La concesionaria de la autopista astur-leonesa pide la participación del Estado en las obras

La inquietud existente por los sucesivos retrasos en la finalización de la obra, la falta de un control suficiente porque el adjudicatario tiene casi el 50% de las acciones de la sociedad adjudicante y la lejanía del horizonte de rentabilidad de la explotación, han conducido a algunos socios financieros de la concesionaria de la autopista astur-leonesa, Aucalsa, a proponer la cesión de parte de sus acciones al Estado.

José Ramón Fernández Cuevas, director general de la Caja de Ahorros de Asturias, recomendó al Consejo de Administración de esta entidad la venta al Estado de parte de su participación en Aucalsa -tiene el 19% del capital- en el transcurso de la última reunión del Consejo de Administración de la Caja. En la misma, Víctor Zapico, consejero regional de Transportes y militante del PCE, puso de manifiesto sus dudas sobre la eficacia del control de las obras cuando la constructora, Huarte y Compañía, tiene casi el 50% del capital de la concesionaria Eucalsa, principal encargada de su vigilancia.

Algunos otros socios, entre ellos la Caja de Ahorros de León, están igualmente interesados en la participación del Estado en Aucalsa, aunque podría haber resistencia por parte de Huarte, según ha trascendido. Por el contrario, fuentes de Aucalsa aseguraron ayer a EL PAIS que todos los socios de esta concesionaria, los financieros y la constructora, aceptarían de buen grado la participación del Estado.

Las obras comenzaron hace cinco años

Las obras de la autopista que unirá Castilla y Asturias dieron comienzo hace cinco años, con un presupuesto total de 19.505 millones de pesetas. La terminación estaba prevista para 1981. Según las últimas estimaciones de los directivos de Aucalsa, la obra finalizará en 1983, con un coste total aproximado de 50.000 millones de pesetas. Estas estimaciones son consideradas excesivamente optimistas por quienes observan que durante cinco años solamente fue realizado el 50% del total de la obra. La autopista tendrá dos calzadas desde su inauguración, excepto en la zona de los túneles, que no será desdoblada hasta alcanzar una circulación de 10.000 vehículos diarios -el tráfico por el puerto de Pajares es actualmente de 5.000 vehículos al día-. Para el PCE, la explotación de la autopista no será rentable más allá del año 2000, motivo por el que no comprende las causas de la enorme inversión que realiza Huarte y Compañía, a través de Aucalsa, a menos que la viera compensada en la propia construcción. Aucalsa adjudicó regularmente los tramos a Huarte.Horacio Fernández Inguanzo, diputado comunista por Asturias, denunció en una pregunta dirigida al Gobierno a través del Congreso, la adjudicación de algunas obras de la autopista, cuando ya estaban prácticamente terminadas. En una de sus intervenciones en el Parlamento llegó a afirmar que, si tal operación era legal, no por ello dejaba de ser inmoral. «¿No será -se pregunta- que la concesionaria, convencida de la inviabilidad económica de la concesión, aspira a engordar el coste de la autopista, preparando ya su futura quiebra, una vez asegurado el beneficio como constructora de la obra civil?».

La autopista se encuentra, pues, en entredicho. Esta puede ser la principal razón que mueve a algunos socios de Aucalsa a solicitar la participación mayoritaria del Estado en la concesionaria, como garantía de que las obras finalizarán lo más pronto posible, de que los tramos restantes puedan ser adjudicados a empresas distintas de Huarte y de un control estricto y permanente del desarrollo de los trabajos. Con esta operación, la presidencia de Aucalsa, cuyo titular es un hombre de Huarte, pasaría a ser designada por la Administración. Es significativo que pida la participación del Estado José Ramón Fernández Cuevas, que es vicepresidente de la concesionaria.

El Gobierno da largas

Entre tanto, el Gobierno da largas a la solicitud hecha por Aucalsa al Estado de 15.200 millones de pesetas para avalar una petición de crédito de 29.000 millones de pesetas en los mercados exteriores, con la finalidad de poner en explotación la primera fase de la autopista en 1983. La concesionaria justifica los retrasos de la autopista en el cierre del mercado Interior de capitales, en la fijación de cupos insuficientes de recursos exteriores y en las modificaciones introducidas en el proyecto, tales como las variaciones del trazado y la ejecución de gran parte de la segunda fase. Por otra parte, las inversiones han sufrido un incremento del 27%, como consecuencia, según Aucalsa, del aumento de las unidades de obras.Fuentes competentes han manifestado a este periódico que el Gobierno está interesado en dar participación al Estado en la concesionaria para imprimir una mayor seriedad y garantías suficientes a esta obra, que actualmente se encuentra prácticamente paralizada por dificultades financieras. Su decisión sobre la concesión de los avales solicitados podría estar en función de la participación en la autopista, según la tesis de las mismas fuentes.