Concertación y acción concertada ante la negociación colectiva

Se acaba de cumplir el primer año de vigencia del acuerdo-marco interconfederal y al tiempo que la CEOE y la UGT examinan los términos de la revisión salarial para 1981 y el grado de cumplimiento de las cláusulas contenidas en el AMI surge la noticia de la posible convocatoria desde el Gobierno de una negociación con las centrales sindicales y la patronal en tomo a un plan conjunto de actuaciones contra el paro.Una de las principales virtudes que entrañaba la firma del AMI el 5 de enero de 1980 era la de poner fin a un período de intervención administrativa en la fijación de las condiciones a que debían someterse las relaciones de trabajo en las empresas. Aquella intervención, iniciada en 1977 -de acuerdo con las exigencias del ajuste económico contemplado en los acuerdos de la Moncloa, al amparo del consenso político generalizado y en ausencia de organizaciones sindicales y patronales recién salidas de la ilegalidad y de los actos de afirmación en recintos deportivos-, tuvo continuación en 1978 tras el fracaso de las «jomadas de rellexión» fuertemente condicionacas a expectativas de calendario electoral, y por fin se diluye en el decreto-ley 21/1979, de 29 de diciembre, en el que la intervención pública sobre la determinación de las rentas salariales se confia a [os sindicatos y organizaciones empresariales en ejercicio de su libertad y autonomía.

Eldesarrollo de la negociación colectíva al amparo del AMI en 1980 debe valorarse positivamente desde una triple perspectiva. En primer lugar, por lo que ha aportado ala consolidación de los agentes sociales en su autonomía frente al Estado, y por tanto, de fortalecimiento, siempre deseable, de la sociedad frente a la tutela de aquél. En segundo término, por su importante contribución al clima de paz social y de ausencia de conflictividad, tan necesarias para abordar sosegadamente los problemas que la crisis origina en las empresas. Y en tercer término, por la consecución general de los objetivos salariales pactados entre las partes, como factor indispensablepara estabilizar la actitud empresarial frente a la inversión y, por ende, frente al empleo.

Contrapartidas en empleo

Por contraste, el avance ha sido escaso en el desarrollo de algunos aspectos de especial significación que se contemplaban en el AMI y que, resumiendo, se concretaban básicamente en la mejora de la productividad y su distribución, la corrección del absentismo y de los costes que éste entraña para la empresa y para los trabajadores y las medidas tendentes a reducir la edad de jubilación de los trabajadores a los 64 años.

Con independencia de las diferencias de criterio que puedan pesar en estos momentos sobre la negociación CEOE-UGT para definir la previsión de inflación en 1981 y la banda de revisión salarial subsiguiente, parece lógico pensar que los sindicalistas centren su atención en las contrapartidas que, en términos de empleo, puedan ofrecer los empresarios y la Administración, a cambio de la aceptación de salarios definidos en función de inflación futura, rebajada de productos energéticos y de incrementos de presión fiscal indirecta.

En este terreno aparecen de nuevo los aspectos estancados del AMI firmado hace un año, de cuyo desarrollo decidido podrían deducirse, a medio plazo, mejores condiciones del empleo a través de la ineludible mejora de la competitividad de las empresas. Sin embargo, y a corto plazo, se puede suavizar algo el proceso de amortización de puestos de trabajo por parte de las empresas a cambio de compromisos de mejora en la productividad y a través de las fórmulas más flexibles de contratación laboral que permite la nueva legislación.

Resulta ocioso insistir en que el problema del paro constituye, no sólo por sus proporciones, sino por sus específicas características, el desequilibrio básico que tiene planteado nuestra sociedad y, por ello, los programas para combatir el desempleo aparecen con demasiada frecuencia como telón de fondo para destacar la presencia de los actores en liza.

La pugna entre los dos sindicatos más representativos del país ha tenido ya su desenlace con el conocimiento de los resultados electorales provisionales en las empresas, que confirman una importante ganancia de posiciones del sindicato que hace un año apostó, a pesar de los riesgos, por la vía de la negociación del AMI, lo cual no puede sino impulsar a sucompetidor a la insistencia en sus reiteradas propuestas de pactos más amplios, en los que el Gobierno se vea comprometido a ser posible, y en los que, por supuesto, dicho sindicato aparezca con la iniciativa que no alcanza a través de su mera propuesta sindical.

La tentación del Estado

La tentación de condi cionar el marco de la negociación colectiva -más amplia que- la simple negociación salarial- a la'presencia del Estado, en esta ocasión para hacer frente al problema del paro, llama de nuevo a nuestra puerta, reclamando intervención pública para solucionar un problema que la propia sociedad venía asumiendo de forma gradual a lo largo de los últimos años.

La resurrección de esa vieja tradición puede contribuir a la interrupción de un proceso por el que la Administración y los agentes sociales habían acotado y se habían asignado sus propias responsabilidades, sin que, esta vuelta atrás aporte perspectivas innovadoras de solución a un problema que, como el paro, tiene solución en la negociación solidaria de los esfuerzos que deben asumir las partes, y no en el desgaste político o sindical del adversario, ni mucho menos en el recurso, que creíamos abandonado, de las acciones concertadas con cargo al presupuesto.