El proteccionismo de la patronal obstaculizará el ingreso en el Mercado Común

El ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) constituye para los empresarios españoles afiliados a la CEOE una posibilidad que exige un «precio», traducido en las necesarias concesiones de la economía española para su integración en la economía comunitaria. Partiendo de este principio, el patronato español ha elaborado un documento que califica como «planteamientos de base para una adhesión posible» que, por su contenido proteccionista, comportará graves dificultades a los negociadores españoles ante la Comunidad.

De otra parte, en cuanto los plazos para la negociación, medios comunitarios han señalado a EL PAIS que, en la actualidad, «nadie puede fijar una fecha concreta, dada la propia situación interna de la Comunidad, que atraviesa por una dura crisis como consecuencia principalmente, de las dificultades que encuentra la renovación de la política agrícola comunitaria».

Para los negociadores españoles, sin embargo, según un portavoz del Ministerio para las Relaciones con la CEE, no hay cambios sobre las fechas ya anunciadas, «sí bien los problemas internos de los comunitarios pueden hacer que se dilate en alguna medida la prevista integración para 1983».

Las exigencias proteccionistas contenidas en el documento sobre la negociación elaborado por la CEOE -ya aprobado por su comité ejecutivo y en estudio por su junta directiva para su inmediata presentación pública- pueden suponer un grave contratiempo para los negociadores oficiales, si bien en el palacio de la Trinidad, sede del Ministerio para las Relaciones con la CEE, se tiene el firme propósito de «continuar avanzando técnicamente sobre los temas comunitarios que no afectan a los problemas internos de los diez».

En este sentido, según un portavoz del citado ministerio, una vez que haya transcurrido el primer semestre del presente año, la comisión presente al Consejo de Ministros de la CEE su documento sobre la política agrícola comunitaria, los interlocutores europeos estarán en condiciones de negociar con España el tema agrícola para dejarlo a punto de su aprobación en el verano de 1982. A partir de esta fecha, en el plazo de poco más de un año los respectivos parlamentos nacionales ratificarán el acuerdo global, y la adhesión se puede producir en 1984.

Estas previsiones, que irían en línea con lo manifestado por el nuevo presidente de la Comisión, Gaston Thorn, cuando en su reciente toma de posesión manifestó el deseo de que España y Portugal ingresaran en la Comunidad durante su mandato -que expira en enero de 1985-, no coinciden con las precauciones de la patronal española, para quien el principal escollo en la negociación vendría de parte francesa, y no sólo por el aspecto económico de la integración española.

Medios empresariales creen ver en la postura francesa una cierta aversión casi visceral respecto a España, «que vendría determinada por el temor a importar, con ¡a adhesión de nuestro país, el problema autonómico».

A este respecto, medios comunitarios consultados por EL PAIS no parecen decididos a desmentir esta posibilidad -«entre otras razones, porque se trata de un planteamiento individual de un país miembro»-, si bien aseguran que la negociación con España no será nunca «un tema de la exclusiva dependencia francesa», como también temen los referidos medios empresariales españoles.

En este sentido, en la Comunidad se señala a este periódico que en la nueva Comisión la representación francesa ha perdido una cierta presencia en el tema mediterráneo al dejar Cheison la Comisaría de Temas Mediterráneos en beneficio del cristianodemócrata italiano Lorenzo Natali, que de esta manera globaliza la situación de España y Portugal en el contexto de los países mediterráneos.

No obstante, se reconoce que las dificultades galas podrían venir a la hora de que el Parlamento francés tenga que ratificar el acuerdo comunitario con España, «pues entonces podrían renovarse los planteamientos personales de Giscard d'Estaing, aunque en cualquier caso, todo dependerá de la configuración que para entonces tenga la Cámara francesa».

De otra parte, los mismos medios comunitarios señalan que, al margen de actitudes que incluso pueden ser calificadas de electoralistas, «lo cierto es que Francia podría suavizar su postura por la confluencia de intereses económicos con España, dadas las inversiones de capitales procedentes del País Vasco y Cataluña que se están registrando en aquel país».

Esta nueva circunstancia podría influir, de hecho, en la negociación con la Comunidad, al menos en términos bajo mesa, pues como se reconoce en la propia Trinidad, «todo lo que sea acrecentar los intereses comunes contribuye a suavizar las posturas en cualquier confrontación».

Con todo, en medios comunitarios, el mayor obstáculo a la integración española por lo que se refiere al calendario deseado por el Gobierno español se centra en la definición comunitaria de su propia política agraria. Sobre este tema, que sin duda plantea las mayores dificultades para España, los citados medios consideran positiva la elección, ayer mismo, del ministro danés de Agricultura, Paul Dalsager, para sustituir al recientemente fallecido Gundelach.

«La continuidad de la labor que venía desarrollando Gundelach parece que caracterizará el mandato de Dalsager», se señala en medios comunitarios, «aunque la negociación que se llevaba con España puede sufrir algún nuevo retraso burocrático».

Los negociadores españoles, mientras tanto, se mantienen decididos a sostener el calendario establecido para la negociación, aunque admiten que, como el propio Gaston Thorn reconoció en su toma de posesión al frente de la comisión, «es muy optimista». Por lo que se refiere a la postura francesa, la posición oficial española es de ignorar las declaraciones de Giscard d'Estaing cuando se mostró partidario de aplazar nuestra negociación, hasta el extremo de que «no ha habido bloqueo ni obstáculo oficial alguno por parte del Consejo, que es con quien tenemos que negociar, como consecuencia de lo manifestado por Francia, aunque es cierto que el Consejo ha considerado bastante lógica la posición gala, aunque con matizaciones».

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