Los armadores rechazan los permisos concedidos por la CEE y acuerdan mantener la flota amarrada en puerto

Los armadores de buques de pesca que faenan en aguas de la Comunidad Económica Europea (CEE) no aceptan las 142 licencias ofrecidas por la CEE mientras la Administración no adopte unas medidas claras respecto a la reestructuración del sector, informa Efe. Con esta actitud de los armadores asistentes finalizó la reunión celebrada en la mañana de ayer entre el subsecretario de Pesca, Miguel Aldasoro, y los representantes de los armadores de la flota pesquera española que faena en aguas comunitarias, convocada por el subsecretario para fijar criterios, la Administración y el sector conjuntamente, sobre la elaboración de los planes de pesca en aguas de países de la CEE correspondientes a los distintos puertos españoles afectados.

A la reunión acudieron representantes de todos los puertos que tienen arrastreros de fresco (pesca de altura), que son: Pasajes, Ondárroa, Bilbao, Santander, Gijón, Lugo, Vigo y La Coruña.Aunque la reunión se celebró a puerta cerrada, se ha podido saber que durante la misma el subsecretario explicó a los armadores afectados que, tan pronto le remitieran los planes de pesca, éstos serían remitidos a Bruselas, y, sin necesidad de esperar a tener la licencia en su posesión, los barcos que la tuvieran atribuida podrían hacerse a la mar y reanudar su actividad.

Simultáneamente, el subsecretario les hizo saber que se ha pedido formalmente a la CEE el que sean clarificadas las condiciones en que esta flota llegará a la adhesión y celebrar unas reuniones a este efecto en cuanto la CEE tenga fijada su política pesquera comunitaria, en todo caso, en este año.

Añadió, por último, que los criterios de reestructuración de la flota pesquera española deben fijarlos conjuntamente el sector y la Administración desde ahora, a cuyo efecto el sector había sido ya convocado para el próximo día 5 de marzo.

La respuesta del presidente de la Federación Española de Armadores de Buques de Pesca, Jesús Etchavers, a los planteamientos del subsecretario fue la de no aceptar las 142 licencias ofrecidas por la CEE ni enviar los planes de pesca correspondientes a los diferentes puertos hasta tanto no estén clarificadas las condiciones, ayudas y otras medidas que la Administración esté dispuesta a realizar respecto a la reestructuración de la flota.

Solicitan 120 millones mensuales para la flota

Sobre las razones de la postura de los armadores, que supone mantener la flota inactiva, el presidente de la federación señaló a Efe, al finalizar la reunión, que los armadores, una vez que la Administración española aceptó, el pasado día 10, las 142 licencias ofrecidas por la CEE, consideran inviable que la Comunidad Económica Europea pueda cambiar de postura, pero que no están de acuerdo con que España haya aceptado no ya ese número de licencias, sino el carácter regresivo de la concesión de las mismas. Por esta razón, el tema está ahora entre la Administración española y el sector.

Jesús Etchavers se refirió a la dificultad de repartir entre 451 barcos (entre palangreros y arrastreros) las 142 licencias, de las cuales una parte (veintidós) son, a su juicio, inútiles, porque corresponden a un área donde ya no las utilizan. Añadió que ese número de licencias supone que muchos barcos tendrán que quedar parados, y que los armadores quieren que la Administración les diga qué medidas va a tomar y qué ayudas va a facilitar para esos barcos. El presidente de la federación cifró las ayudas solicitadas entre 400.000 o 500.000 pesetas mensuales, como media, por cada barco parado, lo que significa unos 120 millones de pesetas mensuales.

Dijo que no ha habido una respuesta inmediata al planteamiento del sector, que se ha hablado de un plan de reestructuración, y aunque el sector comprende que ese plan de reestructuración y, aunque el sector comprendo hace años, no se pueda realizar ahora en dos días, mientras tanto el sector pide una «medida puente» para que los barcos que no disfruten de licencia tengan una compensación para que puedan permanecer amarrados en puerto.

Tras la entrevista con el subsecretario de Pesca, los representantes de los distintos puertos celebraron una asamblea en la sede madrileña de la Federación de Armadores de Buques de Pesca. Al término de la misma facilitaron a EL PAÍS un comunicado en el que se critica la actitud egoísta de la CEE con respecto a los pescadores españoles, el entreguismo de nuestras autoridades a las pretensiones comunitarias (quieren hacer desaparecer nuestra flota para vendernos luego el pescado), que piensan pueden responder al precio exigido por el Mercado Común para pagar nuestra adhesión al mismo.

En definitiva, acuerdan rechazar las licencias y no elaborar el plan de pesca solicitado hasta que el Gobierno se comprometa, con cifras y plazos, a una ayuda coyuntural a los barcos que no van a poder faenar con el número de licencias otorgado por la CEE y a una reordenación amplia (buques, perspectivas de futuro y comercialización) del sector. Asimismo exigen que se limiten las importaciones de pescado comunitario a los niveles existentes en 1976.