El Senado aprecia la necesidad de dictar una ley de armonización de las autonomías

El Pleno del Senado apreció ayer la necesidad de dictar una ley de armonización de normas de las comunidades autónomas en materia de uso de los términos nación y nacionalidad, de garantía del uso del idioma castellano, condición de ciudadano de una comunidad autónoma y acatamiento del orden constitucional por parte de todas las autoridades. La aprobación, con la que el Gobierno ha quedado autorizado para enviar un proyecto de ley sobre estos temas, fue contestada principalmente por los senadores catalanes, la mayoría de los cuales se abstuvieron o votaron en contra.

El resultado fue de 152 votos a favor, de socialistas, centristas y la mayoría del Grupo Mixto; cuatro en contra, de los catalanes Rahola, Casanellas, Torres y Ferrer i Gironés, los primeros de Esquerra Republicana de Cataluña, y el último, independiente, y catorce abstenciones, del grupo vasco; el independiente por Menorca, Tirso Pons; Pere Portabella y los socialistas catalanes.A diferencia de lo ocurrido en el Congreso de los Diputados, donde bajo el tema de la armonización latía el temor de los socialistas a un cambio de la ley Electoral perjudicial para ellos, el Senado, cuyo sistema electoral mayoritario le aleja de este problema, se centró más en los aspectos propios de la iniciativa del Gobierno, especialmente en el tema de la lengua, y más concretamente la situación en Cataluña.

Fueron precisamente los senadores catalanes los protagonistas de la contestación, mientras el grupo vasco hacía una oposición que casi pasó inadvertida. La actitud catalana fue, por otra parte, duramente criticada por el portavoz de UCD, Francisco Villodres, quien sostuvo que en la actualidad hay serias y lícitas reservas sobre el tratamiento que al problema de la lengua se está dando en Cataluña.

El ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, presentó la iniciativa afirmando que es necesaria en los momentos actuales para perfeccionar el Estado, facilitar el proceso autonómico y garantizar los principios que deben presidir éste. Añadió que no puede hablarse de oportunismo, ya que el tema fue inicialmente aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre.

Según Martín Villa, el Gobierno está dispuesto a asegurar la singularidad, la dignidad, el prestigio y la eficacia de las autonomías, pero tiene que adoptar también las medidas indispensables para garantizar la dignidad, el prestigio y la eficacia del Estado. El ministro, reafirmó que las regiones y nacionalidades autónomas no son simples instituciones descentralizadas, pero sólo la nación española posee la soberanía.

Solidaridad autonómica

«El Estado de las autonomías sólo será viable», afirmó, «si todos los poderes públicos, cualquiera que sea su nivel territorial, son capaces de ejercer solidariamente sus potestades y atribuciones. El Gobierno pretende, con la futura ley de armonización, dar mayor rigor político al proceso autonómico, asumir y hacer que se asuma el modelo autonomista en su conjunto, y que todos observen los valores de unidad, solidaridad e igualdad que la Constitución ha impuesto».

Explicó después los detalles de las pretensiones del Gobierno sobre las materias en cuestión, y dijo que la ley de Armonización que se propugna no es un frenazo al proceso autonómico, aunque éste necesita una progresiva clarificación. Por último, afirmó que esta iniciativa sólo podría suponer un agravio para quienes puedan albergar la intención de incumplir la Constitución o los estatutos aprobados.

El único turno reglamentariamente a favor de la propuesta fue consumido por el centrista Julio Nieves, quien defendió la conveniencia y oportunidad de la misma, por la necesidad técnica de dar un tratamiento unitario a las cuestiones recogidas en ellas » Sostuvo la tesis de que puesto que el artículo 150 de la Constitución, en el que se basa la iniciativa, no contiene ningún condicionamiento temporal, es mejor realizar la armonización antes de que se elaboren las normas autonómicas que afectan a estos temas,

El portavoz vasco Ramón Bajo Fanlo sostuvo una posición contraria, afirmando que para realizar esa armonización sería necesario que previamente existieran las normas que haya que armonizar, y puesto que no existen, manifestó su creencia de que en realidad se trata de establecer unos criterios a los que hayan de ajustarse las futuras normas, lo cual supone reformar de hecho los Estatutos de Autonomía.

Pere Portabella, senador representante de la Generalidad de Cataluña, criticó duramente la iniciativa del Gobierno afirmando que no es oportuna en el contexto actual, en el que hay que contar también la preparación de otras leyes importantes. Portabella afirmó que no se puede seguir retrocediendo, sino que los momentos delicados por los que estamos pasando requieren rnoderación y tacto, pero no sometimiento ni demagogia.

Resaltó la paradoja de que para defender la Constitución se hagan leyes que recortan la democracia.

Desbarajuste del Gobierno

En la misma línea, el socialista catalán Joan Prat dijo que las causas de la necesidad de la armonización no están en supuestos incumplimientos de la Constitución, sino en el desbarajuste autonómico de la política del Gobierno. A este respecto afirmó que su grupo está dispuesto a comprometerse en un proyecto autonómico, con objetivos serios y sólidos, y no orientado a servir intereses coyunturales o a intenciones cuyas consecuencias pueden ser dramáticas.

Juan José Laborda, portavoz del Grupo Socialista del Senado, adelantó que éste no está en desacuerdo con la iniciativa del Gobierno, aunque sí con algunos de sus criterios. También dijo que ,los socialistas no están de acuerdo con la interpretación de que haya que rectificar algo mal hecho, sino que en todo caso hay que culpar al Gobierno que nunca ha tenido un proyecto claro, y ha confundido sus intereses con los del Estado en esta materia.

El portavoz centrista Francisco Villodres sostuvo que a la vista de la situación es necesaria una clarificación sobre algunas materias, no para poner obstáculos a las autonomías, sino para evitar que la rigidez de un Estado centralista sea sustituida irresponsablemente por la disgregación y la confusión que algunas actuaciones provocan al abrigo de los procesos autonómicos.

El portavoz de UCD defendió la tesis de que en materias como el uso de los términos nación y nacional, el idioma y la educación existen serias y lícitas reservas sobre el tratamiento que reciben.

La intervención de Villodres provocó la inmediata pregunta del portavoz socialista, en el sentido de si el ministro ratificaba las palabras del portavoz de UCD. Martín Villa, cerrando el debate, eludió este requerimiento y en una intervención apaciguadora dijo que el Gobierno sólo trata de salvar valores que son de todos, y que, por tanto, no pretende monopolizar. Afirmó que el diálogo con las comunidades no ha faltado, sino todo lo contrarío,

Modificación del Código Civil en materia de filiación

El Pleno del Congreso comenzó a última hora de la tarde de ayer el debate del proyecto de ley, por el que se modifica el Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio. El ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, presentó el proyecto aludiendo a los preceptos constitucionales que garantizan la igualdad ante la ley, la prohibición de discriminación por razón de nacimiento o sexo, y el mandato de permitir la investi gación de la paternidad.

Resaltó que hasta las modificaciones que se discuten estos principios chocaban con la concepción vigente del derecho de familia, que calificó de romana y medieval. El cambio que se propone, añadió, es simplemente la respuesta legislativa al profundo cambio operado en la sociedad.