El partido gubernamental, acusado de manipular fondos públicos con fines electorales en Lugo

La Diputación Provincial de Lugo distribuyó cincuenta millones de pesetas, concedidos por el Ministerio de Hacienda, para paliar los daños catastróficos causados por las inundaciones en el invierno de 1978-1979, entre los organizadores de cada municipio de la campaña electoral de UCD, según han denunciado Alianza Popular (AP) y los nacionalistas del Bloque Nacional Popular Gallego (BNPG), quienes, además, en la última sesión, de la Corporación provincial -y a excepción de dos representantes del primero de los partidos políticos-, votaron en contra de la propuesta de dicha subvención por considerar que no se ajusta a la realidad.

La denuncia realizada por AP y el BNPG sobre la posible utilización de fondos públicos en beneficio de un particular o de un partido político ha dado origen a una importante polémica en el seno de la Diputación lucense. Se ha llegado incluso a especular con la posibilidad de que quede roto el pacto que los diputados aliancistas venían manteniendo con los centristas. Incluso se asegura que existieron negociaciones entre UCD y AP para distribuir convenientemente la cantidad de dinero, intentando los centristas, con ello, pactar el silencio de la denuncia pública.En opinión de los responsables del partido aliancista, los cincuenta millones asignados para la reparación de carreteras y caminos provinciales deberían de ser ingresados en el fondo de planes provinciales o bien ser administrados por los propios ayuntamientos, pero nunca por particulares, por carecer éstos de autorización municipal para efectuar obras. El diputado provincial del Bloque, Manuel Castiñeiras, aseguró a EL PAÍS que el acuerdo adoptado por el pleno corporativo de la Diputación de Lugo de asumir el reparto de los cincuenta millones de pesetas supone «la manipulación más grave de las corporaciones locales desde las elecciones municipales por parte de la UCD. Con este acuerdo se pretende, claramente, malgastar fondos públicos y utilizar el dinero de todos para pagar los votos de UCD, porque las personas que aparecen en cada municipio de la provincia como perceptoras de las cantidades asignadas son personas del partido del Gobierno que organizaron las elecciones municipales, así como los cabezas de lista».

En opinión de Manuel Castiñeiras, esta actuación es un atentado «gravísimo contra la soberanía de los ayuntamientos, es una prueba más del caciquismo provincial».

Por su parte, Luis Cordeiro (UCD), presidente de la Diputación Provincial de Lugo, desmintió a este periódico, de forma categórica, todas las acusaciones vertidas sobre esta distribución de fondos, señalando que «no soy tan tonto, y si quisiera hacer una barbaridad de este tipo no lo haría de esta forma tan burda».

El presidente del ente provincial relató que los cincuenta millones de pesetas fueron concedidos a la comisión provincial de colaboración del Estado con las corporaciones locales». «Todavía no sabemos por qué fueron enviados a esta Diputación; cuando hablan de perceptores de las subvenciones me da la impresión de que los diputados denunciantes no estuvieron en la última sesión, porque lo que se aprobó fue que las cantidades se paguen a los proveedores o suministradores de materiales para las obras, previa presentación de facturas o certificaciones expedidas por un técnico competente, y siempre con la conformidad de las personas que, para cada municipio, se indican en la relación, cuya identidad todavía se desconoce».

Luis Cordeiro mostró en repetidas ocasiones su sorpresa por el hecho de que la cantidad fuese remitida a la Corporación provincial, «pero al tenerla aquí teníamos que adjudicarla o renunciar a ella», sentenció.