el que se recuperan facultades enterradas ya durante el franquismo, y las listas de nombramientos para altos cargos, que incluyen viejas glorias del intervencionismo económico han sembrado la inquietud entre los sectores dinámicos y competitivos del mundo empresarial español.

Por un lado, fuentes oficiales del Ministerio de Economía han asegurado a Efe que el Consejo de Ministros estudiará hoy el proyecto de ley sobre reindustrialización, «pero no lo aprobará en esta misma reunión», ya que se está ultimando su redacción final y cabría alguna modificación de tipo técnico sobre el texto publicado ayer por EL PAIS.Se afirma también en fuentes oficiosas que el Gobierno nombrará hoy a Carlos Bustelo presidente del INI, cargo en el que sustituirá a José Miguel de la Rica, que pasaría a ocupar la presidencia de Petronor. Sin embargo, la presencia de un socialdemócrata al frente de la empresa pública sería vigilada o tutelada por un vicepresidente como Carlos Pérez de Bricio, ex ministro de Industria con Carlos Arias.

Otros nombres que suenan y que han alarmado a los partidarios de la economía de libre mercado, defendida por la Constitución, son Francisco Lozano Vicente, que tuvo la habilidad de resucitar las colas de la posguerra como ministro de la vivienda, al inventar los «certificados de pobre» para tener acceso a la protección oficial, y Rafael Orbe Cano, ex director general de Televisión Española y ex subsecretario de Industria con Pérez de Bricio.

Por otra parte, se insiste también, en fuentes bien informadas, en el próximo nombramiento de José María López de Letona y del Pino -ex ministro de Industria y pariente de Calvo Sotelo- como presidente de Campsa, una vez que quedara resuelta la creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos, que agruparía a todas las empresas petroleras del sector y desmantelaría al INI. Para la presidencia de este enorme ente petrolero, dichas fuentes oficiosas señalan el nombre de Claudio Boada, ex presidente del INI y de Ford España.

Esta vuelta a los esquemas intervencionistas y a ciertos nombres del pasado ha sentado peor en los ambientes liberales de la patronal CEOE que en el Círculo de Empresarios, al que pertenecen la mayoría de los hombres antes citados. Aunque algunos de ellos son miembros de ambas organizaciones, los representativos, pertenecientes a la CEOE, lo son por elección de sus bases empresariales, mientras que los otros forman parte del Círculo por el simple pago de una alta cuota. También ha sido posible constatar una mayor tristeza entre los empresarios de sectores competitivos y con futuro, por la competencia desleal que el Estado va a introducir en el sistema económico

Precisamente anoche, el ministro de Industria, Ignacio Bayón, acudió al Círculo de Empresarios, tras haber derrotado al ministro de Economía en la Comisión Delegada que presidió anteayer este último, para asegurar a los allí reunidos que su proyecto de reconversión y reindustrialización « no trata de salvar empresas inviables, sino de mejorar la competitividad de las empresas». «Hay que admitir», dijo complacido Bayón, «no un cierto grado de intervencionismo, pero sí una actuación planificadora de las acciones que requiere la crisis industrial».

No obstante, los empresarios consultados han señalado su extrañeza por el lenguaje empleado en el decreto-ley de Bayón, que recuerda aquella coletilla de «oída la Organización Sindical». También aquí serán oídas las partes interesadas, sindicatos y empresarios, antes de que se produzca la interferencia del Gobierno en cada caso. Los debates y enfrentamientos habidos entre los Ministerios de Economía e Industria han sido -según el propio subsecretario de Economía, José Enrique García Romeu- «los clásicos y normales en cualquier Gobierno».

La reindustrialización se ha convertido así, estos días, en un verdadero símbolo del debate sobre el fondo de la política económica del Gobierno entre empresarios que poseen o dirigen empresas y los dirigentes empresariales o políticos empresarios -que algunos círculos conocen como «polisarios». El centro de discusión está en el nivel aceptable de interferencia del Estado en la vida económica de España. Algunos empresarios, revestidos de cierto coraje liberal, han insinuado la necesidad de hacer público este debate entre ellos incluso ante las cámaras de Televisión Española. Todos los temores apuntan, en estos sectores, hacia un verdadero golpe de timón en la política económica hacia el intervencionismo con la derrota de García Díez y de los sectores liberales del Gobierno.