Los objetivos de la Constitución
Creo que es conveniente en estos momentos, en que se ha intentado por la fuerza romper la convivencia y reestablecer un sistema autoritario con derogación de la Constitución, resaltar los objetivos que pretendimos los constituyentes de 1978. Creo, como trataré de razonar, que son unos grandes objetivos patrióticos, llenos de buena voluntad y además los únicos posibles para asegurar, a medio y largo plazo, la convivencia y el desarrollo pacífico de España, aunque puedan producir algunas dificultades a corto plazo, sobre todo para la adaptación de algunas mentalidades, que no han sido nunca afectadas por el pensamiento y que viven de cuatro simples lugares comunes. Al recordar estos objetivos hay que insistir en que siguen vivos y en que, además, tienen que ser un horizonte que encante, que impulse la esperanza y ese proyecto sugestivo de vivir en común que se llama España, al que nadie tiene derecho de apropiación exclusiva y menos para enmascarar torpes y materiales intereses inmediatos.En el proyecto constitucional, luego convertido en Carta Magna de nuestra convivencia, se pueden encontrar tres objetivos comunes de todos los grupos del arco constitucional y otro más propio de la izquierda y especialmente de los socialistas.
Consagración de la tolerancia
La primera de las intenciones, sobre la que hubo coincidencia plena y creo que resultados positivos en el texto constitucional, fue la pacificación, el arraigo de instituciones y técnicas de tolerancia, de respeto mutuo y de pluralismo para establecer unas reglas del juego aceptadas por todos. Es eso que, desnaturalizándolo y vaciándolo de su rico sentido positivo, se ha llamado el consenso: el acuerdo básico sobre la convivencia sin exclusiones. Hay que reconocer que, después de la intentona del 23 de febrero, la reacción de las fuerzas políticas, económicas y sociales ha puesto de relieve que se acertó en la Constitución con esa voluntad que ha hecho posible que todos se alineen en su defensa, en apoyo firme y sin dudas. Por primera vez, el es fuerzo por no excluir y por no afirmar dogmáticamente unas tesis con exclusión de otras en la Constitución ha permitido que una parte importante de los españoles no la consideren ajena y agresora de sus ideales e intereses, como ocurrió en nuestra historia con todas las demás constituciones. No me parece que se pueda dudar, tras la prueba de la ocupación del Congreso de los Diputados y por las respuestas a la misma, que este primer objetivo haya sido un éxito a defender a toda costa y a profundizar lo más posible.
La Corona
Un segundo objetivo más concreto, pero no menos importante por sus secuelas en la historia de España, fue el de resolver la forma política del Estado, pacificando la apasionada polémica que en los dos últimos siglos, y con graves repercusiones en la convivencia pacífica, había convulsionado la estabilidad de nuestras instituciones. El problema Monarquía República tenía que dejar de serlo, pero se partía de elementos que hacían muy difícil la solución. Por una parte, la tradición republicana de la izquierda, y especialmente del PSOE, y, por otra, la forma de recuperación de la forma monárquica del Estado en la persona del rey Juan Carlos, a través de la instauración en la fórmula utilizada durante el régimen anterior.
Sin embargo, una decidida voluntad de resolver definitivamente el problema por las fuerzas políticas parlamentarias y la enorme discreción y prudencia del Rey hicieron posible lo que parecía muy difícil: la aceptación por todos de la monarquía parlamentaria en la persona del rey Juan Carlos I de Borbón. La lealtad de los partidos de izquierdas, y especialmente del PSOE, a la suprema magistratura y la lealtad de la Corona a la Constitución y a las instituciones democráticas son la clave de la solución.
Creo que la experiencia de la democracia española y la progresiva confianza mutua entre el Rey y los partidos políticos del arco constitucional confirman también el éxito del objetivo. El mantenimiento de la monarquía parlamentaria y la confianza de los partidos y de los ciudadanos en ella son uno de los fundamentos de la esperanza en el futuro y uno de los signos del éxito de la Constitución.
Autonomías
El tercer objetivo central de la Constitución era la solución del problema de la organización territorial del Estado, con solución a los problemas de identidad vasca, catalana y gallega, además de afrontar los desequilibrios territoriales entre todas las partes del territorio español.
Se trataba de hacer real la idea de España, que cuarenta años de régimen autoritario centralista y muchos más de centralismo, con olvido de las culturas propias de muchos pueblos, había vaciado para muchos y había privado del apoyo de muchos ciudadanos.
