Abrumadora mayoría contra las enmiendas a la totalidad de la ley de Defensa de la Constitución

Sólo nueve votos afirmativos, frente a 281 negativos y dos abstenciones, obtuvieron las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de Defensa de la Constitución y sobre terrorismo, defendidas por Blas Piñar y Fernando Sagaseta. Juan María Bandrés también defendió una enmienda solicitando la devolución al Gobierno del proyecto de ley, pero la retiró en el último momento, al no existir cauce reglamentario para que se votara separadamente la suya de la del diputado ultraderechista Blas Piñar. El conjunto de la ley fue aprobado por 301 votos a favor y tres en contra, sin abstención alguna.

Los nueve votos afirmativos a las enmiendas a la totalidad correspondieron a los tres diputados que las habían presentado y a los diputados centristas Rodríguez Alcaide y Carlos Sentís, los comunistas Pilar Brabo y Josep María Riera, el socialista catalán Valentín Antón y Josep Pi Suñer, de Esquerra Republicarra de Cataluña. Las dos abstenciones fueron de los diputados de Coalición Democrática José María de Areilza y Antonio de Senillosa, cuyos alegatos en contra del proyecto de ley a través de las páginas de EL PAÍS fueron elogiados por Sagaseta.La primera enmienda a la totalidad fue defendida por Blas Piñar, quien manifestó que sólo se defiende lo que está afectado de debilidad interna o no tiene viabilidad. Dijo que los propios preceptos de la Constitución son suficientes para defenderla a través del artículo 55, sobre suspensión de derechos, y del desarrollo del mismo en la ley Antiterrorista. Estimó que el proyecto de ley vulnera el derecho a la libertad ideológica y de expresión y de la propiedad privada.

Blas Piñar aseguró que lo que está en crisis no es la Constitución, sino la sociedad española, en parte a causa de una Constitución con excesivos pormenores, ambigüedades, habilidades y contradicciones. Entre los puntos criticables de la Constitución destacó la regulación de las autonomías, el término «nacionalidades», la abolición de la pena de muerte, entre otros. Cuando Blas Piñar aseguró que toda la Cámara estaba de acuerdo en el diagnóstico de la situación, desde la izquierda se escucharon voces de «no, no». Piñar insistió en que el diagnóstico era general, aunque variara la terapéutica a aplicar. Concluyó pidiendo la revisión del texto constitucional en lugar de una defensa que conculca la propia Constitución..

Sagaseta: "Una trampa contra los demócratas"

Para el diputado de Unión del Pueblo Canario Fernando Sagaseta, la devolución al Gobierno del proyecto de ley que solicitaba se basaba en que constituye, según él, «una trampa contra los demócratas y a favor de los fascistas y de sus siniestros desigillos reaccionarios». Recordó una frase de Miguel Herrero favorable a la libertad para todos, «incluso para los enemigos de la democracia», y la estimó premonitoria del frustrado golpe de Estado. Añadió que los residuos fascistas del antiguo régimen serán los llamados a aplicar la ley, mientras se olvidan cuestiones como las torturas al etarra Arregui, los malos tratos de la cárcel de Herrera de la Mancha, la negativa de los fiscales a firmar un documento en defensa de la Constitución y el nombramiento de Ballesteros como jefe del Mando Unificado de la Lucha Antiterrorista, a pesar, dijo, «de sus connotaciones dictatoriales».

Atribuyó a los partidos de la izquierda un trastorno mental transitorio al apoyar que se tipifique como delito la apología por astucia o por cualquier otro medio («ahí cabe todo», dijo) del delito de pretender modificar la Constitución. Frente al olvido del tejerazo, destacó que existe la obsesión política contra el terrorismo vasco, para practicar «no la política, sino la violencia, es decir, para echar más leña al fuego».

Bandrés: "Democracia conminada"

El diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés recordó que en la campaña del referéndum constitucional su grupo político destacó la parte positiva de la Constitución, aunque no pidiera su votación favorable. Desde esta óptica, aseguró que sería favorable a un proyecto de ley que verdaderamente pretendiera defender la Constitución y se opusiera al terrorismo de cualquier signo. Añadió que «este no es el caso». Se refirió al momento político en el que se denomina armonización al retroceso autonómico; democracia vigilante, a la democracia conminada, y defensa del castellano, a la intolerancia lingüística. En este clima, estimó lógico que se hable de defensa de la Constitución cuando se propone su vulneración.

Juan María Bandrés hizo un catálogo de las normas sustantivas existentes, que muestran la inexistencia de desprotección penal frente al terrorismo, tanto de paisano como de uniforme. Estimó suavizadas las medidas contra las empresas periodísticas, pero consideró no satisfactorio el proyecto de ley en este punto.

Especial énfasis puso el diputado abertzale en el derecho al juez ordinario establecido en la Constitución, y que el proyecto de ley vulnera, al establecer la competencia de la Audiencia Nacional y los juzgados centrales para el conocimíento de los delitos que contempla.

