La declaración de los obispos vascos

LA DECLARACION conjunta de los obispos del País Vasco en torno a la situación en Euskadi y a las repercusiones del golpe del 23 de febrero sobre nuestra vida pública ha causado no poco revuelo y preocupación en sectores de la política oficial y de la milicia. Como si estuviéramos adentrándonos en el túnel del tiempo, la reacción del Gobierno recuerda algunas de las actitudes adoptadas por el anterior régimen, desde mediada la década de los sesenta hasta su final, frente a los pronunciamientos críticos -por ejemplo, el de monseñor Añoveros- de la jerarquía eclesiástica. Vaya por delante nuestro esencial acuerdo con el contenido de la declaración que hoy comentamos, y que no hace sino poner de relieve verdades evidentes ya señaladas de antemano por numerosos ciudadanos.La constatación de la brutalidad del terrorismo de ETA y sus fines involutivos no puede sino agradecerse viniendo como viene de la cabeza de una organización -la eclesiástica- no pocos de cuyos miembros se vieron hasta hace poco envueltos, directa o indirectamente, en las actividades violentas del independentismo vasco. La ambigüedad con que en el pasado párrocos y sacerdotes del clero regular enjuiciaron los crímenes terroristas se, explica, en parte, porque resultaría muy difícil escribir la historia de ETA haciendo abstracción de la cobertura moral, ideológica y material dada por algunos eclesiásticos a las bandas armadas y del notable número de ex seminaristas y ex sacerdotes que han militado en sus filas. Esa equívoca postura, sin embargo, había dado paso en tiempos más recientes a firmes actitudes de condena del episcopado contra la organización terrorista. No obstante, no recordamos un documento tan contundente y esclarecedor como este, si bien sería deseable que, algún día, la Iglesia vasca realizara una honesta y valiente autocrítica sobre sus ambiguas tolerancias en el pasado respecto al tema del terrorismo de ETA.

Las observaciones de los obispos sobre los peligros de una eventual intervención militar en Euskadi no pueden ser más ponderadas, y responden al común sentir del ciudadano medio. Son fruto de una concepción lógica y moderna -y nada revolucionaria, desde luego- de la Junción de las Fuerzas Armadas en una sociedad civilizada, y avisan de riesgos tan obvios como preocupantes. Desde estas mismas páginas hemos tenido ocasión de señalar y esos peligros y la necesidad de limitar claramente, en el tiempo y en los objetivos, la involucración del Ejército en medidas policiales o de represión del terrorismo. Poi último, la llamada a las autoridades, y notablemente la referencia explícita a las responsabilidades del Gobierno autónomo y del partido que lo nuclea, no puede ser más oportuna, y entra dentro de la misma línea de servicio al ordenamiento constitucional.

El único reparo que podría ponerse así a la declaración es la constatación de la enorme repercusión, desproporcionada respecto a los contenidos, que toda opinión episcopal adquiere aún entre nosotros, en virtud del poder real detentado por la Iglesia católica en la comunidad civil. Este poder es el que en repetidas ocasiones nos ha llevado a reclamar una mayor neutralidad eclesiástica en los asuntos temporales y una menor arrogancia en las intervenciones de la jerarquía sobre cuestiones públicas. Y si es criticable, como lo es, que los órganos de Prensa golpistas, los partidos políticos clericales y las oficinas de Prensa del Gobierno protesten por esta intromisión eclesial, cuando no lo hicieron por otras anteriores, sólo porque el contenido del actual documento no les gusta, tampoco sería admisible que, por estar de acuerdo con los análisis y recomendaciones de esta carta pastoral, silenciáramos que nos sigue pareciendo detestáble esta manía eclesiástica de permanente tutela de la sociedad civil. Precisamente, a ninguna otra institución como la Iglesia, después de las Fuerzas Armadas, son tan aplicables las advertencias de los obispos vascos sobre la necesidad de evitar presiones institucionales extrañas al normal funcionamiento del Estado. Y tan necesario es evitar tener una democracia tutelada por las armas, como coartada por las casullas. La triste constatación de que las casullas y las armas han ido no pocas veces unidas en nuestras guerras civiles, y de manera especial y rotunda en los históricos y sangrientos conflictos que han asolado repe tidas veces el País Vasco, no debería haber sido olvidada o evitada en el documento episcopal.

Este especial poder de la Iglesia católica está reconocído hasta en la. propia Constitución. Los legisladores de nuestra carta magna realizaron una niención explícita de la importancia del catolicismo en nuestro país y de la tradicional implantación en España de la Iglesia, cuyos representantes tuvieron buen cuidado de que eso se hiciera. Por esa razón, no es lo mismo emitir opiniones políticas desde las páginas de un periódico o la tertulia de un café que desde un púlpito. Otra observación que cabe formular es la sorpresa que para muchos ciudadanos puede representar la discordancia entre esas loables opiniones y las que, en el presente o en el pasado, han expresado, acerca de los sistemas políticos preferidos por la jerarquía, otros prelados. Sin contar con los pronunciamientos de la jerarquía, constituida en Conferencia Episcopal, sobre proyectos de ley que se debáten en el Parlamento. Porque una cosa es respaldar un sistema político de forma global en función de sus valores (garantía de las libertades y de los derechos humanos, igualdad ante la ley, legitimación de los gobernantes por su condición de representantes de la soberanía popular), y rechazar cualquier variante de dictadura, como han hecho los obispos vascos, Y otra cosa muy distinta es interferir el funcionamiento de ese sistema desde dentro mediante presiones extraparlamentarias sobre diputados y gobernantes.

Dicho esto, permanezca no obstante nuestro reconocimiento por la valentía y el coraje de los obispos vascos al publicar la pastoral, y nuestro acuerdo en los puntos fundamentales de sus análisis, valoraciones, juicios, predicciones y recomendaciones. Y la reflexión añadida de que, caso de ser inevitable que los prelados opinen organizada y públicamente sobre cuestiones que afectan a la vida política nacional, y hasta internacional, como el propio Papa acostumbra, al menos lo hagan para salir en defensa de los derechos humanos y de la libertad, que tantas veces olvidan a la hora de defender los intereses sectoriales de la institución a la que representan.