Los ministros Punset y Bayon viajan a Bruselas en el peor momento de las relaciones hispano-comunitarias
![Soledad Gallego-Díaz](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F59d0121e-34c2-42ae-9720-96991394acc9.png?auth=9618d8510e6d38fb4af0fc3320ebbd584c15c5aa49a79f467985675046e6d666&width=100&height=100&smart=true)
El próximo lunes se desplazarán a Bruselas los ministros de Relaciones con la Comunidad Económica Europea, Eduardo Punset, y el de Industria y Energía, Ignacio Bayón. La visita de ambos ministros españoles, que se entrevistarán con los comisarios Etienne Davignon y Lorenzo Natali, se produce en unos momentos en los que las relaciones hispanocomunitarias parecen atravesar uno de sus momentos más bajos, tanto a nivel de negociaciones para la adhesión como a nivel de renegociación de los acuerdos ya existentes.
Punset y Bayón deberán denunciar, ante todo, el estancamiento en el que se encuentran las negociaciones con la CEE para la readaptación de los acuerdos de siderurgia y de pesca.La última sesión de negociación entre España y la CEE para reglamentar las exportaciones de acero, celebrada este jueves, terminó en un absoluto fracaso. La Comisión Europea, de acuerdo con las instrucciones del comité de enlace (expertos de cada uno de los diez países miembros del Mercado Común), mantuvo su oferta de 722.500 toneladas, lo que supone una reducción del 15% sobre 1980, es decir, el máximo posible que la CEE puede imponer a España.
La delegación española, presidida por Bartolomé Bonet, subdirector de Exportación del Ministerio de Economía y Comercio, consideró la propuesta de la Comisión «inaceptable» e insistió en solicitar la aplicación del principio de reciprocidad establecido en la carta de 1978.
Los españoles señalaron que si la CEE impone sus condiciones unilateralmente, el Gobierno de Madrid se verá obligado a limitar, también unilateralmente, las exportaciones de acero comunitario a España sobre la base de 1976, reconocida por la OCDE. Las exportaciones comunitarias pasaron de poco más de medio millón de toneladas en ese año a más de un millón en 1980.
Bartolomé Bonet calificó la oferta de la CEE de «la peor posible» y «extremadamente dura». Reconoció que la decisión de limitar las importaciones de acero comunitario en España era de «índole política», pero añadió que desde un punto de vista técnico sería perfectamente defendible.
La Comunidad, por su parte, tiene en su mano la posibilidad de «castigarnos» mediante la apertura automática de expedientes antisubvención, sobre todo en las exportaciones españolas de tubos de soldadura. La delegación española solicitó que la Comisión se comprometiera a realizar consultas urgentes con Madrid antes de abrir expedientes de este tipo, pero los negociadores comunitarios se negaron en redondo. De acuerdo con los reglamentos de la CEE, el actual sistema fiscal español vulnera el principio de «,no subvención», por lo que los exportadores españoles están relativamente a merced de la «buena voluntad» de la Comisión.
Mientras continúa la crisis -no es previsible que las negociaciones finalicen antes del próximo mes de marzo-, las exportaciones españolas de acero a la Comunidad se rigen por el acuerdo anterior.
Más problemática parece aún la solución del conflicto de la pesca. El próximo martes se reúne en Bruselas el Consejo de Ministros de los diez, que deberá estudiar el caso español y autorizar o no a la Comisión a prorrogar una vez más el actual régimen hispano-comunitario. La imposibilidad de llegar a un acuerdo -la CEE propone una reducción en las capturas de aproximadamente un 30%- hizo que los comunitarios prorrogaran hasta el 31 de enero las licencias actuales.
En una reunión del Coreper (Comité de Representantes Permanentes) celebrada el pasado jueves, Francia, Irlanda y Reino Unido se opusieron tajantemente a una nueva prolongación. Pero dado que no ha sido fijada ni tan siquiera la fecha de una nueva ronda de negociaciones (España proporciona toda clase de justificaciones y excusas para retrasarla, a la espera de que el Consejo de Ministros decida el propio régimen de pesca de los países miembros), algún tipo de prórroga podría aprobarse en la reunión del martes. Fuentes oficiales de la Comisión Europea insistieron ayer, sin embargo, en que los pesqueros españoles deberían abandonar las aguas comunitarias a medianoche del próximo día 31.
Negociaciones para la adhesión
Como telón de fondo de estas conversaciones inmediatas están las negociaciones para la adhesión, que no han experimentado ningún avance notable en sus puntos fundamentales. El seudodocumento sobre la agricultura española presentado por el Consejo de Ministros comunitarios el pasado mes de diciembre («seudodocumento» porque, al igual que otro «famoso» informe sobre la libre circulación de trabajadores, no contiene una sola propuesta auténtica de negociación) fue acogido por los negociadores españoles como «síntoma de un desbloqueo en un punto fundamental de las conversaciones», pero en la práctica no ha abierto ningún nuevo diálogo.Bien al contrario, la nueva Comisión, presidida por el liberal luxemburgués Gaston Thorn, ha anunciado ya que difícilmente podrá llegarse a un acuerdo para la modificación interna de los reglamentos agrícolas de la CEE antes del verano de 1982. Dicha «reestructuración» interna de los diez es condición previa, según todos los portavoces de la CEE, y no sólo los franceses, para poder iniciar auténticas negociaciones con España. Y si no existe acuerdo comunitario antes del verano de 1982, difícilmente podrá cumplirse el «nuevo calendario» previsto por Madrid: firma del tratado de adhesión en 1983 e ingreso en 1984. A menos que las negociaciones se realizaran a ritmo de rock and roll duro, en sólo cuatro meses.
Por,otra parte, la Comisión Europea propondrá al Consejo de Ministros de Agricultura (9 y 10 de febrero) un aumento del 6% al 9% en los precios agrícolas para la campaña 1981-1982.
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