El díputado centrista Javier Moscoso se pronunció contra las tres enmiendas a la totalidad y justificó la oportunidad del proyecto de ley. Aseguró que es difícil que quieran defender la Constitución quienes no la votaron favorablemente en su momento. Manifestó que el grupo centrista es particularmente sensible a la libertad de información, que en ningún momento queda limitada por la nueva ley. Aseguró que los peores enemígos de la Constitución son «los terroristas y los falsos patriotas». Criticó la falta de asistencia de Bandrés a la ponencia y le contestó que la competencia de la Audiencia Nacional está justificada por afectar los delitos de terrorismo y contra la Constitución a toda la población española.

Moscoso dijo que no había entendido a Sagaseta, a lo que el diputado canario replicó que no quería entenderle. Sagaseta manifestó que cualquiera que haya leído El Alcázar durante los últimos meses ha podido comprobar la incitación al golpe, sin que se haya hecho nada por los poderes públicos. En contraste con esta actitud, destacó que UCD aprovecha el fallido golpe para recortar las libertades, entre ellas la de expresión.

Para fijar la posición de los grupos parlamentarios intervinieron representantes de los grupos Socialista, Coalición Democrática y Comunista, todos ellos favorables al proyecto de ley. El socialista vasco Enrique Múgica calificó de liberticidas a quienes atentan contra la Constitución y contra su defensa, y aseguró que detrás del proyecto de ley a debate se encuentra la mayoría del pueblo español, que el día 27 de febrero último salió a las calles para demostrar que está contra el golpismo. El también socialista Leopoldo Torres declaró que el proyecto de ley no gusta a quienes tienen el chantaje de las metralletas o a quienes, de estar en el poder, yugularían las libertades.

Por Coalición Democrática, Manuel Fraga estimó que la defensa del orden constitucional responde a una vieja tradición jurídica. Estimó importante el proyecto de ley, mejorado por la ponencia y la comisión. Respecto al recorte a la libertad de Prensa, manifestó que las libertades no son absolutas, sino que sus abusos pueden resultar destructivos. Sobre las reticencias de Bandrés a la competencia de la Audiencia Nacional, Fraga dijo que los jueces ordinarios del País Vasco no pueden ejercer normalmente sus funciones.

El comunista Josep Solé Barberá destacó la importancia de la ley, ,que ha llegado al Parlamento de la mano de un ministro determinado (se refería al de Justicia, Fernández Ordóñez), aunque añadió que no, deseaba personalizar. Estimó la Constitución de todos y criticó al Gobierno por no haber realizado una negociación previa con los grupos parlamentarios.

Apologia de la rebelión militar

En el debate del articulado, la única novedad importante fue la aceptación de una enmienda transaccional centrista que recogía criterios expuestos por el Grupo Comunista, según la cual se arnplía la figura de apología de la rebelión a la de apología de la rebelión militar. El artículo 216 bis A contempla, pues, tras el debate de ayer, que se impondrá la misma pena que a los reos de apología de la rebelión a aquellos señalados como culpables de apología de la rebelión militar. El comunista Solé Barberá, cuyo grupo fue el padre de la enmienda, explicó que desde el punto de vista jurídico «queremos que haya tribuna es concretos que puedan cerrar un medio de difusión sin tener que acudir a los tribunales militares, es decir, dejar estos casos en manos de la jurisdicción civil».

Solé explicó también que le parecía necesario establecer la figura de apología de la rebelión militar cometida por un civil. «El delito en sí es militar, pero el Código de Justicia Militar, sólo castiga la apología del delito ya cometido, mientras que nuestra enmienda da a la apología una configuración autónoma, en la que incluye las situaciones en las que existe apología de hechos que aún no se han producido». El representante comunista señaló que no se trataba de establecer una fórmula legislativa en la que alguien pudiera presumir de victoria. «De esta ley», dijo, «no podremos vanagloriarnos nunca».

Javier Moscoso, del Grupo Centrista, manifestó que los miembros de UCD habían sido sensibles a los argumentos comunistas, y que, por tanto, admitían la enmienda con un lígero cambio de redacción, ya que llenaba una laguna existente

Junto a la admisión de esta enmienda sólo se produjo otra votación importante: la de la disposición adicional, que deja en manos de la Audiencia Nacional y de los juzgados centrales la competencia para el conocimiento de los delitos a que hace referencia la ley. El representante andalucista Aguilar pidió que se suprimiera la competencia de la Audiencia Nacional, porque, a su juicio, implica una visión centralista del Estado. El comunista Solé Barberá se expresó en el mismo sentido. Javier Moscoso se opuso a la supresión expresada, diciendo que la Audiencia Nacional no es una jurisdicción especial, «sino un tribunal tan digno como cualquier otro».