Los cuatro enmendantes a la totalidad del proyecto pidieron la retirada del mismo

Después del discurso del ministro de Justicia, se defendieron las cuatro enmiendas a la totalidad que proponen la devolución del texto al Gobierno. El diputado de Izquierda Republicana de Cataluña Pi i Sunyer afirmó que se había mejorado el proyecto del Gobierno, pero que seguía encontrándole dos defectos principales: que no contemplara el divorcio por mutuo disenso y que hiciera necesario un proceso de separación previa al del divorcio.

El siguiente orador fue el diputado de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, quien presentó otra enmienda a la totalidad, considerando al proyecto de ley tardío y restrictivo. Bandrés se refirió seguidamente al intento de la jerarquía católica de presionar a la sociedad civil por medio de la Conferencia Episcopal y luego citó los que consideró aspectos negativos del proyecto, tales como el concepto de culpabilidad, la discriminación de sexos y las excesivas facultades concedidas aljuez,Habló después el centrista manuel Díaz Pinés, quien, tras citar al alcalde de Zalamea y decir que se tiene «por un político honrado, que no quiero engañar al pueblo», rechazó «la paradójica filosofía social en la que se sustenta el proyecto. Díaz Pinés habló de «una nueva confesionalidad, ahora divorcista, en que el matrimonio civil, único disoluble, venga a significar la reacción al anterior autoritarismo y defendió la posibilidad de los ciudadanos de optar por un matrimonio civil indisoluble.

También expresó su tesis de que el proyecto presentado al Congreso «es una extrapolación espúrea del programa de UCD », y de los planes y proyectos que este partido tenía en lo referente a leyes de protección a la familia. Opinó que es «un inmenso error regalarle a la derecha la defensa de la familia, cuando, por sus connotaciones burguesas, está más cerca de las tesis divorcistas», y calificó el divorcio de «mal social irreversible que destruye la institución familiar».

La tesis del señor Díaz Pinés es que debería existir la posibilidad de optar, en el momento de contraer el vínculo, por la posibilidad de contraer matrimonio disoluble o casarse de por vida. El portavoz de Unión Nacional, Blas Piñar, atacó duramente el proyecto por considerar que descansa en un principio erróneo, «puesto que identifica», dijo, «las formas de matrimonio con las formalidades para contraerlo; contradice la Constitución, ya que ésta garantiza la libertad religiosa de los ciudadanos y va claramente en contra de los acuerdos con la Santa Sede».

«El divorcio ha comenzado por divorciar a las familias de UCD», añadió Blas Piñar, quien manifestó además que su postura sería radicalmente opuesta al actual proyecto de ley, «a no ser que el señor Fernández Ordóñez se sienta capaz de entregar un certificado de felicidad a los divorciados».

El diputado centrista José Antonio Escartín contestó a los parlamentarios que le habían precedido en el uso de la palabra calificando sus enmiendas a la totalidad del texto de la Comisión de Justicia como «inoportunas». Al portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, José Pi i Suñer, le dijo que «a este hemiciclo no se trae una ley específica de divorcio. Aquí se traen los contenidos de la misma»; a Juan María Bandrés le argumentó: «El divorcio no se considera en ninguna parte un derecho natural de las personas. Ninguna declaración sobre derechos humanos lo reconoce como equiparable al derecho para contraer matrimonio»; mientras que al diputado centrista Díaz Pinés prefirió no responderle directamente a su argumentación, alegando que, si bien respetaba los motivos políticos y de conciencia que le habían motivado su exposición, quien debe responderle son los propios órganos internos del partido. Finalmente, a Blas Piñar le recordó que el matrimonio no es indisoluble por naturaleza, y respecto a la alusión del dirigente ultraderechista de que el ex presidente Suárez no se había leído la Constitución, ya que, hace un año, dijo que nuestra ley de leyes no era divorcista, el señor Escartín le recordó que la Constitución española no es ni divorcista ni antidivorcista, «por mucho que algunos partidos políticos se empeñen en demostrar lo contrario ».