Las irregularidades de una crisis
LA INESPERADA dimisión como presidente del Gobierno presenta, como primera irregularidad, la total oscuridad de su discurso de despedida acerca de las razones políticas que le han llevado a tan grave decisión. Es descartable, desde luego, que una crisis personal o un fuerte stress sean los motivos de la retirada de Adolfo Suárez, en cuyo caso serían los psicólogos o los confesores, y no los analistas políticos, los encargados de pronunciarse sobre el asunto. Un somero repaso de la biografía de este avezado político, orientado hacia el poder desde su primera juventud, acostumbrado a tragar carros y carretas en su lento, pero irresistible, ascenso hacia la cúpula del Estado y dotado de esa frialdad de carácter y esa capacidad de encaje indispensables para el duro oficio de profesional de la política, mueven a arrinconar la hipótesis psicológica a un último plano.Adolfo Suárez, ganador de las elecciones generales de marzo de 1979, había superado las pruebas del Pleno de censura y del Pleno de confianza, había comprometido a los barones en su Gobierno de concentración centrista del mes de septiembre y había logrado tardíos, pero seguros, éxitos en la negociación de la policía autónoma y los conciertos económicos con el Gobierno vasco. Aunque la fronda del sector crítico había desafiado vigorosamente su liderazgo, se daba por descontado su desahogado triunfo en el II Congreso de UCD. La situación general del país era mala, pero no peor que en meses anteriores; y aunque la extensión del paro es altamente preocupante, mucho nos tememos que la política económica alternativa dentro de UCD sólo pudiera conseguir, a corto y medio plazo, un crecimiento todavía mayor del desempleo. Es cierto que las espectaculares derrotas de UCD en Andalucía, el País Vasco y Cataluña a lo largo de 1980 rubricaron el fracaso de la estrategia autonómica del centrismo, en cuya elaboración e instrumentación, sin embargo, participaron, además de Adolfo Suárez, otros muchos dirigentes, de dentro y de fuera del sector crítico. En cuanto al terrorismo, la idea de que la sustitución del presidente del Gobierno puede acabar de la noche a la mañana con las bandas armadas o es pura demagogia o esconde el propósito de ofrecer una alternativa de ocupación militar o guerra sucia en el País Vasco.
El discurso de despedida de Adolfo Suárez por televisión no ha dejado transparentar ni una sola razón política de su decisión. Pero esta primera anomalía está acompañada de una segunda irregularidad más grave: el carácter extraparlamentario del origen, desarrollo y conclusión de una crisis de Gobierno que amenaza con transformarse en una crisis de las instituciones. La pantalla de televisión es un lugar adecuado para anunciar productos comerciales, transmitir espectáculos cinematográficos o deportivos y comunicar noticias, pero no es el ámbito para que un presidente del Gobierno haga pública su dimisión. Aunque sea el Rey quien formalmente designe o cese al jefe del Gobierno, los diputados que lo han elegido tienen el mínimo derecho de cortesía de recibir también su renuncia.
Desde casi comienzos del veríno, la política española ha vivido un enfermizo clima de conspiraciorjes de pasillo y de maniobras extramuros del Congreso, más propio de la corte de los milagros de la España rural decimonónica que de la Monarquía parlamentaria de una sociedad moderna. En más de una ocasión tuvimos oportunidad de señalar, a lo largo de esos meses. que la consolidación de las instituciones democráticas exigía, ante todo y sobre todo, el más escrupuloso respeto tanto de los resultados electotales, entre una convocatoria y otra, como de las normas escritas y los usos universalmente aceptados de un sistema parlamentario de gobierno. Si el presidente Suárez hubiera caído a consecuencia de un debate en el Congreso, en torno a una moci.Sn de censura o de confianza, los españoles conoceríamos hoy las causas y las razones de la crisis. Pero esta dimisión trufada de presagios y rumores nos ha devuelto a la más rancia tradición de inestabilidad política decimonónica. A los dos años de vigencia de la Constitución se inaugura así la saga de los presidentes que no acaban sus mandatos y que se retiran por la puerta trasera por presiones extraparlamentarias.
