Juan Antonio Ortega, contrario a las enmiendas de Fernández Ordóñez en la ley de Divorcio de Cavero

Juan Antonio Ortega, 41 años de edad, es actualmente ministro de Educación, después de haber ocupado, desde abril de 1977, varios cargos en el Ministerio de Justicia de Landelino Lavilla y, desde mayo de 1979, en la Moncloa: primero, secretario de Estado para el Desarrollo Constitucional y, a continuación, ministro adjunto al presidente para la Coordinación Legislativa. Procedente del Partido Popular y cristiano demócrata, su dedicación jurídica de mayor alcance social fue la modernización del derecho de familia. No acepta, en cambio, las «adherencias innecesarias» incluidas por Fernández Ordóñez en el proyecto Cavero de ley de Divorcio.

Pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la candidatura de Leopoldo Calvo Sotelo para la Presidencia del Gobierno?

Respuesta. La propuesta me parece buena, y, desde luego, soy partidario de que U CD la apoye sin fisuras.

P. El sector crítico ha expresado reticencias hacia la candidatura, por el procedimiento utilizado por el ejecutivo para designarla.

R. Se trata de deficiencias salvables. Lo importantes ahora es el apoyo de todo el partido al candidato.

P. ¿Qué opinión le merecen los críticos, los martinvillistas, los socialdemócratas?

R. La existencia de tendencias es enriquecedora y responde a una realidad. Cubren un papel respecto a los diversos sectores del electorado, pero siempre que no dañen la unidad superior del partido ni se degraden hasta ser plataformas personales. Yo soy refractario a la personalización de las tendencias y, si me pide una opinión, prefiero ofrecer una visión positiva. Los hombres procedentes del Movimiento aportan una profesionalidad y una familiaridad con el Poder que no poseíamos muchos de los procedentes de la oposición, y han sido capaces de asumir responsabilidades muy difíciles, como es el caso del propio Martín Villa. El sector socialdemócrata imprime un sesgo de tensión hacia el progreso, tal como este sector lo entiende, de acercamiento al PSOE. El sector crítico pone sobre el tapete la democratización.

P. Bien; pero, al margen de la democratización interna, que todos los sectores dicen desear, lo cierto es que los cristiano-liberales pretenden recuperar posiciones de poder, por ejemplo, el Ministerio de Justicia.

R. Niego el supuesto. No creo que el problema sea quién es ministro de Justicia. Lo importante es el programa, al que cualquiera que ocupe esta cartera se tiene que atener.

P. Pero es un hecho que Justicia ha venido siendo un departamento con ministro democristiano, hasta que llegó un socialdemócrata, con un planteamiento sobre el divorcio distinto al proyecto Cavero.

R. Las etiquetas no siempre responden a planteamientos políticos de fondo. Cuando Fernández Ordóñez y yo estábamos en Cuadernos para el Diálogo no recuerdo que existieran diferencias de fondo entre nosotros. Creo que el divorcio no es un elemento determinante de la crisis actual. El divorcio está admitido en determinados términos en el programa de U CD. Que tales términos sean aceptables o no para otras fuerzas parlamentarias ese es otro problema.

P. Si le nombraran ministro de Justicia, ¿qué haría con el proyecto de ley de Divorcio aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y pendiente de debate en el pleno?

R. Niego la hipótesis de que sea ministro de Justicia, porque ni me lo han ofrecido ni, por tanto, he tenido ocasión de aceptar o rechazar este cargo. Soy ministro de Educación cesante, y en este Ministerio continúo trabajando con normalidad. Pero aceptando su hipótesis, mi posición sería mantener el proyecto que el Gobierno aprobó en su día.

P. Esto es, sin las adherencias socialdemócratas...

R. Yo no creo que sean adherencias socialdemócratas. Creo que hay adherencias innecesarias y técnicamente discutibles.

P. ¿Y qué me dice de las presiones de los obispos en este asunto?

R. En mi época de estudiante, cuando hacíamos algo contrario a lo establecido, se decía que estaba perfectamente orquestado desde el exterior, o aquello del «oro de Moscú». Cuando se habla de presiones de los obispos ocurre algo parecido. Yo nunca he sentido la presión externa de la Iglesia. Los obispos tienen perfecto derecho para dar su opinión en determinadas materias, del mismo modo que la sociedad civil cuenta con autonomía para decidir sobre las cuestiones que le competen.

P. ¿De qué debe ocuparse más el II Congreso, de UCD o de ofrecer soluciones políticas?

R. Una quinta parte del tiempo del Congreso debería ocuparse en hacer de UCD un partido como los de las democracias estables, en el que el centro de gravedad esté en el partido, del que emana el grupo parlamentario, y de él, en caso de tener mayoría, el Gobierno, exactamente al contrario de como nació UCD. Las cuatro quintas partes restantes deben dedicarse a ofrecer soluciones a los graves problemas del país.