El juez Díaz de Aguilar concluye las investigaciones sobre el golpe en Madrid
El juez especial de la I Región Militar (Madrid), que instruye el caso del fallido golpe de Estado, general Díaz de Aguilar, ha remitido al Consejo Supremo de Justicia Militar la causa seguida por el asalto al Congreso de los Diputados, en la que se encuentran procesados cuatro efes y diecinueve oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil.La remisión al Consejo Supremo de Justicia Militar de la citada causa supone que el juez ha concluido ya sus investigaciones. A partir de ahora, es el juez especial, con autoridad en todo el territorio nacional, el general togado García Escudero, quien deberá decidir, a la vista de lo presentado por la autoridad judicial designada por la I Región Militar, si el informe es suficiente o si es necesario realizar nuevas diligencias o pruebas.
En caso de aceptarse el informe presentado por Díaz de Aguilar, ambas causas, la de ámbito nacional y la correspondiente a la Capitanía de Madrid, podrían quedar unificadas en una sola, cuya responsabilidad judicial correspondería al juez García Escudero, que, a su vez, depende del Consejo Supremo de Justicia Militar.
La causa del juez Díaz de Aguilar comprende el procesamiento, confirmado ya por el capitán general de Madrid, de cuatro jefes y diecinueve oficiales del Ejército de Tierra y de la Guardia Civil por presunto delito de rebelión militar. También en esta causa está incluido el único civil procesado por los citados sucesos, Juan García Carrés, al que se le acusa de un presunto delito de auxilio a la rebelión militar.
Los procesados. son los coroneles San Martín López y Manchado; el teniente coronel Tejero; el comandante Pardo Zancada, los capitanes Acera, Pérez de la Lastra, Muñecas, Ignacio Román, Abad Gutiérrez, Lázaro Corthay, Bobis González, Dusmet García-Figueras, Alvarez-Arenas, Cid Fortea y Pascual Gálvez, y los tenientes Izquierdo Sánchez, Núñez Ruano, Vecino Muñoz, Carricona Sánchez, Boza Carrasco, Alvarez. Fernández, Alonso Hernaiz, Ramos Rueda.
El abogado Guillero Salva, defensor del teniente de la Guardia Civil Alvarez Fernández, manifestó a Efe que «los sucesos del 23 de febrero constituyen materia sub júdice y un mínimo respeto al poder judicial sea éste civil o castrense, y exige que nadie, sea quien sea, y ocupe el cargo que ocupe, trate de interferirse en su esfera de competencia».
Añadió que todas aquellas personas, sea cual fuere su cargo, profesión, condición o situación, que se aventuren a imputar a otra u otras la comisión de un delito de la naturaleza apuntada, inexcusablemente deberán probar la existencia del mismo,
