Las minorías nacionalistas no aceptan los planes autonómicos de Martín Villa

Rodolfo Martín Villa detendió la futura ley de armonización y recordó que, aunque la iniciativa formal procede de la reunión del Consejo de Ministros del 13 de marzo último, la decisión inicial fue adoptada por, el Gobierno el 22 de diciembre del pasado año. Con ello, el ministro de Administración Territorial pareció querer alejar del ánimo de la Cámara las influencias extraparlamentarias que habían inducido al Gobierno a efectuar la propuesta a las Cortes Generales. Sin embargo, la existencia de presiones derivadas de los acontecimientos vividos por el Parlamento los días 23 y 24 de febrero quedaron de manifiesto, al menos en las intervenciones de los diputados andalucistas, nacionalistas vascos y de la Minoría Catalana.Concertación Gobierno-oposición

En cuanto a la posición de la izquierda, en fuentes parlamentarias solventes se manifestó a EL PAIS el disgusto por no haber concertado esta materia previamente con los grandes partidos de ámbito estatal. La actitud favorable a la pregunta gubernamental por parte de la izquierda encuentra su justificación, según fuentes nacionalistas, en los pactos en marcha entre el Gobierno y los principales partidos estatales para modificar la vigente normativa electoral, de modo drásticamente perjudicial para los partidos nacionalistas.

El ministro de Administración Territorial aseguró que el título VIII de la Constitución ha querido sentar las grandes bases de resolución de un problema histórico, a la vez que superar la crisis de un Estado articulado por esquemas decimonónicos, desfasados e infecundos. Sin embargo, en el proceso para pasar de un sistema político centralizado a un Estado moderno es preciso, segun dijo Martín Villa, que el Estado ejerza la capacidad de homogeneización y armonización. Anunció que la ley pretendida se inscribe dentro de la confección global de nuestra política autonómica.

En cuanto a los criterios gubernamentales para la futura ley, detalló que en las disposiciones normativas, actos administrativos y documentos oficiales, el término nación sólo puede usarse cuando se refiere a la nación española, y el término nacional sólo debe referirse a situaciones, hechos, circunstancias o instituciones que afecten a dicha nación. En cambio, los términos nacionalidades y regiones sólo adquieren personalidad, según dijo, «dentro de la indisoluble unidad de España y de la organización territorial del Estado».

Asimismo, explicó la necesidad de armonizar el uso y enseñanza del idioma castellano en todo el territorio nacional, poniendo el énfasis en la garantía del derecho que tienen los ciudadanos españoles de poder recibir enseñanza en cualesquiera de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas.

Por último, Martín Villa se refirió a la procedencia de regular legalmente la condición política de pertenencia a una comunidad autónoma, así como la necesidad de que los poderes públicos se sometan, de forma manifiesta y expresa, a la Constitución, para lo que estimó absolutamente necesario establecer que todas las autoridades, miembros y titulares de cargos y órganos autonómicos -«que son Estado también», apostilló- juren o prometan guardar y hacer guardar la Constitución.

Dura oposición nacionalista y entusiasmo de Fraga

Las intervenciones de los grupos nacionalistas señalaron en seguida las distancias con la propuesta gubernamental. El andalucista Miguel Angel Arredonda recordó el momento en que se producía la iniciativa del Gobierno, y manifestó la conveniencia de «no sucumbir ni mostrar debilidad ante determinadas actitudes de fuerza. Quienes piden hoy una ley como ésta, otro día pueden querer la su presión de las autonomías». Añadió que «quienes mantienen tales actitudes no nos van a respetar más porque cedamos en mayor medida».

Arredonda se refirió también al peligro de agrandar el problema que se pretende resolver, a que la ley en proyecto «nos meta en un avispero y en un callejón sin salida». Aseguró que, por razones de Estado, lo más prudente sería que el Gobierno retirara su propuesta.

Por el Partido Nacionalista Vasco (PNV), Marcos Vizcaya resaltó la importancia de la materia y el precedente que significa la interpretación, por primera vez, del párrafo tercero del artículo 150 de la Constitución, para tocar o modificar dos leyes orgánicas estatutarias: los estatutos de Guernica y Sau. Vizcaya declaró que, en su opinión, la auténtica finalidad de la ley no es el interés general, sino que la apelación a esta razón «nos parece un subterfugio no para armonizar, sino para rebajar los niveles de los estatutos».

En nombre del PNV anunció que no sumaría su voto afirmativo, y calificó de inconstitucional la comunicación del Gobierno, ya que, de acuerdo con la letra del artículo constitucional invocado («el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas ... »), la ley armonizatoria (sic) debe referirse a normas ya existentes, y si de lo que se trata es de reformar los estatutos de autonomía ratificados por referéndum popular, el Estado debe atenerse a los procedimientos de reforma previstos en los propios estatutos.

Por la Minoría Catalana, Miguel Roca abundó en muchos de los argumentos del diputado vasco, y estimó peligrosa la pretensión de armonización solicitada por el Gobierno. Invocó la doctrina jurídica para asegurar que la facultad constitucional de armonizar debe interpretarse restrictivamente y siempre sobre disposiciones preexistentes. En el caso de que el Gobierno pretendiera hacer una armonización preventiva, Miguel Roca denunció su posible inconstitucionalidad. Asimismo, declaró que el Gobierno, por la vía de la legislación ordinaria, puede dictar normas, como la del juramento de la Constitución, sin necesidad de recurrir a una petición a la Cámara que excede de la previsión constitucional.

Miguel Roca manifestó su extrañeza ante la urgencia solicitada precisamente ahora, y advirtió que «se puede dar la imagen de que va a echarse el freno a todo el proceso autonómico y de que en los momentos presentes se fomenta el clima de que las autonomías son las culpables, lo que provoca irritación ante una agresión injustificada». Finalmente apeló a su condición de ponente constitucional para recordar que, excepto Manuel Fraga, ninguno pensó en la posibilidad de esta utilización gubernamental cuando se redactó el artículo 150.3 de la Constitución.

Por Coalición Democrática, Manuel Fraga agradeció la buena memoria de Miguel Roca, y resaltó que siempre había dicho lo mismo respecto a la necesidad del fortalecimiento de España. En un tono de exaltación patriótica, Fraga declaró el día de ayer como «alto» y «grande» para la Cámara. Declaró que sólo se armonizarán las competencias actuales, ya que no se puede hacer lo mismo con los errores pasados. Afirmó la absoluta comprensión y simpatía de Coalición Democrática por la realidad regional, al mismo tiempo que su oposición a la insolidaridad, existencia de privilegios e insultos a España y a su bandera.

El "sí, pero" de la izquierda

El socialista catalán Ernest Lluch se refirió a las contradicciones del documento gubernamental, y en igual sentido intervino la socialista María Izquierdo, quien insistió en la necesidad de un proyecto de armonización, pero no de dar la conformidad a los criterios expuestos por el Gobierno. Pidió que las comunidades autónomas sean oídas durante los debates de la futura ley y criticó al Gobierno por hablar de concertación, pero no concertar.

El comunista Jordi Solé Tura expresó la complejidad de la posición comunista, que simbolizó en el «sí, pero», debido a las grandes reticencias que planteaba la propuesta gubernamental. Advirtió que la opinión pública debe conocer que los comunistas están en contra de los criterios gubernamentales de la futura ley, «que, en su día, enmendaremos».

La última intervención, obviamente favorable a la propuesta del Gobierno y de tono convencional, correspondió al centrista José María Martín Oviedo, al parecer por haber rechazado el portavoz del grupo, Miguel Herrero, la propuesta de Martín Villa para que interviniera en representación del grupo.

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