El presupuesto de la Diputación para 1981, forzado a una reducción de 3.000 millones de pesetas

Las recientes disposiciones en materia de presupuestos dictadas por el Gobierno suponen para la Diputación Provincial de Madrid descender a una grave situación económica que fue calificada por José Borrell, economista, delegado de Hacienda en la Corporación provincial y portavoz del grupo socialista, como de «bancarrota». Además de los trastornos administrativos, de mantener a la Diputación paralizada durante los cuatro primeros meses del año, el presupuesto para 1981 se reduce en 3.000 millones de pesetas, cuando se esperaba un aumento de 2.000 millones. Abundando en el tema económico, el Gobierno debe otros 2.626 millones del presupuesto del año anterior.El pasado sábado salió publicado en el Boletín Oficial del Estado un decreto del Ministerio de Administración Territorial que reduce sustancialmente la aportación del Estado al presupuesto de la Diputación madrileña, entre otras, teniendo en cuenta que el total de los recursos que maneja este organismo despende casi en un 95 % de las transferencias del Estado. Así, si el año pasado el Gobierno pagaba a la Diputación 1.496 pesetas por habitante, este año la cifra se reduce a 747, justo la mitad. Al mismo tiempo, se han modificado los coeficientes de aportación respecto a los índices de consumo provincial. Según estos coeficientes, las provincias de mayor renta per cápita reciben menos subvenciones, y viceversa, para que aquellas provincias más pobres reciban mayores recursos. A diferencia de años anteriores, aún no se sabe en definitiva cuál será el porcentaje aplicable a Madrid. En resumen, la Diputación esperaba este año incrementar su presupuesto en un 18%, con lo que llegaría a unos 30.000 millones de pesetas en total, y se encuentra con una reducción del 30%, unos 3.000 millones menos. La pérdida de estos 5.000 millones coloca a la Diputación en una situación de atonía. «No se pueden acometer nuevos proyectos, y bastante habrá si podemos pagar la nómina a los funcionarios y cubrir los gastos de funcionamiento normales», según expresó ayer Borrell en una conferencia de Prensa.

Decentralización

El decreto del sábado incluye también otras sorpresas desagradables. Uno de sus artículos establece la desaparición de los presupuestos especiales, al parecer encaminada a forzar así a los presupuestos especiales de urbanismos de los ayuntamientos, puestos en práctica por los de izquierda, en presupuestos de inversión. Pero en el caso de la Diputación Provincial, donde existen seis grandes presupuestos de este tipo, el caos administrativo y funcional que origina es muy grave. La Ciudad Sanitaria Provincial, con casi 10.000 millones; todas las ciudades de ancianos, la ciudad escolar y otros importantes servicios se rigen por este tipo de presupuestos. Hacerlos desaparecer para incluirlos todos en el ordinario sería dar un paso atrás en los afanes descentralizadores de la izquierda.El decreto sólo permite que disfruten de presupuesto autónomo las fundaciones y patronatos, así es que el plan concebido por Borrell, y que tendrá que ser discutido y, en su caso, aprobado por la Corporación, es reconvertir los servicios citados en fundaciones, con lo que tendrán personalidad jurídica, personal y patrimonio propio. Es decir, la salida forzada del decreto será presumiblemente aprovechada por la izquierda para acelerar y profundizar totalmente el proceso descentralizador.

Sin embargo, esto presenta numerosos y graves problemas colaterales, por los trámites necesarios para su reconversión. Los presupuestos de 1981 no podrán ser aprobados por la Diputación hasta últimos de abril, lo que significa que, durante estos cuatro primeros meses, no se pueden acometer nuevos proyectos e inversiones y hay que limitarse a continuar con los iniciados en el ejercicio anterior.

«Es inadmisible que la Administración central nos dicte a las corporaciones locales las normas presupuestarias el último día de febrero, cuando los Presupuestos del Estado se aprobaron en diciembre. Al margen, que tampoco es extraño que no cumplan sus propios compromisos. En el ejercicio de 1980 se nos deberían haber entregado 8.626 millones de pesetas, y sólo recibimos 6.000. Este año vamos a cerrar el ejercicio del pasado con superávit, pero es ficticio, puesto que incluimos cantidades que realmente no tenemos», siguió Borrell en su exposición.