La reforma electoral en proyecto tiende a eliminar partidos regionales y evitar rupturas en los estatales

Fuentes políticas dignas de crédito atribuyen al Gobierno la intención de reformar la ley Electoral, en el sentido de exigir un 5% de votos a nivel nacional como mínimo necesario para obtener representación en el Parlamento. Si los españoles votaran en el futuro como lo hicieron en 1979, la barrera del 5% eliminaría de las Cortes Generales a los partidos regionales, e incluso podríamos asistir a la transformación en extraparlamentarios de líderes como Garaikoetxea, Pujol, Rojas Marcos, Bandrés y Sagaseta -y también de Blas Piñar-. Se encuentra en estudio un sistema para salvar al PNV y a la Minoría Catalana, pero no cabe duda de que las modificaciones, pueden suponer cambios profundos en el sistema político.

Los defensores de un mínimo tan alto alegan que la reducción del número de partidos con representación parlamentaria es un factor de estabilidad; los enemigos de tal sistema se llevan las manos a la cabeza al preguntarse cómo es posible que se intente eliminar del Parlamento español a los partidos regionales en plena construcción del Estado de las autonomías. Para comprender lo elevado de la barrera que pretende levantarse, baste decir que un millón de votos pueden ser insuficientes para obtener representación parlamentaria: Coalición Democrática, cuarta formación política de este país, apenas rebasó esa cifra en 1979.Si el primer decreto-ley sobre régimen electoral sirvió para liquidar la sopa de siglas de 1977, dando lugar el 15 de junio a lo que entonces se denominó «bipartidismo imperfecto», las elecciones de marzo de 1979 constituyeron una amarga decepción para quienes trataban de polarizar la importancia política de aquellos comicios en una lucha UCD-PSOE, codo con codo. Inesperadamente, las urnas abrieron un hueco importante a los partidos nacionalistas, y las sucesivas elecciones de caracter autonómico confirmaron la pérdida de fuerza de los partidos estatales y el afianzamiento de los partidos regionales.

A nadie se le escapa que una reforma tan importante como la que se proyecta -cuya almendra es la elevación del mínimo para acceder al Congreso, hasta ahora situado en el 3% a nivel provincial- tiene su más importante defensor en el partido gubernamental. También es evidente que el PSOE no haría ascos al tema, aunque discuta tal o cual aspecto. A preguntas de EL PAIS, varios dirigentes socialistas han preferido aplazar toda respuesta a «recibir los papeles del Gobierno», mientras el portavoz de la Minoría Catalana, Miguel Roca, contestó lo siguiente: «Sería muy bueno que la noticia fuera falsa; creo que en estos momentos es más útil ocuparse del paro y de la inseguridad ciudadana que de modificar la ley electoral». Portavoces del PNV han mostrado también su preocupación por ese proyecto.

El problema autonómico

Toda reforma electoral suele resultar polémica, sobre todo si tiene efectos profundos sobre la configuración del sistema político. Pero importa aclarar que el origen inmediato del proyecto de reforma no está sólo en la delicada situación de la democracia en España, acosada por golpistas y terroristas. Las tentaciones de ruptura interna del partido gubernamental es una posible explicación, aunque el dato esencial reside en el fracaso de los partidos de «ámbito nacional» en las comunidades autónomas ya institucionalizadas. Este último proceso ha resultado catastrófico para UCD, escasamente brillante para el PSOE y desastroso para el PCE, mientras Alianza Popular no levanta cabeza en las citadas comunidades.

Altas fuentes gubernamentales justifican la propuesta de modificación con ejemplos simbólicos: «No va a estar el Rey recibiendo continuamente a Sagaseta». Pero algunos ejemplos de política-ficción pueden darnos una medida más exacta de los motivos de la reforma: si un sector de la actual UCD pretendiera desgajarse y presentarse «por libre», el mínimo del 5% puede desalentar tal proyecto; si algún sector político tuviera la intención de lanzar un partido nuevo, las cosas serían ahora menos fáciles; si el electorado de algunos partidos regionales «se convence» de que es inútil votar a los de 1979 -y no se abstiene en masa-, probablemente reforzaría el respaldo de los partidos nacionales.

Sería inexacto decir que las modificaciones estudiadas por el Gobierno obedecen a una transformación profunda del sistema proporcional previsto en la Constitución; la proporcionalidad se mantendría, sólo que serían muchos menos los llamados a repartirse los escaños disponibles. En la República Federal de Alemania, país en el que está inspirada la reforma española, fue necesaria una intervención del Tribunal Constitucional para determinar que un mínimo del 5% a nivel federal es compatible con la ley Fundamental (Constitución). Los resultados prácticos en la RFA responden al conocido fenómeno de un sistema de tres partidos -democracia cristiana (CDU), socialdemocracia (SPD) y liberales (FDP)-, que, al parecer, el equipo del ministro Martín Villa trata de traducir en un sistema español de cuatro partidos (Alianza Popular, Unión de Centro Democrático, Partido Socialista Obrero Español y Partido Comunista de España).

Para evitar que sectores cualitativamente importantes, como el PNV y Convergencia i Unió, queden totalmente eliminados del Parlamento español, se encuentra en estudio un sistema de distribución de restos capaz de asegurar representación parlamentaria a ambas formaciones, siempre que mantenga, al menos, su nivel de votos de las últimas elecciones.

Algunos expertos consideran posible un sistema intermedio, que produjera algunos de los efectos buscados por los autores del proyecto, pero sin que sus consecuencias fueran tan drásticas. Esa solución intermedia consistiría en situar el mínimo legal en el 5 % a nivel regional, lo cual eliminaría pequeños partidos con representación unipersonal en el Congreso, pero no sería obstáculo para que Herri Batasuna, Euskadiko Ezkerra o el Partido Socialista de Andalucía accedieran a las Cortes, siempre en el supuesto de un nivel de votos parecido al de 1979.

Conviene aclarar que el sistema electoral no prejuzga de antemano cuáles serán los partidos que cumplirán sus condiciones para obtener representación parlamentaria, pero está claro que las elecciones precedentes han contribuido ya a dar una idea del respaldo popular que cada uno puede esperar.