El capitán general del Mediterráneo no secundó a Milans del Bosch

El capitán general de la zona del Mediterráneo, Juan Carlos Muñoz-Delgado y Pintó hizo saber desde Cartagena al capitán general de la III Región Militar que no asumía el estado de sitio decretado por Milans del Bosch y que continuaba fiel a la Constitución. Sin embargo, el general Fortea, gobernador militar de Cartagena, y el general Lamas, gobernador militar de Murcia, se pusieron a las órdenes de Valencia.El gobernador militar de Murcia se dirigió expresamente a Adelino Caballero, gobernador civil de la provincia, para indicarle que éste se hallaba bajo sus órdenes y le invitó a salir del Gobierno Civil «para que fuera a visitarlo», a lo que se negó el gobernador, que permaneció toda la noche en su puesto, custodiado por fuerzas del orden público y acompañado de algunos políticos, como el presidente regional de UCD, Luis Egea.

Por otra parte, el coronel Adolfo Vara del Rey, del regimiento de infantería motorizada Mallorca 13, de Lorca, telefoneó al alcalde socialista de esta localidad, José López Fuentes, a quien dijo: «Ahora soy yo el que mando». A las seis de la mañana de ayer, después de que Milans del Bosch depusiera su actitud, volvía a telefonear a la primera autoridad municipal de Lorca, diciéndole: «Le devuelvo el mando». El señor López Fuentes estuvo asistido por los jefes de la Policía Nacional de su ciudad, que le expresaron su adhesión y se declararon constitucionales.

Ni en Murcia ni en otras ciudades de la provincia salió el Ejército a la calle, aunque en los alrededores de los acuartelamientos sí se observaban algunas patrullas armadas. La Policía Nacional custodió las emisoras locales y periódicos por orden del Gobierno Civil, así como algunos edificios públicos. Después de conocerse el toque de queda, sobre las nueve y media de la noche quedaban desalojados los edificios de la Diputación Provincial, Consejo Regional y Ayuntamiento de la capital. En algunos ayuntamientos, sin embargo, las autoridades quedaron concentradas toda la noche, como es el caso de Cartagena, Alhama y Aguilas, adonde también se dirigieron representantes políticos, sindicales y locales.

En las sedes de los partidos políticos cundió cierto pánico sobre las ocho de la noche, y se escondían archivos y documentos confidenciales. El presidente del Consejo Regional y secretario regional del PSOE, Andrés Hernández Ros, desde un lugar desconocido, difundió un comunicado por Radio Juventud de Murcia en el que condenaba los hechos, «que constituyen un claro atentado a nuestro orden constitucional ». Eran las dos menos veinte de la madrugada y continuaba el estado de excepción.

El ambiente en la calle era de normalidad y la gente se recogió en sus casas pronto, quedando la ciudad desierta a las diez de la noche. Establecimientos públicos quedaban cerrados y no circulaban apenas coches. Las últimas tiendas que cerraron, las de comestibles, donde se apreció la alarma de la gente, que se avituallaba de grandes cantidades de alimentos.

Ayer, a la una de la tarde, celebraba pleno extraordinario -con la sola ausencia de los diputados- la Diputación Provincial y el Consejo Regional, reunión en la que se aprobó «exigir la clarificación de los hechos ocurridos, con expresa preferencia a la actitud adoptada por la autoridad militar de la III Región Militar, a la que pertenece Murcia». Este comunicado fue suscrito también por los partidos políticos UCD, PSOE y PCE. Alianza Popular dijo no estar de acuerdo con el párrafo que transcribimos, por «considerar un error político inmiscuirse en el terreno de la autoridad judicial», en palabras de su presidente regional, Juan Ramón Calero.