Por el momento no resulta fácil hacer una reconstrucción, a la vez verosímil y veraz, de la ofensiva desplegada desde fueradel Congreso por instituciones, grupos de presión y fuerzas sociales que no se sientan en ninguna de las dos Cámaras y que segurarriente han tenido el apoyo o la simpatía de centros de decisión situados allende nuestras fronteras. Tiempo habrá, sin embargo, para desenmarañar ese ovillo hilado fuera del poder legislativo y en cuya manufactura han participado posiblemente sectores de la milicia, de la Iglesia y de los negocios, más preocupados por las orientaciones de Washington y del Vaticano que por los deseos de los electores.
Aunque casi todo el mal está ya hecho, resulta extraño que los representantes de la soberanía popular, incluidos los diputados de UCD, no hayan exigido unánimemente la inmediata reanudación de las sesiones del Congreso. También es sorprendente que los líderes de los partidos de izquierda hayan aceptado la vacuación de consultas con el Rey antes de que la Cámara baja haya celebrado un debate sobre la dimisión de Adolfo Suárez. Es cierto que lá Constitución nada dice sobre la intervención del Congreso en casos de dimisión del presidente del Gobierno y que el artículo 99 confiere plena Fuerza legal a las consultas del Jefe del Estado. Sin embargo, y dado que la permanencia en sus funciones del Gobierno dimitido hasta el nombramiento del nuevo Gobierno garantiza la continuidad de las instituciones, resulta asombroso que se hurte al Parlamento no sólo el anuncio formal de la dimisión de Adolfo Suárez, sine también la explicación de sus razones.
La sorpresa aumenta de grado cuando tropezamos con la tercera irregularidad de esta crisis. Porque la renuncia de Suárez ha tenido un raro corolario que suena a jugada preparada en la pizarra; Resulta así que el dimitido presidente del Gobierno ha dejado momentáneamente en suspenso su «decisión de dejar la presidencia de Unión de Centro Democrático», ha presidido la Comisión Ejecutiva que discutió el nombre del candidato centrista a la jefatura de Gobierno, ha volcado su influencia para nombrar sucesor a Leopoldo Calvo Sotelo y ha despachado incluso con el Rey pata las consultas previstas por el artículo 99 de la Constitución. El clima de extraparlamentarismo creado por nuestros parlamentarios llega de esta forma casi al delirio. Porque a estas alturas ni siquiera sabemos si el Congreso de UCD se va a celebrar antes o después de que el Congreso de la nación reanude sus sesiones y si la convención de un partido es más importante que las Cortes Generales.
Entre tanto, los parados, los jóvenes desterrados de su primer empleo, los presupuestos familiares castigados por la inflación y una ciudadanía abocada por fuerza al desencanto son convocados a cortemplar como convidados de piedra esta farsa extraparlamentaria con ribetes de sainete. Los problemas políticos de fondo, que se hallan en el origen de la dimisión de Suárez, esperan, entre tanto, la reapertúra del Congreso y el conocimiento de los planteamientos del nuevo Gobierno acerca de la ley de Autonomía Universitaria, la ley de Divorcio, la financiación de los colegios religiosos, el régimen de incompatibilidades, la nueva estrategia autonómica, los tratados con EE U U y la entrada en la OTAN. Que Adolfo Suárez haya dimitido como presidente del Gobierno sin hacer la más mínima mención a esas cuestiones no puede servir de coartada para que la Comisión Ejecutiva centrista y su tapado guarden un espeso silencio sobre cuál va a ser la reorientación de la política centrista. En vez de hablar acerca de cosas tan imprecisas e inefables como el talante, el estilo o la capacidad déliderazgo del nuevo inquilino del palacio de la Moncloa, tal vez fuera conveniente que los cocineros y comensales de la crisis comenzaran a pronunciarse sobre temas muy concretos. ¿Se mantendrán o serán modificadas las leyes de Divorcio y de Autonomía Universitaria? ¿Seguirá bloqueado el proyecto de régimen de incompatibilidades de políticos y funcionarios? ¿Cuánto va a costar a los contribuyentes la financiación de los colegios religiosos? ¿Serán alterados los planes económicos? ¿Cuáles son los proyectos para combatir el paro? ¿Va a entrar España en la OTAN y, de ser así, cuándo? ¿Habrá medidas de gracia en el País Vasco?
