Ratificado el primer convenio colectivo municipal con el voto en contra de UCD

El primer convenio colectivo de los 17.000 funcionarios del Ayuntamiento madrileño fue ayer aprobado por el pleno de la Corporación, con el voto en contra de los concejales centristas, después de largas horas de intenso debate y de una suspensión de la sesión durante diez minutos, para que los concejales de izquierda intentaran haIcer desistir a los de UCD de que el tema fuera aplazado para una sesión extraordinaria posterior.Mientras tanto, en la plaza de la Villa, un importante dispositivo policial evitó que unos doscientos funcionarios se manifestaran en contra del convenio. Desde las diez de la mañana, la Policía Nacional impidió que los funcionarios entraran en la plaza, filtrando el acceso de éstos desde la calle Mayor. En más de una ocasión, los pocos funcionarios que lograban agruparse fueron disueltos por la Policía, aunque en ningún momento se empleó la fuerza, ya que eran más numerosos los policías que había en la zona que los funcionarios con intención de manifestarse.

Antes de someterá aprobación el texto del convenio colectivo, la sesión se estaba caracterizando por las continuas intorvenciones de UCD para protestar por la forma de determinados expedientes. Incluso desde la tribuna pública se notaba la expectación creada entre los funcionarios. En un momento determinado de la sesión, la intervención de un grupo de vecinas de Carabanchel que empezaron a gritar «¡ Pisos, sí; mercados, no», dio pie a que el alcalde ordenara su desalojo. Era un punto referente a la construcción de equipamientos en Carabanchel. Tal como explicó después el concejal de Urbanismo, la construcción del mercado previsto no impedía la de las viviendas sociales.

Salvado este incidente, y una vez que se llegó al punto referente al convenio colectivo de los funcionarios, el portavoz de UCD, José María Alvarez del Manzano, pidió que se retrasara el expediente porque el día anterior no lo habían podido ver en las actas. Los concejales que durante estos dos últimos meses se han encargado de la negociación del convenio, el comunista Carlos Sotos y el socialista Emilio García Horcajo, hablaron de la urgencia de no retrasar el tema «porque se convertiría en un aplazamiento inútil y una victoria política irrelevante de UCD».

El alcalde ordenó que la sesión se interrumpiera cinco minutos para que los portavoces de los tres grupos se pusieran de acuerdo acerca de la conveniencia de seguir el orden del día o de aplazarlo para un pleno extraordinario que, en tal caso, se celebraría el lunes próximo. La vuelta a la sala supuso continuar con el orden previsto «porque podrían producirse graves consecuencias para el Ayuntamiento», según dijo Alvarez del Manzano en la reapertura de la sesión.

Polémica jurídica en torno al convenio

Emilio García Horcajo intervino para decir que el texto que se sometía a la aprobación del pleno había sido modificado de forma (que se tenían en cuenta los informes del servicio contencioso, de intervención general y de secretaría general (véase EL PAÍS de ayer) y se han hecho las oportunas modificaciones semánticas, al adaptar una serie de términos a la denominación clásica de la Administración. Así, en lugar de convenio colectivo se habla de acuerdo el salario convenio se sustituye por retribución mensual y el complemento convenio por retribución complementaria. Después, García Horcajo explicó que el acuerdo supone simplemente la regulación de horarios, se fijan las retribuciones de los funcionarios para 1981 y se regulan las acciones social y sindical.El concejal continuó su disertación refiriéndose a que Ias elecciones sindicales municipales no tuvieron el menor obstáculo jurídico y que el fin último de esas elecciones era la elaboración de un convenio, por lo que consideraba una incongruencia el plantear ahora dificultades.

El portavoz de UCD, Alvarez del Manzano, no consideró válidas las explicaciones de los socialistas, por considerar que el expediente quebranta la normativa vigente, es anticonstitucional porque el Ayuntamiento no puede regular la función pública y porque, según los informes jurídicos del Ayuntamiento, en ningún caso la Corporación puede hacer convenios colectivos como si se tratase de una empresa privada.

Las intervenciones sobre el tema, se alargaron durante dos horas hasta que el tema se sometió a votación, con el resultado de 32 votos a favor y catorce en contra.