EL Pleno del Congreso

Los grupos interpelantes, insatisfechos con la respuesta del Gobierno

Los grupos interpelantes se mostraron absolutamente insatisfechos con la respuesta del ministro del Interior, en el debate posterior al, discurso de éste. Socialistas, comunistas y vascos se reservaron la posibilidad de emprender otras acciones parlamentarias, y de continuar este debate con ocasión de la investidura del candidato a presidente del Gobierno.Gregorio Peces-Barba se quejó de lo que, a su juicio, habían sido palabras muy genéricas sobre fallos y lagunas, al tiempo que consideraba absolutamente injusta la alusión del ministro a posibles manipulaciones. También lamentó que no se concretase cómo se va a desarrollar la asistencia letrada al detenido y resumió afirmando que su grupo se siente engañado y, por tanto, reconsiderará todas sus posiciones sobre el tema. Terminó su intervención pidiendo que para que siga la esperanza en la democracia debe dimitir el ministro del Interior.

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Santiago Carrillo expresó la misma insatisfación, calificó de increíble la versión de los hechos dada por Rosón, y aclaró que los comunistas no hacen responsable a toda la policía, «sino a algunos, que desprestigian, ellos y no nosotros, a los demás». Por último, afirmó que si lo que se había dicho es todo lo que se va a explicar, su grupo tendrá que pedir la derogación de la ley.

Ordóñez: actuación de la justicia

El ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, aclaró, ante las palabras de Carrillo pronunciadas al exponer su pregunta, que la justicia se autogobierna y es independiente del Gobierno y el Parlamento. Sobre la actuación del ministerio fiscal dijo que tan pronto se conocieron los hechos los fiscales de la Audiencia Nacional y la Audiencia Territorial se personaron en el lugar de los mismos, por lo que hubo una diligencia de minutos.

En cuanto a la asistencia médica a los detenidos explicó la reciente circular por la que se ordena que cuando se reciba a un detenido en prisión se le haga un examen médico y se dé cuenta de posibles malos tratos o denuncias sobre ello. También informó que en el recorrido que hizo el fiscal general del Estado por el País Vasco entendió de catorce casos de posibles malos tratos en Alava, veinte en Vizcaya, diez en Pamplona y 34 en Guipúzcoa, como consecuencia de los cuales se han dictado once autos de procesamiento.

Santiago Carrillo agradeció las explicaciones a Ordóñez y lamentó que quizá dentro de unos días ya no sea ministro de Justicia. Carlos Solchaga suscribió la intervención de Gregorio Peces-Barba y afirmó que Rosón no había contestado a nada. El diputado portavoz del PNV, afirmó que el ministro sólo había leído la información que se conocía por los periódicos, y Juan María Bandrés manifestó que «todos estamos de acuerdo en no juzgar a todos los funcionarios», pero el problema es que no se puede poner la salvaguardia de los derechos ciudadanos en manos de los policías franquistas. Por último, Miguel Angel Arredonda, afirmó que el ministro no se había convencido ni a sí mismo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 17 de febrero de 1981.

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