La construcción del Estado de las autonomías pretende hacer al Estado más fuerte, porque le proporciona más apoyos de aquellos sectores autonomistas o nacionalistas que antes se veían marginados del proyecto estatal. Y lo pretende hacer más eficaz a través de una distribución racional del poder, entre los órganos centrales del Estado, los de las comunidades autónomas y los de las corporaciones locales.
Creo que este objetivo es el más difícil, pero también hoy imprescindible para la pacificación. Se ha tropezado con los inconvenientes, uno más teórico y otro más funcional, pero ambos tratados con apasionamiento y a veces con irracionalidad por unos y por otros. A nivel teórico hay dos exclusivismos que no obedecen a la realidad, y que ambos se han enfrentado con el proyecto del Estado de las autonomías que dibuja la Constitución. Por una parte, el exclusivismo nacionalista español que rechaza el modelo, por considerarlo negador de la idea de que España es la única nación posible, sin entender que existen en España realidades nacionales, que hemos llamado nacionalidades en la Constitución, que son comunidades que se pueden integrar en la comunidad superior de España, para hacerla realmente una comunidad integradora, comprensiva de otras comunidades inferiores y que el Estado de las autonomías es el cauce jurídico de esa integración que potencia y no debilita a España. Por otra parte, el exclusivismo nacionalista de sectores de esas nacionalidades que pretenden sostener su derecho a constituirse en Estados separados del Estado español, pretensión políticamente inaceptable y científicamente rechazable la de ese segundo nacionalismo excluyente que se opone también al proyecto del Estado de las autonomías dibujado en la Constitución.
El segundo inconveniente, que he llamado más funcional, porque carece de la importancia teórica del primero, se ha planteado durante el proceso de construcción del Estado de las autonomías, a través de emulaciones entre comunidades, planteamientos mezquinos e insolidarios e intentos de enfrentar a comunidades autónomas entre sí.
Necesidad del consenso
También se han podido producir abusos, intentos de llegar más allá de los límites constitucionales y temores de otros sectores que no han asumido todavía el proceso y que denuncian esos abusos e incluso situaciones que son correctas y que no suponen abusos presentándolas como tales. Hay que evitar también provocaciones de algunos que, presentándose muy autonomistas, hacen planteamientos conscientes o inconscientes que desprestigian el Estado de las autonomías. Todos esos fenómenos tienen que ser atajados y realizar un proyecto global del Estado de las autonomías entre todas las fuerzas políticas españolas a nivel estatal o de las comunidades autónomas para establecer un modelo resultante, con el ritmo de tiempos para realizarlo y que excluya desviaciones. Esta exigencia reclama un acuerdo, es decir, el consenso que hizo posible la Constitución. En todo caso, y en esas condiciones, este tercer objetivo global tiene que ser impulsado hasta concluirse, porque, junto con los dos anteriores, es imprescindible para nuestra convivencia.
Finalmente, los socialistas tuvimos un último objetivo propio en la Constitución: hacerla para posibilitar un gobierno de la izquierda. Así como en los tres anteriores objetivos, nosotros concurrimos con las restantes fuerzas políticas, en esto pretendiamos crear las condiciones que hiciesen posible la alternativa democrática y de progreso que el PSOE representa en España. Creo que la Constitución, a través de los valores superiores que proclama en el artículo 1.1, de la misión de promoción y remoción de obstáculos a esos valores que proclama el artículo 9.2 de los derechos fundamentales y libertades públicas, especialmente en los principios rectores que hay que desarrollar, a través de la iniciativa económica pública, a través de la planificación, permite esa alternativa de un gobierno socialista que profundice y avance en los objetivos democráticos y de modernización de la sociedad española. Sin ese objetivo, los demás hubiesen sido al menos incompletos para una larga convivencia pacifica. Por primera vez España tiene bases de continuidad democrática, por primera vez se puede contemplar un horizonte de esperanza que hay que explicar a todos, especialmente después de que esta esperanza se intentase romper el 23 de febrero. Hay que explicar que la solución de nuestros problemas con un golpe es una ilusión imposible, puesto que, aunque triunfase, no sabría qué hacer con el poder, mientras que la Constitución es la mejor regla, con esos objetivos en cumplimiento, para afrontar la realidad de nuestro país y las esperanzas de nuestros ciudadanos.
