El fiscal solicita un dictamen sobre presunta estafa en el "asunto FASA"

La Fiscalía General del Estado ha remitido un escrito a la Diputación Foral de Navarra, en su calidad de denunciante en el caso Fundiciones de Alsasua , SA (FASA)-Jaime Ignacio del Burgo, en el que explica que toda la documentación relativa al tema ha sido devuelta a la Audiencia Territorial de Pamplona, para que estudie de nuevo los hechos denunciados y dictamine acerca de la posibilidad de que sean constitutivos de un delito de estafa. La presunción de estafa no recae en la denuncia sobre Del Burgo, sino sobre el ex diputado foral Ignacio Irazoqui.La Fiscalía General del Estado advierte que en los hechos denunciados por la Diputación Foral de Navarra, en base a un dictamen del catedrático de Derecho Penal José María Stampa Braun, no se aprecia en ninguno de los sujetos activos la posibilidad de que hubieran cometido un delito de malversación de fondos. No obstante, la Fiscalía ha devuelto a la Audiencia Territorial de Pamplona -en donde la Diputación de Navarra presentó originalmente la denuncia- toda la documentación para que estudie la posibilidad de que en el asunto FASA se hubiera cometido una estafa.

En este supuesto, la Fiscalía General del Estado ha propuesto al fiscal de la Audiencia de Pamplona que se remita la denuncia a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con el objeto de que ésta decida el procesamiento de la persona o personas que resulten implicadas en el delito de estafa.

Las actuaciones legales en el caso FASA-Del Burgo comenzaron en el pasado mes de diciembre de 1980, cuando la Diputación Foral de Navarra, que acababa de recibir un dictamen de Stampa Braun, acordó, por mayoría de sus miembros, presentar una denuncia sobre el tema ante el fiscal de la Audiencia Territorial de Pamplona.

En la denuncia se calificaba el comportamiento de Del Burgo, presidente de UCD de Navarra y diputado foral, como de malversación de fondos, mientras que el consejero delegado de FASA y ex diputado foral Ignacio Irazoqui era acusado de un presunto delito de estafa.

Sin embargo, la Audiencia Territorial de Pamplona se inhibió en el caso, alegando el carácter parlamentario de Jaime Ignacio del Burgo, puesto que ocupa un escaño en el Senado, por lo que toda la documentación fue remitida al Tribunal Supremo, en Madrid. A raíz del traslado de la denuncia al Tribunal Supremo, el pasado día 17 se originó una guerra informativa sobre el tema, ya que mientras UCD de Navarra, a través de un comunicado firmado por su secretario general, Rafael Gurrea, aseguraba en esa fecha que la Fiscalía General del Estado había dictaminado que no existía ningún delito de malversación de fondos en la conducta de Jaime Ignacio del Burgo, fuentes de la Fiscalía aseguraban que «no se ha dictaminado absolutamente nada al respecto».

La denuncia vuelve a Pamplona

Por otra parte, la Diputación Foral de Navarra, organismo que presentó la denuncia, desconocía la postura de la Fiscalía General del Estado, ya que oficialmente no había recibido comunicación alguna al respecto. No obstante, en el escrito remitido recientemente por José María Gil Albert, fiscal general del Estado, se precisa que el campo de actuación legal debería circunscribirse a un posible delito de estafa, aplicable a todas las personas relacionadas con el asunto FASA.En el supuesto de que el fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Pamplona, Ricardo Querol, apreciara indicios de un delito de estafa, la denuncia se trasladaría de nuevo a la Sala Segunda del Tribunal Supremo.