El IPI piensa que la represión de periodistas está consentida por los Gobiernos

Con una seria crítica a la postura adoptada durante los debates auspiciados por la Unesco, en el sentido de que lo único que se ha hecho es dar una justificación filosófica a los Gobiernos que buscan limitar la libertad de Prensa, en particular en el Tercer Mundo, concluyó anteayer, en Nairobi, la trigésima conferencia anual del Instituto Internacional de Prensa (IPI), cuyos principales puntos de debate se han centrado en la Unesco, Africa del Sur, Corea del Sur, Argentina y Portugal.

Allister Sparks, editor del diario surafricano Rand Daily Mail, señaló durante la conferencia que existen en Africa del Sur 125 leyes que restringen la libertad de Prensa, «además de las restricciones suplementarias que ya están previstas». El IPI ha adoptado una resolución sobre la protección de los periodistas y ha criticado abundantemente la iniciativa de la Unesco sobre la búsqueda de un nuevo orden mundial de la información. El instituto ha señalado que la mayoría de los casos en los que se producen expulsiones, encarcelamientos, torturas y muertes de periodistas es con el consentimiento de los Gobiernos que no apoyan la libertad de Prensa. Por esto el IPI piensa que estos mismos Gobiernos, a través de una organización internacional, como la Unesco, no pueden encargarse de la protección de los periodistas. El IPI es contrario a la concesión de licencias o carnés a los periodistas en misiones peligrosas y se felicita de la división surgida durante la conferencia celebrada en París, el pasado mes, sobre este tema. En aquella ocasión, el IPI se mostró rotundamente contrario a permitir que la Unesco auspiciase cualquier tipo de control sobre los periodistas, ni siquiera sobre aquellos que están en misiones peligrosas.Una de las decisiones más controvertidas adoptadas durante la reunión del IPI ha sido la de recomendar al Gobierno portugués la entrega del sector público de la Prensa al sector privado, «como medio de aumentar la libertad de Prensa en Portugal». El sindicato de periodistas portugueses disiente de esta recomendación y estima que «sólo una deficiente información puede haber llevado al IPI a apoyar una resolución que ofende el mismo orden constitucional portugués». El sindicato portugués piensa que la libertad de información implica la existencia simultánea de un sector privado y un sector público, debidamente apoyados por el Estado, «como medio de garantizar a los ciudadanos el derecho a ser informados, y a los periodistas, la libertad de expresión».