Los doctores contratados aprueban una huelga condicionada

Por 129 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, los médicos contratados de la Ciudad Sanitaria Provincial aprobaron ayer la solicitud legal de una huelga, que llevarían a cabo en fecha aún no precisada, si la Diputación Provincial no acepta las dos condiciones no negociables impuestas por los médicos: la dimisión del director del hospital, doctor Barros, y la anulación de los expedientes impuestos en los últimos días a tres compañeros.A la asamblea, celebrada anoche en un hotel madrileño próximo a la Diputación, asistieron alrededor de 1350 de los 850 médicos que componen la plantilla de la Ciudad Sanitaria. No obstante, únicamente votaron la propuesta de huelga condicionada los médicos contratados (había en la reunión unos 160, de los que sólo votaron 139), ya que los médicos funcionarios no tienen posibilidad legal de realizar paros sin que se les aplique el decreto de plantillas mínimas. De los 850 médicos del hospital, unos 340 son contratados, 250 componen la plantilla y el resto son médicos internos y residentes.

El conflicto entra ahora en una vía de endurecimiento, ya que fuentes próximas al equipo de gobierno de la Diputación insistieron ayer a redactores de EL PAÍS en que el mismo apoya totalmente la gestión del doctor Barros y que no tenían ninguna intención de levantar los expedientes, uno de los cuales, impuesto al doctor Pereira -tío del ultraderechista Lerdo de Tejada- lo fue por proferir éste graves insultos contra los directivos de la Diputación, en el curso de una asamblea.

La crisis de la Ciudad Sanitaria, que se inició la semana pasada por la contratación directa de un anestesista, por el plazo improrrogable de un año -no obstante, este, último presentó su dimisión para ayudar a buscar una salida al conflicto y la dirección del centro sacó la plaza a con curso- se agravó por la petición de dimisión del citado director y de la presidenta del Consejo de Administración del hospital, la diputada provincial socialista María Gómez Mendoza, por considerar los médicos que su comportamiento había sido antidemocrático al pretender boicotear una asamblea de médicos convocando prácticamente a la misma hora una asamblea general de los trabajadores del centro sanitario.

Además de insistir en el levantamiento de las sanciones, los médicos exigen un convenio colectivo franja, exclusivo para los citados 850 médicos, al margen de los restantes 4.400 trabajadores de la casa.