La Diputación rechazó ayer las reivindicaciones planteadas por los médicos del Hospital Provincial
La presidenta del Consejo de Administración del Hospital Provincial -antes Ciudad Sanitaria Provincial-, María Gómez Mendoza, rechazó ayer las reivindicaciones que los médicos del citado centro sanitario habían planteado a raíz de que la contratación de un anestesista sirviera de detonante del conflicto que actualmente enfrenta a los médicos con la dirección del hospital. Como consecuencia del rechazo de los puntos reivindicativos, los médicos han cursado ya la solicitud de huelga, que, según fuentes de la Corporación provincial, seria ilegal.
A las doce de la mañana de ayer, tal como estaba previsto, se celebró una entrevista entre la Comisión de médicos del Hospital Provincial, encabezada por los doctores García Gutiérrez, Rivas y Chico, con la presidenta del consejo de administración del centro. la diputada provincial socialista María Gómez Mendoza "y el encargado de Hacienda en la Diputación Provincial -propietaria del hospital-, el también diputado José Borrell.La entrevista en cuestión tenía por objetivo la búsqueda de una solución negociada al conflicto que enfrenta a los médicos del centro con la dirección del mismo después de que la contratación de un médico anestesista, por el plazo improrrogable de un año y por una sola vez, provocara la protesta airada del resto de los facultativos, lo que, a juicio de muchos, no suponía más que la defensa de los intereses de algunos médicos favorecidos a lo largo de años desde el gobierno provincial y concretados en la existencia de una clínica privada dentro del hospital, que era atendida por los médicos con los medios propios de aquél y en sus horas de trabajo.
Las reivindicacione del colectivo de los médicos del Hospital Provincial -conocido hasta ahora por Ciudad Sanitaria Provincial- se concretaban en tres puntos: cese del actual director técnico del centro, doctor José Luis Barros, considerado por ellos como el principal responsable de la situación por la que atraviesa la asistencia sanitaria en manos de la Diputación; sobreseimiento de los expedientes abiertos a dos profesores y que, mientras tanto, se levante la medida cautelar de suspensión de empleo y sueldo que pesa sobre ellos, y negociación de un convenio franja por el que los médicos se rigieran en sus relaciones laborales con la Diputación, al margen del resto de los trabajadores del Hospital Provincial.
Ninguno de los puntos ha sido aceptado por los rectores del centro hospitalario, en base a distintos motivos. Este hecho, según un comunicado hecho público ayer tarde por la comisión de médicos, ha conducido a que la solicitud de huelga legal, planteada fechas atrás en una asamblea de facultativos, haya sido formalizada.
A este respecto, la, propia María Gómez Mendoza aseguró ayer a EL PAIS que, si bien el escrito en el que los médicos plantean su solicitud de huelga legal lleva fecha de 20 de marzo -esto es, ayer mismo-, fue presentado en el registro general de la Diputación el día 18. «Eso equivale a decir», aseguró María Gómez Mendoza, «que la comisión se ha presentado esta mañana aquí, a negociar, teniendo ya presentada de antemano la solicitud de huelga».
La propia preisidenta del Consejo de Administración del hospital informó a la comisión de médicos -unos diez, en total-que los expedientes abiertos a los doctores Díaz Peñalver y Pereira no iban a ser sobresídos, de momento y que, antes al contrarlo, iban a ser activados todo lo posible, con el fin de concluirlos en el menor tiempo posible. Uno de los motivos que han retrasado la cumplimentación de los expedientes ha sido que uno de los jueces que han de encargarse de ella, el diputado responsable de Hacienda dentro de la Diputación, el socialista José Borrell, ha sido recusado por el expedientado, el doctor Pereira. «Si hay que levantar la suspensión de empleo y sueldo o si hay que sobreseer el expediente, que lo diga eljuez, en el momento en que llegue a serlo», dijo María Gómez Mendoza.
Por lo que respecta a la solicitud de que el doctor Barros, director técnico del hospital, sea destituido de su cargo, la presidenta del consejo de administración pidió de la comisión de médicos que le dieran sus razones por escrito y, según fuentes de la Diputación, aseguraron que no tenían por qué coincidir con las esgrimidas por otros médicos del colectivo. La entrega de ese escritlo será realizada en el plazo de una semana.
Por último, la negociación de un convenio franja no será admitida por la Diputación, toda vez que los médicos se han autoexcluido del comité de empresa existente, si bien los intereses de éstos serán siempre defendidos en el contexto global de la casa. Las reivindicaciones específicas planteadas ahora por los médicos -pago de las guardias, proporcionalidad simple en el aumento de sueldos, y no proporcionalidad inversa, como hasta ahora, y plus de locomoción, que ahora no cobran los facultativos- serán atendidias y «van por buen camino».
Ante la negativa de la Diputación a aceptar las tres condiciones de los médicos, éstos han convocado la huelga que tenían ya prevista para que se diera el caso de desacuerdo, aunque aseguraron ayer tarde su «voluntad de diálogo que posibilite el mantenimiento de la normalidad laboral». De todas formas, la diputada María Gómez Mendoza consideró ayer la huelga como ilegal, toda vez que su convocatoria no ha sido realizada ni por el comité de empresa ni por el 25 % del personal -cifra que no alcanzan los médicos por sí solos-, tal como estipula un real decreto-ley de marzo de 1977. En los próximos días se celebrará una nueva asamblea de los médicos, en la que se decidirá la postura a seguir en el problema.
