Los Gobiernos posibles

EL GOLPE del 23 de febrero ha desatado una viva polémica en torno a la configuración hipotéticamente más deseable del poder ejecutivo a fin de garantizar el orden constitucional y el funcionamiento de las instituciones democráticas. La investidura de Leopoldo Calvo Sotelo dos días después del asalto al Congreso y la formación inmediata de Gobierno no prejuzgan ese debate, dadas las condiciones de excepcionalidad en que ambas decisiones fueron adoptadas. Porque esa salida de urgencia -que, sin duda, era preciso adoptar en los momentos difíciles que se viven- lo mismo puede estabilizarse y durar que reconocerse a sí misma como fórmula de emergencia.El sector mayoritario de UCD sostiene que el actual Gobierno monocolor puede enfrentarse con la grave situación, a condición de contar con apoyos parlamentarios suficientes y de que la oposición socialista acepte la concertación legislativa y política en algunos terrenos. El sector crítico centrista se inclina por un Gobierno de coalición, del que no podrían hallarse ausentes, en cualquier caso, los socialistas. El PSOE, por su parte, ha lanzado la idea de un, Gobierno de coalición con UCD, abierto a la incorporación de la Minoría Catalana y del PNV. Alianza Popular se ofrece, desde su lado, a una coalición con centristas y socialistas.

Este debate político, que en cualquier caso queda aplazado después de la entrevista Calvo Sotelo-Felipe González, puede resultar esclarecedor siempre y cuando su auténtico objetivo sea la búsqueda sincera de la mejor fórmula posible para conjurar las graves amenazas que se ciernen sobre la libertad y la paz en nuestro país. Pero en una situación como la presente, en la que la guerra psicológica de rumores, intoxicaciones y bulos desempeña un papel central en la estrategia sediciosa, sería desastroso que la clase política sustituyera ese debate veraz y honesto por una repetición de la vieja fábula en la que las liebres perseguidas discutían sobre si eran galgos o podencos sus perseguidores, con la codicia de cargos y los estrechos intereses partidistas como telón de fondo. Por esa razón hay que pedir al actual Gobierno y a los líderes de la oposición el máximo rigor en los planteamientos y la renuncia a revestir sus ofertas con el lenguaje apocalíptico de «o esto o el desastre -el nuevo golpe-». Las incertidumbres sobre lo ya ocurrido y sobre lo que pueda suceder en el futuro inmediato son demasiado grandes como para que nadie crea a pies juntillas en fórmulas mágicas capaces de suprimir peligros cuya extensión, profundidad y perfiles ni siquiera se conocen del todo. Y entre otras cosas, las diversas propuestas, impecables en la tersa y límpida exposición teórica de sus ventajas, tendrían que demostrar su eficacia en el hosco, complejo e imprevisible mundo de los hechos.

En todo caso, el Gobierno, el que tenemos o el mejor de todos los posibles, tiene que llevar adelante la lucha contra el terrorismo para evitar un nuevo golpe y para eliminar de nuestro presente las huellas del ya dado, y ha de afrontar otras tareas también urgentes. Debe frenar o reducir el desempleo, cuya extensión puede debilitar el compromiso popular con las libertades. Debe impedir que esa democracia valiente de la que habló Leopoldo Calvo Sotelo en el Pleno de su investidura sea sustituida por una democracia tutelada que vacíe de contenido a las instituciones representativas, que mantenga a la sociedad civil en una situación de perpetuo temor y que se niegue a elevar nuestro nivel educativo y cultural o a liberar del corsé represivo nuestros usos y costumbres. La reconducción de las autonomías -inevitable para la consolidación del sistema- no puede romper los formales compromisos elevados a rango legal en los estatutos de Sau, de Guernica y de Santiago, ni debe soplar sobre los rescoldos de la hoguera andaluza, ni tiene por qué afectar a las dimensiones democráticas inherentes a la distribución territorial del poder.

Finalmente, la imperiosa necesidad que España tiene de unas Fuerzas Armadas eficaces y respetadas, de unos cuerpos de seguridad competentes y tecnificados y de una Administración central capaz y diligente no sólo no impide, sino que exige la modernización y la democratización de los aparatos Y de las instituciones del Estado, así como la supremacía del poder civil, reconocida por el artículo 97 de la Constitución.

Esas son las tareas que la clase política tiene que afrontar y los desafíos del actual equipo en el poder. De su capacidad de respuesta a estos desafíos depende en eran medida el debate apuntado sobre los Gobiernos posibles, al margen las teorizaciones y las fintas más o menos electorales de cada partido.